Siete años después de que el joven Sergio Urrego se lanzara del último piso del Centro Comercial Titán Plaza su novio, Danilo Pinzón, ha hablado. El pasado martes 20 de abril se presentó, junto con su padre, ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá como testigo de la Fiscalía General en el juicio que se adelanta contra Amanda Azucena Castillo, la exrectora del Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo, plantel educativo donde Sergio y Danilo cursaban su ultimo año de bachillerato en el 2014. Sus declaración fueron implacables: la rectora del colegio se ensañó con el caso de Sergio Urrego, en el que no escatimó mentiras ni mañas para acosar y desprestigiar al joven alumno y a su familia.
En primer lugar, Danilo Pinzón, hoy de 23 años, aseguró que su relación con Urrego era consensuada y que sus padres fueron obligados a señalar a Sergio, su exnovio, de abusador como una exigencia de la rectora Amanda Azucena Castillo, para que él se pudiera graduar de ese colegio. La rectora habría obligado a los padres de Danilo a radicar derechos de petición en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una comisaría de familia y tres entidades más, para denunciar falsamente a Urrego por acoso sexual, amenazándolos con que, si ese documento no tenía los sellos de radicado de las instituciones indicadas, Danilo Pinzón no podría seguir estudiando y tampoco graduarse del colegio que ella presidía.
“Jamás les dije a mis padres que fui víctima de acoso sexual, por parte de Sergio Urrego o alguien más y jamás presenté alguna prueba sobre esos hechos. Las palabras de acoso sexual vinieron a entrar al panorama, tiempo después en un derecho de petición que fue entregado por la rectora a mis padres para que ellos, radicaran y poder continuar con mi proceso de escolarización”, sostuvo Danilo.
Esta declaración corrobora lo que, por muchos años Alba Reyes, madre de Sergio, ha manifestado ante la justicia y diferentes medios de comunicación, y es que Castillo orquestó un plan para discriminar a su hijo Sergio, un joven estudiante más, lleno de sueños, desesperado por graduarse, que tenía planes de viajar a Australia de intercambio para luego estudiar ingeniería ambiental. Su padre, Robert Urrego, ha dicho más de una vez con voz entrecortada que su hijo se suicidó como un grito de protesta.
Un año después del suicidio de Urrego, Amanda Azucena fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria por un juez de garantías, y al no aceptar cargo de discriminación, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas, empezó un juicio que hasta el día de hoy sigue vigente. Foto: Fiscalía
Mucha agua ha pasado por el puente desde el fatídico día. Antes de que Sergio tomará la decisión de quitarse la vida lanzándose al vacío desde la terraza del Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá el pasado 4 de agosto del 2014, este pasó más de una noche escribiendo cartas para tratar de explicarle sus razones a su madre y amigos.
Entre sus letras, el estudiante de once grado dejó en claro que no aguantaba más la homofobia en su colegio, sobretodo la que venía por parte de la rectora Correa y otros funcionarios del Gimnasio Castillo Campestre en Tenjo, a los que se habría referido en un texto que se extendió por 90 renglones aproximadamente.
Su caso estremeció al país: Urrego era un alumno de buen desempeño académico y disciplinado, con buena ortografía y era conocido por ser un lector empedernido. Tras la publicación de los resultados del examen nacional ICFES, realizado un día antes de suicidarse, se supo que obtuvo el décimo mejor puntaje a nivel nacional. Pero eran pocos los profesores que lo querían.
Sergio era homosexual y contestatario ante la autoridad colegial, a la que le guardaba mucho rencor. Después de todo, fue un profesor quien lo sacó del closet tras exponer a sus padres y directivos del colegio una foto suya besando a su novio, Danilo Esteban, con quien mantenía una relación sentimental, aunque no públicamente previendo precisamente actos de discriminación en un colegio de valores abiertamente tradicionales.
Fue el 12 de junio del 2014 cuando Sergio y Danilo fueron citados a la oficina de la psicóloga del colegio, Ivón Andrea Cheque Acosta quien, junto a la coordinadora de turno y cuatro docentes más, les notificaron que tenían una semana para hablar de su relación íntima con sus padres puesto que, según la normativa institucional, estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y, en ese sentido, su relación representaba una falta grave de la que sus padres debían enterarse. No hubo espacio para el dialogo, la orden venía desde rectoría.
Una amiga de clase recuerda lo preocupados y temerosos que estaban los estudiantes al verse obligados a hacer algo de lo que no se sentían todavía listos psicológicamente. Sergio se llenó de valor. Primero le contó a su papá, a quien le tenía una profunda confianza, y luego a su mamá. Los dos lo respaldaron y le recordaron que más allá de sus preferencias sexuales él era su hijo y lo iban a apoyar. El escenario fue radicalmente distinto para su novio Danilo: sus padres se escandalizaron, lo aislaron y lo retiraron de clases.
A esas alturas, ya el escándalo de la foto era tan grande que fue tema tocado en todos los salones de clases en el colegio y la intimidad de Sergio y Danilo era una enorme fuente de chismes entre los 600 estudiantes del Castillo Campestre. Su vida se tornaba color infierno, pero lo peor estaba por venir.
El 20 de junio, la rectora Amanda Azucena Castillo citó a los padres de Sergio al colegio. Alba Lucia Reyes, su madre, asistió sola pues su marido se encontraba laborando. La rectora Azucena, al ver la ausencia del padre de Sergio, sentenció que su hijo no podía entrar a clases hasta después de vacaciones cuando se diera la reunión con él presente. “¿Está violando mi derecho a la educación?”, le preguntó Sergio, y ella respondió desafiante que sí delante de su madre.
El 1° de julio, Sergio Urrego acompañó a su mamá Alba Reyes a radicar una queja ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca en contra del colegio denunciando varios supuestos cobros arbitrarios en el colegio y la discriminación que tuvo con su hijo por su preferencia sexual. Esto fue interpretada como una declaración de guerra por parte de los directivos del colegio, en cabeza de la rectora Amanda Azucena Castillo.
Sergio Urrego (centro) junto con su madre, Alba Lucia (izquierda) y su abuela Ruth (derecha). Foto: Vía Facebook
Semanas después de radicada la queja contra el colegio, el sábado 12 de julio del 2014, en lo que sería la última reunión entre los directivos del colegio y los padres de Sergio, la rectora Amanda Azucena les notificaba con satisfacción que los padres de Danilo (el novio de Sergio) habían decidido denunciar a Urrego por acoso sexual contra su hijo. En cuestión de segundos, lo que era una pesadilla mediática se convirtió en una grave acusación con implicaciones penales. A los padres de Sergio no les quedó de otra que sacarlo del colegio, faltando pocos meses para recibir su cartón de grado. Sergio estaba devastado.
Pero el contrataque de Azucena no terminaba ahí: el colegio también denunciaba a la madre de Sergio, Alba Lucía, por abandono de hogar, ya que para ese entonces ella supuestamente residía en Cali. Un nuevo proceso al que se tendría que enfrentar la familia ante los estrados judiciales. La presión se volvía cada vez más insoportable. En la Clínica el Country todavía recuerdan como, por esos días, Urrego de 16 años, tuvo que ingresar por urgencias en medio de una crisis nerviosa en la que gritaba que se quería morir.
“Esta carta se ha escrito con el fin de esclarecer ciertos datos acerca de la denuncia de acoso sexual que han puesto los padres de mi expareja. Lo hago de manera escrita debido al suicidio que he cometido y porque no quiero que los 16 años de vida que tuve se hallen con una oscura mancha llena de mentiras” se lee en una de las cartas que el joven dejó puesta en su cama.
El 4 de agosto de 2014, Sergio dejó su cena servida en la mesa. Se bañó a las 7:00 p.m, le mostró el uniforme de su nuevo colegio a la persona que cuidaba a su abuela y salió de la casa para no volver. Llegó al centro comercial Titán Plaza y tras cruzar varios mensajes de despedida con amigos se lanzó de la terraza. Falleció tres horas después en la Clínica Shaio de muerte cerebral. Ese mismo día, su madre encontraría las cartas que su hijo dejó.
A su funeral, realizado 4 días después, asistieron 40 de los 42 estudiantes de 11° grado del Gimnasio Castillo Campestre. El martes 26 de agosto, a dichos estudiantes los citaron a una reunión en el colegio. La psicóloga les pidió que fueran discretos con el suicidio de Sergio, mientras la rectora Castillo les dijo que como no habían pedido permiso para ir al velorio, tenían que reponer el día el próximo sábado. En la reunión nunca escucharon que la rectora lamentara la muerte de Sergio, pero sí que se refirió a él como “anarco”, ateo y homosexual.
“Mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso”, escribió Sergio en su muro de Facebook antes de quitarse la vida.
En 2015, la Corte Constitucional estableció que sí hubo discriminación en el caso, sentando un precedente importante en el país que abrió un gran debate alrededor de las políticas de los colegios para prevenir la homofobia y garantizar los derechos de estos jóvenes en los ambientes escolares.
Ivonne Cheque y Rosalía Ramírez, psicóloga y veedora del colegio, fueron condenadas por el delito de discriminación; primera sentencia de este tipo en Colombia. Cheque fue condenada a 35 meses de prisión y el pago de 8,5 salarios mínimos por aceptar los cargos de discriminación agravada y falsa denuncia; pero por el bajo monto de la pena, la mujer está libre. La veedora Ramírez paga 27 meses de prisión y 72 millones de pesos por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento de elementos materiales probatorios.
La defensa de la rectora Amanda Azucena Castillo logró dilatar el proceso buscando vencimiento de términos. De hecho, en 2020 logró prescripción penal por el delito de discriminación agravada, es decir que ya no tendrá que responder por este. Sin embargo, la rectora es aún procesada por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y falsa denuncia.
Alba Reyes hoy dirige la Fundación Sergio Urrego, desde la cual se trabaja en la prevención de la discriminación y el suicidio motivado por discriminación en todos los ámbitos académicos. Foto: Fundación Sergio Urrego
