Para los indígenas wayúu, andar el territorio de La Guajira ha sido una costumbre arraigada por generaciones; ellos han visto los pasos de sus padres, abuelos, hermanos e hijos recorrer la aridez de sus tierras intentando conservar los rebaños, reasentando los apushis desde el pasado y los sueños, relacionarse con los lugares pulowi, llorar, enterrar a los muertos y encontrar nuevas oportunidades de trabajo, comercio o buscando lo que esta tierra no les ha podido brindar en medio de la desesperanza.
La década de los sesenta fue el inicio de una de las primeras olas de migrantes que salían del territorio colombiano buscando un nuevo futuro en el país hacia Venezuela y Estados Unidos. En los ochenta con el recrudecimiento de la violencia en Colombia, accionada por los carteles de narcotráfico, la presencia de guerrilla y paramilitares en los territorios abriendo rutas efectivas de tráfico y salida de droga, obligó a cientos de trabajadores y sectores de la clase media, baja, campesinos e indígenas a huir para salvar sus vidas dejando atrás sus ombligos que determinaban el lugar de origen.
Uno de los destinos elegidos por los nacionales por su cercanía e idioma, para fijar sus nuevos asentamientos fue la ciudad de Maracaibo – Estado Zulia, denominada la Miami de Sudamérica. Algunos motivados por el auge económico que representaba para los nacionales vivir con mejores condiciones de intercambio y con empleo garantizado por el boom petrolero que requería mano de obra o simplemente por la seguridad que allí se brindaba.
Los indígenas wayúu de la Alta Guajira fueron importantes actores de este momento. Ellos se fueron urbanizando en la periferia fundando barrios como Ziruma, El Cardonal, Cujisito, El Mamón y Chino Julio a través de los trabajos que surgieron en las empresas petroleras, en el sector de la construcción y en los hogares de altos funcionarios. Así se activaron los circuitos económicos, los envíos de dinero y alimentos que se generaban todos los lunes desde el eje determinado por el mercado de Las Pulgas (Maracaibo) – Los Filuos (Paraguaipoa-Zulia) – Nazareth – Puerto Estrella (La Guajira-Colombia).
Pero con el cambio de modelo económico y los avances en las condiciones de vida se deterioraron drásticamente. Lo que llegó fue una creciente devaluación de la moneda bolivariana, el decaimiento de las expropiaciones de empresas y las alarmantes cifras de inseguridad que aún se mantienen. Un territorio próspero comenzó a percibirse como una bomba de tiempo que poco a poco fue desterrando, no solo a los inmigrantes, sino a una cantidad considerable de población venezolana y con ellos a los wayúu, que hoy buscan las mismas condiciones que unos años atrás lograron los colombianos en esas tierras.
Con la llegada de la pandemia al territorio y ante las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar esta emergencia en la salud, la frontera colombo venezolana en su parte nororiental comenzó a recibir un nuevo flujo migratorio de hombres y mujeres que anhelan encontrar unas mejores condiciones de vida, desafiando la enfermedad en medio del confinamiento y el distanciamiento social obligatorio.
Ninguno de los dos gobiernos estaba preparado para la salida y llegada de otra ola de migrantes y mucho menos estaban listos para garantizarles las condiciones mínimas de resguardo seguro; por lo que se tuvieron que tomar medidas de emergencia para mitigar la contingencia, forzando el cierre de la frontera como medida persuasiva y no colapsar los sistemas locales de atención que se encontraban desbordados.
A esta corriente migratoria hacia el lado colombiano era importante garantizarle atención en salud, alimentación, registro, asistencia frente a casos de maltrato, atención que se realizó con los escasos recursos disponibles del sistema de atención de emergencia y desastres. Con la concurrencia en el territorio de aproximadamente 34 organizaciones y agencias internacionales, se ha logrado fortalecer las instituciones del gobierno y redireccionar nuevos recursos para la atención de esta población.
“En el caso de los wayúu, su tránsito entre Venezuela y Colombia se da manera natural al no tener control migratorio, y con la apertura del corredor humanitario el 15 de abril de este año comenzamos a recibir a los wayúu venezolanos que estaban regresando y asentándose en la zona periférica al encontrar sus territorios ocupados por otras familias”, afirma Miguel Romo, director de Migración Guajira. “Con este grupo poblacional ocurre algo particular, porque al regresar al territorio no son reconocidos desde el apushi, ya que en Venezuela ha venido perdiendo la línea matrilineal, así que se rompen todo tipo de lazos e incluso sus palabreros no son tenidos en cuenta. Cuando llegan a la tierra que fue suya, la encuentran ocupada por otros miembros de la comunidad, lo que genera conflictos inter e interétnicos que amenazan la estabilidad y seguridad en el territorio”.
Sin posibilidad de asentamiento en territorios ancestrales y reconocimiento, la población wayúu venezolana enfrenta aún más retos que sus coterráneos, pues tiene que padecer en la mayoría de los casos, la falta de asistencia del gobierno colombiano al no tener los documentos que los certifiquen.
Este es el caso de Helver Jarariyu, quien se desempeña desde hace 20 años en el sector de la construcción, pero aún no ha podido obtener trabajo estable, pues al estar indocumentado, no puede acceder a ninguna obra de manera formal “yo me fui a Venezuela con mi papá y regresé a Colombia para enterrarlo en el 2014, desde ese tiempo estoy tratando de conseguir los papeles y no ha sido posible” sin embargo, y aunque es contra la ley, sus hijos están registrados como si fueran hijos de su hermana mayor, con esto Helver garantizaba que los pequeños pudieran tener las garantías de los niños colombianos.
Él afirma que “ellos son niños wayúu colombianos, pero al no tener papeles, no podía registrarlos y por eso lo hizo mi hermana y así les garantizó el acceso a los programas de salud que tanto necesitan”. Pero para Helver y su esposa acceder a una simple consulta médica es otra historia “yo siempre le pido a Dios que no me pase nada en las poquitas obras donde logro trabajar, porque yo si estoy desamparado”.
Como Helver son muchos los wayúu que se pasean por las oficinas de la Registraduría Auxiliar tratando de legalizar su situación en Colombia, pero con el cierre temporal de la atención y con las pocas oficinas especializadas en estos casos, ha sido difícil atender a toda la población que lo requiere. “Se está trabajando desde la Gerencia de Frontera y con la articulación de la Registraduría darles una solución a los casos de migrantes indocumentados que tenemos en La Guajira”, afirma Miguel Romo.
Y mientras esto ocurre, las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los entes territoriales se unen para brindarle atención a esta población y tratar de mitigar un poco el impacto social, ya que deben comenzar a pensar que se puede hacer con los asentamientos informales que albergan hasta 7.000 familias, situación que tiende a mantenerse por los próximos 5 años y se les debe garantizar acceso a los servicios básicos. Aún con las fronteras cerradas, el flujo de migrantes es constante y en pleno pico de la pandemia se cree puedan entrar unas 200.000 personas de origen venezolano que quieren regresar al país.
En estas condiciones, las necesidades del pueblo wayúu siguen creciendo sin que se presente una solución definitiva para los que han vivido en el territorio ancestral durante años, así como para los nuevos habitantes que llegan buscando mejores condiciones de vida, pero que lamentablemente se suman a los índices de pobreza existentes en La Guajira, acción que se puede mitigar si el gobierno de manera definitiva estructura y ejecuta el plan de acción requerido para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 que le brinda protección a la infancia wayúu.
