“Los vamos a acabar uno a uno. Hijueputas guerrilleros, con su hijueputa cuento de la paz, quieren seguir ‘mariquiando’ el país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con su sangre (…) Prepárense para morir”. Así rezaba el primero de los panfletos firmados por las Águilas Negras en los que apareció el nombre de Alberto Yepes, uno de los abogados que conoce más a fondo el dosier de los falsos positivos en Colombia. Una amenaza que, sumada a otros episodios, acaba de empujar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedirle al gobierno colombiano que proteja la vida de este abogado, reconocido por documentar más de seis mil homicidios de civiles cometidos, presuntamente, por militares de todo el país.
En una decisión de nueve páginas, conocida por ¡Pacifista!, la CIDH concluyó que Yepes y su hija se encuentran en una situación de gravedad y que sus vidas están en riesgo. Por eso, le pidió al gobierno que les garantice la vida, que investigue las amenazas y que tome las medidas necesarias para que Yepes pueda “desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
Todo ello, con un agravante: la CIDH dijo que Yepes estaría siendo perseguido por su trabajo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una alianza que agrupa 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, desconocidos habrían orquestado una “retaliación” contra Yepes por los informes que el Observatorio ha publicado “sobre ejecuciones extrajudiciales, en donde se vincula a miembros del crimen organizado y las Fuerzas Armadas”.
La historia de persecución contra Yepes comenzó en 2014, cuando la CCEEU publicó el informe ‘Falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos’. En él, la Coordinación ponía sobre la mesa su arriesgada hipótesis de que militares colombianos formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad de Estados Unidos participaron frecuentemente en el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El documento también levantó ampolla al argumentar que existió una relación entre las ejecuciones y el suministro de asistencia militar por parte de Estados Unidos a determinadas unidades del Ejército.
En septiembre de 2014, un mes después de la publicación, Yepes empezó a ser víctima de amenazas. En un segundo panfleto, las Águilas Negras lo tildaron de guerrillero y anunciaron su descuartizamiento y el de otros defensores de derechos humanos. Pero los hostigamientos no pararon ahí. A mediados del mes, dos hombres abordaron a Yepes y a su asistente en un barrio de Bogotá y les robaron un computador portátil y dos celulares. El caso fue calificado por la CCEEU como un “robo de información”.
La seguidilla de crímenes continuó en octubre, cuando las Águilas Negras volvieron a incluir el nombre del abogado en un panfleto que decía: “Ya va siendo hora de que a los cerdos comunistas que tienen jodido a nuestro país les ayudemos a retirarse de la política (…) Sufrirán un verdadero desplazamiento al más allá”. El asunto pasó del papel a los hechos en 2015, cuando desconocidos intentaron (o consiguieron) entrar a su casa, no lo sabe con exactitud, donde vive con su hija. En diálogo con este portal, Yepes dijo que el forzamiento de puertas y el merodeo de extraños lo llevó a proteger su residencia “con rejas, cercas eléctricas y cámaras: vivo casi en un búnker”.
Según afirma, la persecución tiene dos motivaciones. Dice que, por un lado, los afectados por sus investigaciones buscan desestabilizarlo emocionalmente para que deje de hacer su trabajo, y que, por otro, hay un plan más ambicioso para frenar las intenciones del Observatorio de Derechos Humanos, que pretende aportar información a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad pactadas en La Habana, sobre todo en casos en los que podrían estar involucrados integrantes de la Fuerza Pública.
Fue por esos y otros hechos que la CCEEU y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudieron a la CIDH. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana le pidió respuestas al gobierno frente a las graves denuncias de persecución formuladas por ambas organizaciones, que, además, argumentaron que la Unidad Nacional de Protección no estaba tomando medidas suficientes para garantizar la vida de uno de los denunciantes de los falsos positivos, el escándalo que sacudió a la cúpula del Ejército en 2008, cuando transcurría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.
Ante los cuestionamientos, el gobierno le contestó a la CIDH que conocía el riesgo que corría el abogado y que le había asignado un carro sin blindaje, un conductor, un escolta y un chaleco antibalas. Más tarde, la UNP reconoció que el nivel de riesgo de Yepes era “extraordinario” y le asignó un vehículo blindado. El tamaño del esquema contrasta con el de funcionarios como el expresidente y senador Álvaro Uribe, que en 2014 contaba con cerca de 65 escoltas y 12 camionetas blindadas.
Pese a ello, y tal como lo han hecho otros defensores con esquemas de protección, Yepes se quejó de las medidas y dijo que ni el carro ni el escolta, ni el conductor, tenían autorización para desplazarse fuera de Bogotá, que el combustible era insuficiente y que el vehículo estaba en condiciones “deplorables”. La disputa pasó a mayores en junio de 2016, cuando la UNP redujo el esquema quitándole el vehículo, el conductor, y dejándolo al amparo de un solo hombre armado, lo que llevó a ese defensor a renunciar a las medidas argumentando que “un escolta armado lo ponía en mayor riesgo”, según consta en la decisión de la Comisión.
Por ahora, y días antes de la decisión de la CIDH, la UNP le asignó a Yepes un esquema de protección completo que consta de camioneta blindada, chaleco y dos hombres armados. En abril próximo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con Yepes para discutir otras posibles medidas de protección, para él y su hija, y el avance de las investigaciones por las amenazas y robos que continúan en la impunidad. El caso demuestra que, aún en tiempos de paz, defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.
Por: María Flórez - Pacifista.co*
