Ahora que el Gobierno Nacional se ha tomado en serio la crítica situación del sector rural colombiano y está comprometido en atender los resultados de la Misión que ha creado para este fin, es necesario identificar dónde han estado las barreras críticas que han debilitado la institucionalidad rural. Nada se sacaría con el esfuerzo que se está haciendo —tratando de reunir opiniones de distintas tendencias y estudios sobre los diversos aspectos de la actividad del campo—, si todo el esfuerzo termina en manos de esta clase politiquera que desde hace décadas se ha adueñado del Ministerio de Agricultura y de sus entidades.
Esta afirmación no es un juicio de valor: basta con entender y analizar lo que ha sucedido recientemente con tres de la entidades claves del sector gubernamental en este campo: el Banco Agrario, el ICA, y lo que aún no se conoce pero que también puede suceder con el Incoder. La razón es que estas tres instituciones se les han entregado a políticos que en los dos primeros casos, Banco Agrario e ICA, han generado todo tipo de dificultades. Son banderas rojas que demuestran la forma como la politiquería se viene adueñando de la estrategia para el campo en instituciones claves.
Lo que viene sucediendo en el sector gubernamental es ya del conocimiento público. Es más, no es la primera vez que sucede y en casos anteriores el rechazo a estas intervenciones ha ocasionado la salida del ministro de Agricultura del momento. Y las razones se repiten en esta ocasión: en el Banco Agrario se nombró una persona sin experiencia, un sobrino político del senador Roberto Gerlein, y además, al poco tiempo de su nombramiento, este banco le dio un préstamo de $1.500 millones al hermano del senador. Por fortuna, ya lo sacaron del Banco.
Por otro lado, el ICA —institución eminentemente técnica y crítica para el manejo de los Tratados de Libre Comercio—, se le asignó al senador Efraín Cepeda, y gracias a su clientelismo, se ha armado un problema de la Madona. En este caso, no es solo que se lleva a esta entidad gente que desconoce lo que es el ICA, sino que se están dando pasos de animal grande para llenarlo de lo que tienen los políticos: abogados e ingenieros que no cumplen con los requisitos actuales para llenar las posiciones directivas de esta entidad.
Todavía no ha estallado ningún escándalo en el Incoder, en manos del senador huilense Hernán Andrade, pero valdría la pena entender por qué se están gastando recursos para reorganizarlo cuando se está discutiendo en el gobierno cuál debería ser su rol y su futuro. El gerente, impuesto por Andrade, está desconectado de lo que se está discutiendo en el seno del gobierno central.
Conclusión: la cruz de ahora —y para ser justos, de siempre– del sector rural, ha sido el ser considerado el botín más apetecido por los políticos cuyo afán es nombrar seguidores así no tengan la menor idea de lo que deben hacer. Puede que haya excepciones importantes, pero la regla es la señalada. Y si eso no cambia, ¿para qué se gastan recursos, tiempo y conocimiento de expertos, tanto del gobierno como de la academia, en algo que se desbaratará cuando vuelva a ser un foco de clientelismo?
O se respeta el nivel profesional de los técnicos en entidades del sector rural, que exigen un alto nivel de conocimiento, o todos estos esfuerzos que se están haciendo para encontrarle un norte nuevo se quedarán en textos archivados en los anaqueles de Planeación Nacional.
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