Más de doce mil niños del municipio de Pasto se encuentran recibiendo sus clases en condiciones críticas y lamentables, algunos, como es el caso de los niños de El Socorro, lo hacen a la intemperie. Para los niños y adolescentes de la Institución Educativa Municipal Chambú, como muchas otras, el asunto no es menos dramático por la sencilla razón que diariamente deben desplazarse hacia otros sectores de la ciudad desde tempranas horas de la mañana. La razón es paradójica y hasta no deja de ser irónica; gran parte de su infraestructura fue demolida con el fin de mejorarla y ampliarla. Pero se atravesó en el camino un hecho que para ninguno de los actores del sector educativo de nuestro municipio fue previsto, las dos empresas ganadoras de la licitación, una española y otra portuguesa se cargaron con el santo y con la limosna, es decir dejaron abandonadas las obras aduciendo razones que hasta el momento no son claras.
En diálogo directo con el jefe de planeación de la secretaría de educación municipal, arquitecto Germán Andrés Coral, se nos permite conocer algunos detalles de la situación por la que atraviesan veinte instituciones educativas de nuestro municipio, afectadas por la suspensión de obras y, en algunos casos, por la demolición total de las ya existentes. Según sus declaraciones el asunto inicia en el año 2015 cuando el Ministerio de Educación Nacional, entonces en cabeza de la ministra Ginna Parody, realiza una convocatoria para postular predios y así brindar una oportunidad a las instituciones educativas que requieren intervención debido al deterioro de sus plantas físicas.
La contratación se realiza ateniéndose a lo estipulado en la ley 21 de 1982, se postulan 48 predios y después de un proceso de selección quedan habilitadas 25 solicitudes. La operación de ocho proyectos la realiza Findeter y el resto, es decir 17, lo hace el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE). Las obras arrancan en el año 2017. Hasta el momento únicamente se han entregado tres de los proyectos y en los restantes se presenta incumplimiento por parte del contratista, la empresa Rubau Construcciones, una firma española. Prácticamente “ocho proyectos de esta primera fase se quedan en el aire”, alcanzándose apenas un 25% de avance en las obras. Para complicar las cosas en el año 2018 comienzan a sentirse los incumplimientos y Findeter inicia un proceso jurídico en el que la secretaría de educación municipal de Pasto hace presencia dando a conocer la gravedad de los hechos.
Igualmente conocimos a través de este diálogo que la FFIE adjudica a un solo contratista, la empresa constructora Mota Engil, de Portugal, 17 proyectos para el sector educativo en nuestro municipio. El incumplimiento es tan notoria que a los pocos meses de iniciadas y suspendidas las obras, en los meses de marzo y abril, se lanza una voz de alerta. Las obras apenas avanzan entre un 2% y un 3% mensual, es decir que prácticamente es nulo lo intervenido o actuado en las obras de infraestructura por parte de esta firma portuguesa. Ante este evidente incumplimiento se busca una liberación de los proyectos. El problema se hace evidente en otras regiones del departamento de Nariño, donde se vive prácticamente la misma situación de abandono y suspensión de obras en varios centros educativos y su consecuente malestar entre la población estudiantil. De acuerdo a las declaraciones del jefe de planeación de la SEM “Los recursos están salvaguardados en una fiducia entre la nación y el municipio”. Cada proyecto tiene sus particularidades y especificidades lo que dificulta una acción judicial grupal. Por su parte el FFIE se compromete a asignar nuevos contratistas para los nuevos proyectos, bien sabemos que estos procedimientos además de largos resultan onerosos y rodeados de dilatados y sinuosos trámites burocráticos.
El costo de los proyectos y la gravedad de lo denunciado habla por sí solo; los primeros ocho proyectos, entregados a una firma española, alcanzan la cifra de doce mil seiscientos sesenta y cinco mil millones de pesos ($ 12.655.000.000) y los 17 proyectos restantes, iniciados y suspendidos, la nada despreciable cifra de cincuenta y nueve mil millones de pesos (59.000.000.000). El Municipio de Pasto, por su parte, destina la suma de veinticinco mil ciento treinta millones de pesos ($ 25.130.000.000) como una contrapartida exigida por la ley.
La falta de una verdadera interventoría municipal, de una veeduría ciudadana, del ocultamiento de información y de minimización de las afectaciones por parte de la secretaría de educación municipal y de la administración municipal, sumen a más de doce mil estudiantes, infantes, niños y adolescentes, en una verdadera crisis educativa. Los padres de familia deben desplazarse con sus niños a otras instituciones educativas de nuestra ciudad, el municipio de Pasto para tratar de subsanar los errores cometidos debe asumir costos de transporte y alimentos escolares, arrendamiento de locales y salones comunales donde los niños reciben sus clases diarias. Hasta el momento no se ha escuchado el pronunciamiento de rectores y administrativos. Pero lo más grave es que esta problemática, así se diga lo contrario, parece tener mayores implicaciones que las planteadas y la gran dimensión social muy pronto dejará sentir sus efectos. No entendemos cómo se adjudican contratos de tanto valor y de tantas implicaciones a empresas constructoras foráneas, de España y Portugal, sin que se hagan las advertencias del caso. Mucho menos que se demuela por completo la infraestructura de muchas instituciones educativas sin un verdadero plan de contingencia municipal, que nuestros niños y adolescentes deban desplazarse a sitios lejanos, recibir sus clases en condiciones no aptas y en lugares no acondicionados para tal fin. Es doloroso verlos a la intemperie, expuestos al frío y a la inclemencia del tiempo como lo manifestó un concejal de nuestro municipio en una charla informal.
No quisiéramos ser aves de mal agüero, pero casi que podríamos afirmar que, como van las cosas, esa platica se perdió o será de difícil recuperación. Mientras tanto nuestros niños y adolescentes deberán sufrir la consecuencia de una serie de errores administrativos y los padres y madres de familia tendrán que soportar con estoicismo el desplazamiento diario hacia otros sectores diferentes al sitio donde habitan.
No se sabe quién responderá por estas anomalías, quien deberá asumir en un futuro la responsabilidad y solución de esta problemática y, sobre todo, cuándo se resolverá satisfactoria y definitivamente. No hay duda que atravesamos una verdadera crisis educativa así lo quieran ocultar las autoridades educativas de nuestro municipio o el mismo alcalde municipal que no ha sido claro en brindar la información oportuna y precisa. Esperamos un pronunciamiento al respecto.
