Perdón, tal vez sea uno más de esos incendiarios inadmisibles por lo que voy a decir, pero la verdad es que desde aquí, en la intimidad de estas palabras, quiero reflexionar sobre lo que todos mis litigios han logrado sembrar y es que, en una extraña mezcla en la que vivo, como ciudadano y como abogado, debo reconocerlo, a veces, sentir la cruda realidad o tanta injusticia contra la que lucho, hace que mi ser a veces se sienta cómodo con un pensamiento “embukelesido” con el que, fácilmente se concibe la tranquilidad, el sosiego y la seguridad jurídica cuando se cree que la cárcel es capaz de ministrar justicia.
La crisis en el sistema judicial colombiano es un tema que requiere atención inmediata. Con más abogados que ingenieros, más abogados que policías, más abogados que profesores y médicos, la burocracia y la corrupción, han convertido el formalismo jurídico en una herramienta al servicio de la impunidad.
Los abogados nos convertimos en cazadores de vacíos y errores judiciales causados por el exceso de trabajo de los jueces, nada mejor que un procedimiento judicial mal hecho para que todo sea una discusión anulable o un vencimiento de términos.
La derrota histórica en la lucha contra la violencia de género y el fracaso en la defensa de los niños, con un 70 % de los casos involucrando menores y mujeres indefensas, es un claro indicador de esta crisis.
La insuperable dificultad en el sistema judicial colombiano es mucho más que una discusión sobre el estado de cosa inconstitucional en el que se encuentra desde el año 98 el sistema penitenciario, que, por cierto, se convirtió en la peor universidad para los delincuentes. Solo vean lo que ha pasado con los vergonzosos casos de Carlos Mattos o Emilio Tapias, por citar lo más reciente.
Esta crisis moral y material de la justicia nos plantea, más bien nos grita un cuestionamiento fundamental: ¿necesitamos penas más largas o más perdón?
Esta crisis moral y material de la justicia donde pululan los escándalos nos plantea o más bien nos grita un cuestionamiento fundamental: ¿necesitamos penas más largas o más perdón?
Mientras esa pregunta se resuelve, sus premisas sirven de materia prima al servicio del populismo punitivo en cada escándalo, cuando nos roban, cuando nos abusan, cuando se roban la vida y la educación. Mientras todos sufrimos la impunidad, mientras nos carcome la impotencia y sentimos que la justicia es selectiva, la Procuraduría General de la Nación, esa institución que nos vale billones de pesos del presupuesto nacional, sigue operando sin que nos haya solucionado de forma definitiva si quiera un solo problema de fondo de todos los que tenemos o heredamos, algo que debió pasar con todo lo que nos ha costado.
Esa burocrática institución, no ha demostrado ser efectiva en nada, pues ella solo es un escampadero rentable, no nos digamos mentiras, allá, en el mundo ideal del servicio público, ganan más y trabajan menos que los servidores de la rama judicial, ellos, los de la Procuraduría, son otra clase de Contraloría, pero más vistosa.
Es hora de cambiar este paradigma. La reforma de la Procuraduría es crucial para alcanzar una verdadera reforma de la justicia en Colombia, así de fácil.
Concedámonos soñar, y es que esto que propongo, despojado de la politiquería, me permite plantear que, si la Procuraduría se convirtiera en parte de la rama judicial, se podría aumentar el número de jueces sin aumentar los costos para el país y si la otra parte de la procuraduría se integrara con la fiscalía, se podría fortalecer la persecución del delito.
La justicia que quiere Colombia requiere medidas efectivas para combatir la corrupción y la impunidad, para construir un sistema judicial más justo y eficiente para todos los colombianos, solo debemos acabar la procuraduría y transformarlos en verdaderos operadores judiciales. No nos desgastemos una vez más, en esa bizantina discusión sobre las penas que se deben imponer para que la delincuencia por temor deje de delinquir, lo primero es, acabar con esa fama que tiene la justicia de que cojea para llegar o que solo es para los de ruana.
Se imaginan si cada vez que se formula una demanda en lo civil o una denuncia en lo penal, tuviéramos la certeza de que en menos de seis o diez meses pudiéramos tener una respuesta definitiva. La reforma de la Procuraduría General de la Nación es un paso fundamental hacia este objetivo, pues necesitamos urgentemente más jueces y fiscales.
La mora judicial se convirtió en Colombia en el aliado principal de la impunidad, por eso es por lo que, ningún delincuente teme a la justicia, saben que ella es coja, que es ciega y que, convenientemente, la justicia tiene las manos ocupadas.
Nuestra justicia es un montón de retazos de los sistemas judiciales de sociedades con otras realidades por lo que, consonantemente con la corrupción que campea en el legislativo, todo se presta para que los adelantos de las sociedades avanzadas queden relegados con la delictiva creatividad criolla.
Iniciemos este nuevo intento por alcanzar una reforma a la justicia sin más positivismo por favor, no hagamos una regla de derecho más, sería bueno hacer cumplir lo que ya tenemos escrito y qué tal si erradicamos la Procuraduría General de la Nación y la convertimos en una fuerza real que ayude a evacuar la congestionada justicia de este país.
@Hombre jurista
