La convención sobre los derechos del niño establece que éstos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. El artículo 44 de la Constitución Política de 1991 señala con toda claridad cuáles son esos derechos fundamentales. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Pero contrario a lo que establece la Carta Magna a los niños, niñas y jóvenes del departamento de La Guajira se le viene violentando el derecho a recibir una educación oportuna, digna y de calidad. La educación pública en este departamento arrastra tras de sí el pesado fardo de la política privatizadora y las consecuencias funestas que trae consigo; la tercerización en la vinculación laboral del docente, la contratación en el servicio del transporte y los comedores escolares. Una política educativa diseñada para contrarrestar la exclusión de los niños y jóvenes del sistema escolar, lejos de eso, le entrega la responsabilidad y los recursos a los particulares generando una crisis sin precedentes en la historia de la educación pública en La Guajira.
En 2014 la toma de carreteras, el cierre de vías, el bloqueo de la línea férrea del Cerrejón hasta por 48 horas fue una constante. Las uniones temporales Wayuu Painwashi, Yanama, Ayatali fueron cuestionadas severamente por la falta del cumplimiento en el pago oportuno a los docentes vinculados por contratación. La troncal del Caribe fue testigo de los bloqueos por parte de los estudiantes (Mingueo, Dibulla, Punta de los Remedios) por la falta del transporte escolar. Este mismo escenario se vivió en los 15 municipios del departamento.
El año 2015 inicia con la misma agenda de movilización social. La falta de contratación docente, transporte y los comedores escolares generan movilizaciones, tomas de vías, bloqueos y plantones en todo el departamento de La Guajira (Uribia, Manaure, Hatonuevo, Fonseca, Dibulla, Campana y Aremashain). A esto, se le agrega la situación de los traslados inconsultos, el desconocimiento de la prima de bonificación, las deudas laborales con el personal docente y administrativo: nivelación salarial del 1%, homologación, ascensos y otros.
Esta crisis pulveriza las promesas de la Administración Departamental en cabeza de Chema Ballesteros que intenta hacer malabares a unos cuantos meses del proceso electoral para elegir nuevo gobernador. Expresaba Ballesteros, en el primer consejo de política social (2015) que estaba garantizado el transporte y la alimentación escolar, con aportes a los municipios certificados -Diario del Norte del 20 de febrero 2015-. Algo queda claro, las regiones no están en condiciones de asumir la responsabilidad de la administración de la educación pública, máxime cuando los recursos asignados por la nación son insuficientes para suplir las necesidades de la población estudiantil. Además, se comienza a sentir con rigurosidad el recorte a las regalías y el perfil cicatero de los Ocads. Por otro lado, pretende el gobierno Santos descargar sobre los trabajadores la crisis económica propiciada por la baja en los precios del petróleo y el ministro de Hacienda suena las alarmas porque la deuda externa de Colombia se incrementara en $2 billones por el alza del dólar.
Lejos quedaron las promesas de apoyo a la continuidad de los subsidios escolares. Lejos la promesa de trabajo para elevar la calidad de la educación. Lejos quedó el programa intensivo de cualificación docente (Chema Ballesteros). Lejos quedó aquello de brindar a los niños, niñas y jóvenes de La Guajira una educación de calidad, con una adecuada infraestructura… capacitación permanentemente a los maestros, trato digno, contrato y pago oportuno de sus salarios (Rafael Ceballos).
La comunidad educativa respaldará el paro departamental en defensa de la educación pública el próximo 17 de Marzo y estará lista para la movilización de carácter nacional el 19 de marzo.
