La dignidad humana es tal vez uno de los derechos fundamentales de mayor impacto en la historia contemporánea. Su logro no solo acarreó luchas interminables entre clases bajas y nobles, sino que a su vez se convirtió en una insignia de gran valor en la naturaleza del hombre.
De esta manera, es evidente que la dignidad humana es un derecho que debe ser preservado por el Estado y los particulares. Por ende, se deben evitar conductas que lesionen el mandato constitucional que lo dispone con el fin de que el ciudadano pueda acceder a un mínimo vital, un trabajo digno y a una alimentación saludable y balanceada.
No obstante, a pesar de que la carta política y la jurisprudencia (decisiones reiteradas) de la Corte Constitucional han determinado en qué ocasiones se presenta la vulneración del citado derecho, el Estado aún se encuentra muy lejos de materializar su efectivo cumplimiento.
Esta circunstancia evidentemente nos hace menos competitivos con los países del primer mundo, en donde ciertas ocasiones el Estado no solo garantiza en su carta magna un capítulo de derechos fundamentales, sino que a su vez los materializa de manera tal que pareciera que los pobres de allá son la clase media de acá.
Sin embargo, es prudente señalar que los países del primer mundo son viables y competitivos por la sola circunstancia de que tienen un índice de corrupción muy inferior al que se maneja en Colombia, lo cual permite invertir grandes recursos en el desarrollo de su comunidad, con el fin de que sus ciudadanos tengan las herramientas suficientes para sobrevivir y progresar en su sistema económico.
Ahora bien, nuestro país por desgracia no es viable por sus altos índices de corrupción, circunstancia que se ha generado no por culpa de los políticos que nos dirigen, sino por la complacencia y complicidad de los votantes que los eligen.
Lamentablemente, es común escuchar en las calles, los taxis e incluso en las aulas universitarias que nuestros dirigentes son buenos cuando a pesar de robar efectúan grandes obras por la comunidad.
La citada cita es una desgracia, toda vez que los recursos que se roban nuestros políticos son dineros que pueden ser usados para aliviar las condiciones de pobreza de los estratos bajos: brindarles acceso a la salud y a la educación de los colombianos, y apaciguar el hambre de ciertas comunidades en la periferia del país, que hoy mueren de sed y hambre (circunstancia que afecta su dignidad humana).
Es lamentable tener la experiencia de ir en ocasiones al centro de Bogotá y ver cómo los indigentes buscan en la basura comida para saciar su estómago o, peor aún, ver niños en la Guajira con altos niveles de desnutrición por cuenta de la corrupción que a veces golpea las zonas alejadas de nuestro país.
El hambre es una circunstancia que no es deseable a ningún ser humano, independiente de la nacionalidad que posea. Por ello se deben buscar esfuerzos que permitan conjurar este tipo de situaciones y que a su vez permitan al ciudadano gozar de sus derechos fundamentales, los cuales sin ninguna duda le permitiría surgir dentro de este país y conquistar las metas que se proponga, tanto así que en algún momento deje de ser dependiente de la ayuda estatal.
Sin embargo, nos corresponde como ciudadanos elegir con criterio suficiente personas cuya ambición no sea otra que servir a la república y no a sus propios intereses. Por ello en octubre antes de marcar el tarjetón no piense solo en su beneficio personal o en su ideología política, piense en que el candidato que usted elija aportará un granito de arena para acabar con la corrupción, que causa la desnutrición de los niños en La Guajira y la desprotección de los demás derechos fundamentales.
