En pocos días conoceremos el nombre del rector de la Universidad del Tolima durante los próximos tres años luego de un proceso de elección que se desarrolla en medio de una crisis institucional con muchos precedentes y la incertidumbre que produce la posibilidad de que se repitan los mismos vicios y prácticas que vienen desde hace más de 20 años.
José Herman Muñoz Ñungo ostenta el cargo actualmente, es un catedrático destacado, fue elegido en el año 2012, entre cuatro candidatos, y aspira a la reelección. Desde su posesión fijó metas claras como la modernización de los diferentes espacios de la universidad, el mejoramiento de la calidad académica y la recuperación de la gobernabilidad a través del dialogo con todas las partes.
Luego de tres años al frente de la rectoría varios problemas académicos, financieros y administrativos no favorecen su gestión, estos se ven reflejados en hechos tan preocupantes como el aumento considerable de la nómina administrativa que de seguir su tendencia al alza pronto va superar el costo de la planta docente, desconociendo de manera tajante los estudios existentes que señalan que la contratación no debe superar los 600 funcionarios cuando en la actualidad laboran más de 1.400. A lo anterior se suma la ineficacia en el cobro de la eterna deuda a la Gobernación del departamento, los cuestionamientos a los procesos de contratación, el aumento de la oferta del IDEAD a nivel nacional sin los debidos controles y un plan de austeridad que desnudo ciertos excesos de funcionarios que van en contravía de la lógica económica de una institución de naturaleza académica, entre otros cuestionamientos.
A diferencia de José Herman Muñoz, quien desde un inicio manifestó a los medios las metas a cumplir durante su administración, Jesús Ramón Rivera Bulla -elegido por primea vez en el año 2000- fue duramente criticado al manifestar que carecía de un plan para dirigir la universidad y lo demostró con suficiencia durante cada una de sus actuaciones que conllevaron a que las organizaciones sindicales en un inicio pusieran en duda su idoneidad y la de sus colaboradores más cercanos para desempeñar el cargo. Rivera Bulla estuvo en la rectoría de la universidad durante 11 años y diez meses, luego de hacerse reelegir en tres oportunidades renunció en enero de 2012 ante la presión ejercida por la constituyente universitaria creada en 2011 y después de tener que afrontar procesos disciplinarios, fiscales y penales.
Los hechos más relevantes que motivaron su salida tienen que ver con presuntos manejos indebidos de recursos, clientelismo, desidia administrativa, investigaciones por delitos como falsedad ideológica e interés indebido en celebración de contratos, celebración indebida de contratos, contratos sin el lleno de los requisitos legales y revisiones llevadas a cabo por la DIAN que establecieron que algunas compañías nacionales y multinacionales obtuvieron multimillonarias exenciones tributarias gracias a la donación de unos terrenos a la Universidad en el municipio de Villarrica a los que se les inflo el avaluó con el propósito de recibir mayores beneficios. Cabe destacar que el señor German Rubio –actual candidato a la rectoría- durante algún periodo de Jesús Ramón Rivera siendo director del IDEAD fue cuestionado debido a que su hijo y su cuñada trabajaban en diferentes dependencias de la universidad en lo que eran prácticas comunes por aquella época: El nepotismo y el clientelismo.
Antes de la elección del año 2000, y las posteriores reelecciones de Jesús Ramón Rivera, Israel Lozano Martínez ocupó el cargo en el periodo 1997-2000, durante este tiempo los escándalos por nepotismo y corrupción no se hicieron esperar, el profesor Armando Garrido fue acusado de informar a los medios locales acerca de la supuesta comisión de estos hechos por parte del rector quien después intento desvirtuar tales acusaciones ante el consejo superior a través de varios documentos.
Israel Lozano Martínez llegó a ocupar la rectoría de la universidad luego de que el consejo superior solicitara la renuncia del entonces rector Edgar Machado, quien a su vez reemplazó en 1993 a Alberto Londoño, quien también renuncio en su momento.
La renuncia de Machado fue solicitada por el concejo superior motivada por el aumento de los gastos, el descuido de la calidad académica y un déficit presupuestal de más de 2.000 millones de pesos para 1996, este hecho desencadeno reacciones diversas y divisiones al interior de la universidad al igual que una huelga de hambre que inicio el 3 de marzo de 1997 por parte de 11 estudiantes en oposición a dicha determinación y quienes junto a un nutrido grupo de profesores veían en Edgar Machado una esperanza para la universidad que atravesaba por épocas difíciles.
Desde que la constitución política de 1991 reglamentó la elección popular de gobernadores, y estos pasaron a presidir los concejos superiores de las universidades públicas, las prácticas políticas tradicionales permearon la educación superior y la sumieron en una profunda crisis. A lo largo y ancho del país estas instituciones sirven para el pago de favores políticos a través del clientelismo y la burocracia innecesaria y acomodan los procesos de contratación a los intereses de unos pocos descuidando la calidad académica y la eficiencia administrativa.
Tal vez sea el momento de revisar los procesos de elección para dar paso a una democracia que ofrezca garantías a la comunidad universitaria y asegure que la persona elegida contribuya de manera real, práctica y eficiente al crecimiento y desarrollo de la institución de educación superior más importante del departamento del Tolima.
