El tema de la impunidad en términos penales se complementa con el que nadie tiene que responder por las decisiones políticas que se toman. Hay la idea de que mientras no se dé un beneficio pecuniario personal el mal uso del poder no tiene porque ser cuestionado; que el derecho que se recibe con el poder puede ser ejercido sin tener que responder por la manera como se hace o por las consecuencias que produce.
El punto es que para que eso cambie, la condición necesaria y suficiente es cambiar la cultura política que hoy nos rige, basada en la admiración por quienes hacen de la ambición su motor de vida.
Sea la ambición de la riqueza que es la más generalizada y la que más choca y escandaliza; o la ambición del poder, que sufre menos rechazo pero causa más daño en la medida que pretende remplazar la institucionalidad por la voluntad particular; o sea la ambición del éxito, la más humana y menos negativa en cuanto se puede eventualmente canalizar paralelamente a los objetivos de interés general; el hecho es que la actividad política no está motivada por el principio ni la vocación de servicio, ni se sienten los políticos al servicio de unos ideales, sino movidos solo por el propósito egoísta del beneficio y la satisfacción personal.
Por eso, para quienes como guía en los análisis hemos considerado que cuestionar una política no implica —ni sobre todo requiere— cuestionar al que la propone, nos encontramos en la dificultad de no encontrar propuestas para estudiar sino análisis sobre cálculos y consideraciones sobre la forma de ascender en el sector público.
Basta leer los análisis tanto de los resultados electorales como de las cábalas sobre el futuro para constatar que para nada cuentan —si es que existen— las posiciones ideológicas; solo hay ‘movidas’, alianzas o componendas para alcanzar o mantener el poder sin que importe para nada el cómo o el para ofrecer qué.
En cuanto a la ambición de riqueza sobran los ejemplos. Según la cantidad de escándalos difícil parecería excepciones.
Respecto a la ambición del poder, ha permeado tanto esa cultura que casos se dan como el de Horacio Serpa que renuncia a un historial ejemplar para entregarse a artimañas ilegales con tal de preservar el poder, tergiversando la Sentencias del Consejo de Estado para mantener indebidamente un control sobre el Partido Liberal.
La venta de Isagén se lleva a cabo en los periodos de receso
del Consejo de Estado, órgano de control jurídico-administrativo,
y del Congreso, responsable del control político
Más complejo es el caso presente de Isagén donde el gobierno ha pretermitido todas las consideraciones políticas, posiblemente las legales y en todo caso de la ética pública al sacar la licitación en contra de la opinión de prácticamente todos los estamentos interesados —partidos políticos, sector sindical, economistas, etc. —, sin esperar el pronunciamiento sobre las demandas y tutela presentadas ante el Consejo de Estado, y aprovechando los periodos de receso de ese órgano de control jurídico-administrativo, así como el del Congreso como responsable del control político.
Pocos atribuirían al actual ministro de Hacienda el pecado de la ambición. Por eso solo la cultura del abuso del poder —o tal vez de la irresponsabilidad del poder— puede llevarlo a semejante atropello —y riesgo—; esto probablemente se explica (aun cuando debería sorprender todavía más) por el antecedente del problema que él mismo se causó con ocasión de la conciliación con Dragacol.
En la medida que tal actuación no le produjo ninguna consecuencia, él debe sentir que en este caso puede honestamente seguir su convicción sin respetar los otros aspectos que, en la medida que significan abuso de poder, pueden ser y son cuestionados.
Porque el tema de Isagén no es solo el de la legalidad, la cual ya está demandada y pendiente de pronunciamiento judicial. Tampoco es solo el de conveniencia, puesto que al respecto siempre podrán existir puntos de vista u opiniones diferentes. Ni siquiera el del respaldo político o de relación entre los poderes públicos, si se tiene en cuenta el pronunciamiento que han hecho en el Congreso la mayoría de los voceros de los partidos. El punto es que estamos ante una imposición a las malas de algo que no se tramitó en forma ordenada ni transparente, sino por lo que llaman ‘astucia’, o sea la posibilidad de abusar del poder que se ha otorgado, y, en una coyuntura poco clara adelantar lo que no sería posible bajo las reglas normales.
Independientemente de si uno estaba de acuerdo con el pensamiento o las propuestas de uno u otro dirigente o de los políticos de otras épocas, no hay duda que su actividad nacía justamente de sus convicciones, de que su propósito era servir al país. Hoy la ambición y el abuso del poder son la esencia de lo que llaman ‘hacer política’.
