La ESE Hospital San Marcos del municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, atraviesa la situación financiera más crítica en toda su historia. Varias son las razones que tienen en jaque la prestación de los servicios de salud para los más de 105.000 habitantes sobre los cuales tiene influencia en la región, abarcando, además de Chinchiná, a municipios como Palestina, San José, Viterbo, Belalcázar y Anserma.
La disminución en la venta de servicios durante el año de pandemia y la inversión realizada por el hospital para adquirir camas y adecuar la Unidad de Cuidados Intensivos, han pasado su factura en el descenso de los recursos. El embargo de las cuentas, debido a la demanda realizada por la familia de una joven que murió por presunta negligencia médica bajo la gerencia anterior, bloqueó el ingreso de dineros. Y a la fecha, EPS como Salud Total, Asmet Salud, Nueva EPS, Medimás, entre otras, le están debiendo cerca de 15.000 millones de pesos, dinero sumamente importante para la supervivencia institucional y que serviría para cancelar los salarios y honorarios de los médicos especialistas, a quienes se les debe cerca de 1300 millones de pesos, correspondientes a los últimos seis meses de trabajo. La grave situación puede conducir al cierre de servicios, lo que significaría incrementar la barrera de acceso al derecho fundamental a la salud para los usuarios.
Esta situación se convierte en caldo de cultivo para que nuestra Institución, nuestro querido hospital, uno de los patrimonios más valiosos de los chinchinenses y de la región, sea víctima del peligroso proyecto de Ley 010 de 2020, con tránsito en el Congreso, que busca reformar el sistema de salud en beneficio de las dañinas y parasitarias EPS. Lo que se viene con esta reforma es la profundización del modelo actual de intermediación y aseguramiento, la entrega de la red pública hospitalaria al capital financiero internacional y al sector privado y la regla de que aquellos hospitales que no garanticen su equilibrio financiero y no se adapten a las nuevas condiciones del mercado —como si la misión de las IPS fuera generar ganancias—, tendrán que desaparecer o adoptar la política nacional de alianzas público-privadas, lo que causará la pérdida de infraestructura construida con recursos públicos, ahondará la privatización y producirá una masacre laboral sin precedentes.
Las grandísimas deudas de las EPS, los malos manejos administrativos de vieja data, la poca voluntad del gobierno nacional para reconocer el incremento en los gastos de las IPS durante la pandemia y la nula inversión en el sector salud tienen al Hospital San Marcos de Chinchiná al borde de la quiebra. La estocada final la dará el Proyecto de Ley 010.
Urge que alrededor del hospital se dé la mayor unidad posible de todos los sectores, organizaciones, trabajadores, usuarios, academia, líderes sociales y políticos, y comunidad en general, para realizar las siguientes exigencias: al gobierno nacional y territorial una importante inyección de recursos para la oferta, que subsane las pérdidas generadas por los impagos; a las EPS, la cancelación inmediata de las deudas acumuladas históricamente que aliviaría, sin duda alguna, esta desastrosa situación; y al Congreso de la República el archivo del nefasto proyecto de Ley 010 del 2020, que podría liquidar al San Marcos. No dejaremos acabar ante nuestros ojos uno de los bienes más preciados de Chinchiná y su gente, que ante las dificultades ha demostrado la capacidad de organizarse y defender lo que le pertenece. Unámonos y defendamos nuestro hospital.
* Presidente de Asudsalud-Caldas, miembro de la Mesa Municipal por la Salud-Chinchiná.
