La situación de déficit financiero por la que hoy atraviesa la Universidad de La Guajira, es el fiel reflejo de la aplicación de las políticas de recorte del gasto público y de la privatización de la educación pública que desde la década de los 90 del siglo pasado y por recomendación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vienen implementando los sucesivos Gobiernos Nacionales y que hoy Santos lleva a profundidad, dichas políticas se han constituido en un atentado al derecho de la educación pública y de calidad.
La manera como los recursos de la educación pública para los departamentos, como es el caso de La Guajira, lo encontramos en el Acto Legislativo 01 de 2001 que determinó que el monto de transferencias giradas a los departamentos y municipios debía separarse de los Ingresos Corrientes de la Nación y ajustarse, a partir del 2002, de acuerdo con la inflación causada y el comportamiento general de la economía. Esta modificación significo una disminución en términos porcentuales con relación al PIB de las transferencias del 4.8% al 3.8%, para el periodo entre 2002 a 2012.
Adicional a lo anterior, el Acto Legislativo 01 que tenía un carácter transitorio, su vigencia fue extendida hasta el año 2016 con la expedición del Acto Legislativo 04 de 2007. Esto significo que las transferencias a los departamentos comparadas con los ingresos corrientes de la nación disminuyeran del 40% en el 2002 al 28% en el 2012.
Por otro lado, la implantación del modelo extractivista minero energético, ha significado la quiebra del aparato productivo de departamento, sectores económicos como los agrarios, comercial e industrial que en las décadas de los 70 y 80s del siglo XX que llegaron a ocupar el 80% del PIB departamental hoy solo llegan al 7%. Esta situación de quiebra económica, ha conllevado a que el departamento este perdiendo la capacidad de generar sus propios ingresos. Que ello, es así, nos lo indica la poca capacidad de recaudo en el 2014, por ejemplo, los impuestos de vehículos y automotores fue del 8%; licores 169%; el de registro y anotación del 1%; estampilla 13% otros 20%; el impuesto al consumo -9%; cerveza -19%; cigarrillos y tabaco -16%; sobre tasa a la gasolina -17%.
Con el cambio del régimen de regalías, por parte del presidente Santos, las regalías directas que eran los recursos que percibían los departamentos y municipios productores disminuyeron del 85% al 9,3%, Este cambio, para La Guajira, ha significado un duro golpe, ya que por ejemplo, las regalías del carbón pasaron de $396.121 millones en el 2011 a $123.727 en 2012, es decir una reducción porcentual del 68,8%.
La Ordenanza 2014 del 2007, financiada en un 85% con recursos de regalías y que contempla subsidios y becas a la educación superior y el ciclo complementario de normalista superior, a todos los bachilleres que hayan cursado el último año lectivo en una institución educativa pública o privada del Departamento, así mismo, son beneficiarios de esta ordenanza los estudiantes indígenas de las Universidades públicas o privadas no asentadas en el Departamento de la Guajira. Con el recorte de las regalías queda desfinanciada esta ordenanza, lo que significa que el gobierno de Santos puso al borde de la privatización a la Universidad de La Guajira, afectando alrededor de 14.773 estudiantes en su gran mayoría de los estratos 1 y 2.
En un departamento que las políticas neoliberales le quebraron su aparato productivo, donde el 60% de los guajiros gana menos de $ 200 mil pesos mensuales y el 87,7% de los empleos son informales, plantear la privatización de la universidad como lo pretende el Gobierno del presidente Santos por intermedio de un proyecto de créditos para los estudiantes con el ICETEX y el programa ser pilo paga, es un asalto al derecho a la educación pública y que esta educación esté al servicio de todos los sectores sociales sin distinción.
Los estudiantes hacemos un llamado a toda la sociedad civil del pueblo de la Guajira y al pueblo colombiano a que se solidarice con la justa lucha que hoy damos los estudiantes para garantizar nuestro derecho a la educación pública, de calidad y con lo más avanzado de la ciencia y la tecnología pero sobre todo que sea para todo los sectores sociales de la sociedad sin distinción.
