El medio siglo de guerra civil no declarada nos deja como saldo muy notorio unas fuerzas armadas que están entre las más grandes de América Latina, e incluso podría decirse que son las más grandes del continente si el tamaño de las mismas se compara con el de la población del respectivo país. Ninguna la sobrepasa en experiencia de combate y han llegado a constituirse en un Estado dentro del Estado. Aparte de su estructura y sus instalaciones militares en sentido estricto cuentan con sus propios sistemas de salud, educación y vivienda, con fondos de pensiones y por si fuera poco cuentan con universidad y con una industria de armamentos nada desdeñable. Son por lo tanto un hecho tan contundente como ineludible de nuestra política y nuestra economía, que debe ser asumido como tal por todos los que deseamos alcanzar por fin una paz duradera. Y que por lo tanto debemos pensar en cuáles son los cambios ahora necesarios para que nuestras fuerzas armadas se conviertan en las fuerzas armadas de la paz y no de la guerra. Lo debemos pensar tanto los civiles como los militares, porque a ambos nos interesa el bien de la patria.
El primer paso en esa dirección debería ser el de someter a debate la tesis del “enemigo interno” que guio a nuestros soldados durante los largos años del conflicto interno y que no se corresponde con la nueva etapa política en la que ingresa el país. Ya no podemos ni queremos seguir considerando enemigos mortales a aquellos colombianos que piensan distinto y tienen intereses distintos de los nuestros. Si el parlamento moderno se inventó hace unos cuantos siglos en Inglaterra fue para conjurar la guerra civil convirtiendo los enfrentamientos a muerte entre facciones antagónicas en debates políticos conducentes a acuerdos y pactos suscritos por quienes si hasta entonces se consideraban enemigos mortales decidieron considerarse pacíficos adversarios. Es la hora del parlamento en Colombia y todos los colombianos, incluidas nuestras fuerzas armadas, deben tomar nota de ello y desterrar la guerra civil como medio de resolver los conflictos de intereses por muy agudos que estos sean.
Este hecho cuenta igualmente para nuestra policía, y en especial para la Esmad, que nunca más deberá tratar a las manifestaciones pacíficas de protesta de la ciudadanía como si fueran acciones beligerantes de unos enemigos mortales. Por lo que debe dejar de ser una aguerrida unidad de combate para convertirse en un cuerpo de policía cuya misión sea la de garantizar y proteger el derecho a la protesta de los ciudadanos.
Otro punto importante es el del monopolio de las armas que por ley corresponde a nuestras Fuerzas Armadas y que ha sido desafiado tanto por los guerrilleros como por los paramilitares. La mayor parte de los movimientos guerrilleros han entregado las armas y es de esperar que el diálogo que el gobierno de Petro va iniciar con el ELN en Chile permita que esta, la más antigua de nuestras guerrillas, también lo haga. Los paramilitares, asimismo. deben desarmarse definitivamente y nuestras fuerzas armadas negarse a apoyarlas o colaborar con ellas bajo ningún pretexto o circunstancia.
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Nos corresponde lograr que EE. UU. reconozca que nuestros intereses nacionales no son idénticos a los suyos y que cuando sean contradictorios no suponga el estallido de un grave conflicto
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El tercer punto se centra en la redefinición del concepto de seguridad nacional. Un concepto elaborado por los Estados Unidos de América que identifica la seguridad nacional con la consecución y aseguramiento de su primacía mundial y que por lo mismo no puede ser adoptado por un país como el nuestro, tan alejado de esas aspiraciones y esas posibilidades. A nosotros lo que nos corresponde en este campo es lograr que los Estados Unidos reconozca que nuestros intereses nacionales no son idénticos a los suyos y que cuando ambos lleguen a ser contradictorios ello no suponga el estallido de un grave conflicto entre nuestras dos naciones.
De hecho, nuestros intereses nacionales han resultado contradictorios con los de Washington en dos asuntos que nos resultan cruciales. El primero, la llamada “guerra contra las drogas”, que al cabo de medio siglo de proclamación por los Estados Unidos aún no ha logrado sus objetivos, tal y como lo demuestra que los carteles ayer pudieron matar a un fiscal del Paraguay en las islas del Rosario y que hoy el cartel del Golfo puede financiar una cacería de policías en Cali al peor estilo de Pablo Escobar. Cualquier comandante termina desacreditado cuando se empeña en seguir arriesgando la vida de sus hombres cuando la batalla está evidentemente perdida. En ese momento se impone un cambio en la estrategia, que en este caso pasa por quitarle al consumo de psicótropos el carácter de problema de orden público y otorgarle el de problema de salud pública, con la consiguiente redefinición del papel de nuestras fuerzas armadas en el mismo.
El segundo asunto es Venezuela. La política de Washington de intromisión en los asuntos internos de dicho país no ha conseguido ninguno de los resultados esperados por la misma, pero en cambio ha emponzoñado nuestras relaciones con ella con grave detrimento de nuestros legítimos intereses nacionales. En 2007 -el año anterior a la decisión del gobierno venezolano de cerrar la frontera debido al apoyo abierto del gobierno colombiano de entonces a las operaciones desestabilizadoras de la oposición extremista- el intercambio bilateral alcanzó la suma de 7.289 millones de dólares y se estima que la prevista reapertura de la frontera común eleve pronto dicha cifra hasta los 10.000 millones de dólares y genere hasta un millón de nuevos empleos. Nuestras fuerzas armadas deben en consecuencia deponer cualquier manifestación de hostilidad hacia el hermano país y disponerse por el contrario colaborar con sus fuerzas armadas en el control de la delincuencia organizada y los grupos paramilitares que operan en la frontera común.
