Rigoberto Sánchez se levantó en su celda en medio de un charco de su sangre. La sangre le salía a borbotones de su boca. La meningitis bacteriana que había adquirido cabalgaba por su cuerpo. Los guardias del Inpec apostados en el patio 8 de la cárcel del Barne en Cómbita, Boyacá, no escucharon el clamor del guerrillero de las Farc. Completaba ocho de meses de espera de atención médica que había logrado a la fuerza, con una tutela.
Los compañeros de Sánchez protestaron impidiendo el conteo nocturno de los guardas. Era la manera de presionar la atención médica que le evitaría morir desamparado en su celda... Al día siguiente de la protesta, el 2 de noviembre del 2016, fue trasladado al hospital San Rafael de Tunja donde los médicos de la Fiduprevisora, después de una revisión ligera y ordenar unos exámenes cuyos resultados Sánchez desconoció, lo dieron de alta. El Inpec lo encerró de nuevo en su celda.
Quince días después la hemorragia no cesaba. Fue entonces llevado a la enfermería de donde salió con la receta de un par de analgésicos. Sus compañeros de patio optaron por una medida más drástica: declararse en una huelga de hambre que interrumpieron solo con la remisión de Sánchez de nuevo al hospital San Rafael donde murió dos días después. Su agonía solitaria contrastaba con los avances en la negociación de paz lograda por sus comandantes que la darían la libertad que solo acarició en sus sueños.
La historia de Pedro Rosas Pérez, otro guerrillero de las Farc, no es muy distinta. Recluido en el penitenciario de Acacias, Meta, pidió al Inpec, bajo la responsabilidad de la dragoneante Elizabeth Gómez, que lo ayudara ya que enfrentaba sin atención el virus del Sida que avanzaba y le había destruido los pulmones. Lo trasladaron al área de sanidad donde permaneció aislado durante una semana en un calabozo: perdió el habla y el conocimiento producto de la toxoplasmosis generada por la humedad de la celda. La gravedad de Rosas Pérez alarmó a los guardas y se ordenó su trasladó el 28 de enero del 2015 a una clínica en Bogotá. Falleció quince días después, el 14 de febrero.
Hace trece meses Félix González, también guerrillero, fue operado de una hernia inguinal. La mala práctica lo dejó postrado en una cama. El Inpec no ha autorizado, desde hace cuatro meses, una cirugía correctiva por no tener convenio médico vigente.
Su compañero de filas, Carlos Andrés Morales, desde hace tres meses no resiste los alimentos en el estómago provocándose vómito cada vez que come. No digiere nada distinto a la granola y cada vez que se le agudiza la crisis termina en la enfermería, sin solución alguna por delante.
También Jair Vega Oviedo lucha contra la muerte en una camilla desde cuando fue capturado en el 2014 con cinco impactos de fusil en la cabeza, el estómago y las piernas porque después de la cirugía no se le proporcionaron condiciones para su recuperación.
Sánchez Estupiñán murió a pesar de tener una tutela que ordenaba atención médica de caracter urgente
Todos ellos terminaron en la cárcel acusados del delito de rebelión, que desde el 30 de diciembre, cuando entró en vigencia la Ley de amnistía, parte central de los Acuerdos de paz, es indultable.
Son 1.900 guerrilleros de las Farc detenidos en las cárceles de Colombia a la espera de los beneficios acordados y cuya suerte depende en buena parte la presión que logre ejercer la fundación Larga vida a las mariposas. Se trata de una coalición de organizaciones de derechos humanos creada hace seis años y que cuenta con 65 abogados que se ocupan de la situación jurídica de los presos de las Farc. John León, un politólogo de la Universidad Nacional de 26 años, es uno de ellos. Entró al grupo cuando cursaba segundo semestre en el 2010 y supo de la detención en México del profesor Miguel Ángel Beltrán quien después de permanecer cinco años en la cárcel terminó declarado inocente.
John León, se ocupa como todos en el colectivo de abogados de visitar las prisiones del país, evaluar las condiciones de detención y presionar soluciones y desde la aprobación de la Ley de amnistía asegurar prontitud en los indultos. La prioridad de Larga vida a las mariposas es conseguir liberar a los cincuenta enfermos graves, pero su gran propósito es conseguir que un mes no quede un solo preso político, acusado de rebelión, concentrados especialmente en Chiquinquirá, Picota y las cárceles de máxima seguridad del Barne y Montería.
