Mucho se ha dicho sobre la reconfiguración del sector rural con el posacuerdo entre el Gobierno liberal de Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista de las Farc. (Si, así haya caído la Unión Soviética el manifiesto de Marx continúa vigente). Pero son más los mitos que se han tejido respecto a este neurálgico tema de la realidad nacional que las respuestas que ha dado el gobierno sobre el particular.
El punto No.1 de los rechazados acuerdos de La Habana denominado “Reforma Rural
Integral” tenía como eje central la creación de un Fondo de Tierras para promover el acceso progresivo a la tierra a quien no tenga o posea tierra insuficiente, abastecido entre otros por tierras de la Nación (Baldíos), aquellas que provengan de la extinción judicial y de la expropiación por vía administrativa. El compromiso fue de nada más y nada menos 3 millones de hectáreas.
Y si bien el propósito suena loable y pudiese parecer hasta heroico en un país que tiene una deuda histórica con el campo, la realidad de la cuestión agraria, puede ser otra, y se puede generar un nuevo ciclo de violencia a causa de los vacíos e imprecisiones que se están dando debido a la implementación de dicho acuerdo.
Por un lado, están a quienes les preocupa – y con razones de peso – la seguridad jurídica frente a la propiedad privada, ya que el decreto 902 de 2017 expedido por el Presidente Santos, deja la puerta abierta a la expropiación por incumplimiento de la “función social de la tierra” entre otros puntos polémicos, generando incertidumbre sobre el criterio a utilizar para aplicar este tipo de actos administrativos ; y por otro lado quienes exigen desarrollo integral en el sector rural que se han visto abandonados por todos los gobiernos desde la apertura económica.
La experiencia sobre propuestas de reforma agraria en el país, ha sido ambiciosa y en algunos casos peligrosa, insuficiente e ineficaz. Y nunca se ha podido concretar una verdadera propuesta para preparar al país para competir en mercados internacionales salvaguardando la soberanía alimentaria, protegiendo la agricultura familiar, promoviendo las asociaciones entre pequeños y medianos trabajadores agrarios, fortaleciendo la agroindustria e incrementando así el desarrollo en esa otra Colombia.
El reto: debatir un modelo agrario para el país, promoviendo un diálogo sensato entre todos los sectores interesados, dejar a un lado la satanización de la contraparte y olvidar odios que han perdurado durante dos siglos de vida republicana. Por ahora, el balón está en manos del gobierno. ¿Y la cuestión agraria qué?, ¿las 3 millones de hectáreas de donde saldrán? Preguntémosle al Ministro responsable de la aftosa. Amanecerá y veremos.
