El incremento en las tarifas de energía eléctrica es uno de los debates más sonados en todo el país. El anuncio fue hecho por el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, un día después de las elecciones del 25 de octubre, medida tomada con el fin de no afectar los intereses del Gobierno Nacional y conseguir la mayor cantidad de votos. A los colombianos ya nos venían cobrando más de lo normal el kilovatio por hora (w/h) y lo que hace el Ministro luego de las elecciones, es formalizar lo que venían haciendo y anunciar un sobrecargo ¿Por qué surge todo esto?
En primera instancia, todos los colombianos debemos saber que el origen de esta situación es la Constitución Política de 1991 que sienta las bases para la redefinición del papel del Estado, orientado hacia la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación estatal, la libre competencia, entre otros. Todo lo anterior es producto de la política estadounidense del Consenso de Washington. El artículo 333, 336 y 365 de la Constitución, los cuales establecen la libertad de competencia, la prohibición de los monopolios estatales y que los servicios públicos podrán ser prestados por comunidades organizadas y particulares, respectivamente, abrieron un boquete inmenso para la privatización de los servicios públicos y la ganancia del capital financiero.
Posterior a esto, con la Ley 142 de 1994 se implementó la política pública de regulación de los Servicios Públicos Domiciliarios y los modelos tarifarios para cada uno de estos servicios. A pesar de que al Estado se le concedieron formas de intervención, promoción y sustento para que las organizaciones empresariales y sociales presten los servicios públicos, mecanismos que permitan mayor transparencia a la competencia y la afirmación de los derechos de los consumidores, en la práctica las políticas empresariales corresponden a la lógica de los monopolios al imponer tarifas y precios que no corresponden a la realidad de los costos.
La Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) es la que autoriza el cobro de la energía a las empresas, partiendo de lo que paga la comercializadora por la generación y transmisión de la energía. Del 100% de la energía que se produce en Colombia, cerca del 70% es de origen hídrico y el 30% restante viene de las térmicas (carbón, gas y otros combustibles). El fenómeno del niño ha ocasionado la reducción del agua en los embalses por lo cual se necesita un incremento en la producción energética de origen térmico. Para que las termoeléctricas funcionaran y estuvieran listas en el momento adecuado, a los usuarios colombianos nos vienen cobrando desde el 2007 el “Cargo por Confiabilidad”, un tipo de seguro para evitar apagones, a través del cual hemos pagado cerca de 7.800 millones de dólares. El problema radica en que, cuando se necesitó a las térmicas para suplir la escasez, éstas no estaban preparadas aun cuando habían recibido miles de millones para tal fin.
Los 14 billones de pesos que facturamos todos los colombianos vía “Cargo por Confiabilidad”, con el pretexto de cubrir posibles irregularidades en el sistema energético, están desaparecidos y nadie da respuesta de qué se hizo con semejante suma. A decir verdad, gran parte de este dinero fue a parar a las arcas de la empresa chilena SCL Energía Activa, la cual controla a Termoyopal, Termobarranquilla y Termocandelaria (esta última ha recibido cerca de 585 mil millones de pesos a través del “Cargo por Confiablidad”), controlando cerca del 30% de la energía nacional y siendo el operador térmico más grande del país.
La decisión incrementar las tarifas de energía de $400 hasta el estrato 3 y de $3.000 hasta el estrato 6 durante los siguientes 3 años, es la forma que el Gobierno ha adquirido para no afrontar la responsabilidad en la pérdida de los dineros que desde hace 9 años los colombianos hemos pagado cumplidamente. Urge la necesidad de un debate amplio, que recoja los aportes de los agentes del sistema, la academia, los usuarios y comunidad en general, con miras a una reestructuración de todo el sistema en beneficio de las amplias mayorías. Que la crisis del sistema energético no la paguen los usuarios.
Sebastián Valencia Castro
@sebasvalenciac1
