La muerte intempestiva del polémico y mediático expresidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, y el cambio inesperado de presidente de la CUT por “crisis políticas” internas ponen en el tapete de la discusión la crisis de las tradicionales centrales obreras más destacadas del país. Crisis a la que se suma una larga decadencia que viene de décadas atrás, traducida en una involución laboral que ha significado la perdida de conquistas económicas significativas para los trabajadores y estabilidad laboral, y la destrucción de centenares de sindicatos como consecuencia de la desaparición de muchas empresas del sector privado y público.
Involución que es innegable se ha producido por múltiples factores, especialmente externos, como la imposición de un modelo económico neoliberal por gobiernos liberales y conservadores en las décadas de los años 80 y 90, el asesinato de líderes sindicales por el paramilitarismo, y la perdida de liderazgos, al igual que la adopción de una cultura individualista y competitiva de las nuevas generaciones que carece de la formación en la construcción de proyectos colectivos de nación y del derecho fundamental de asociación.
De esta manera desaparece la época dorada del sindicalismo surgido desde la presidencia de Alfonso López Pumarejo y la vigencia del Estado de bienestar hasta principios de los años ochenta. Sin embargo, supervivieron algunos vestigios de unos liderazgos muy cuestionados.
Con la expedición de la constitución de 1991 se da el surgimiento de nuevos movimientos sociales que opacan aún más el papel predominante que tenía el movimiento sindical en la lucha social y asumen su liderazgo, tales como el indígena, feminista, lgtbi, ecológico, etc.
No obstante, su presencia es necesaria en una democracia y es el sindicalismo estatal el que continúa siendo el más fuerte y representativo, en especial el del magisterio, representado en Fecode y sus filiales, columna vertebral de la CUT, que ha liderado y protagonizado la lucha político-laboral del país, razón por la cual ha sido blanco de los ataques del uribismo.
Al margen de este aspecto, el desarrollo de la constitución y algunos “avances” legales para la fundación de sindicatos, que venían de años atrás, dieron pie para que con los famosos ajustes fiscales y reestructuraciones administrativas del Estado del año 2001, que conllevaron la supresión de millares de cargos públicos, se desencadenara la creación de centenares de sindicatos y la obtención de fueros sindicales para millares de funcionarios, buscando de esta forma evitar su retiro, estrategia diseñada por las centrales obreras.
De otro lado, la obligatoriedad constitucional de desarrollar los concursos de carrera administrativa en el Estado, que ponían al filo del retiro a millares de funcionarios provisionales, dio lugar a la atomización de sindicatos, orientados por los mismos dirigentes sindicales de las centrales obreras con el firme convencimiento de que de esta manera obtendrían una estabilidad laboral.
De esta manera se fortaleció de una manera artificiosa el lánguido movimiento sindical de las centrales obreras, contrariando la constitución política, y generando un carrusel de sindicatos y fueros sindicales, con pseudodirigentes sindicales, sin espíritu de asociación, y divorciados de las nuevas realidades jurídicas y políticas de la constitución política. Todos anclados en prácticas clientelistas preconstitución de 1991.
Una vez desatados los obstáculos jurídicos de la carrera administrativa y la consecuente salida de millares de funcionarios provisionales que estaban afiliados a estas centrales obreras y sus organizaciones filiales, se visibilizó la grave crisis sindical que venía de años atrás; es decir, la baja cobertura de afiliación, y la pérdida de credibilidad y legitimidad del movimiento sindical. Situación que se replica de la misma manera en las nuevas centrales obreras surgidas como oposición y alternativa a las centrales tradicionales, pero que no han tenido la fuerza necesaria para consolidarse y han resultado más de lo mismo.
Mientras tanto, la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios, la violación del trabajo decente, los atajos a la carrera administrativa y la meritocracia constitucional en el Estado son el pan de cada día de gobernantes nacionales y territoriales, de derecha y de izquierda, y con unas centrales obreras y sindicatos afiliados funcionales a todas estas prácticas.
En otras latitudes el movimiento sindical es actor protagónico de cambios políticos y sociales (en Brasil han gobernado varios periodos), pero acá ha quedado reducido a un aparato burocrático dirigido por pensionados y contratistas con una agenda que no interpreta la realidad laboral y política del país, y que no genera confianza. Sin duda que manejan discursos y lideran movilizaciones demagógicas sin ninguna eficacia.
Los tratadistas y exasesores sindicales Marcel Silva y Jairo Villegas Arbeláez han venido advirtiendo esta crisis de tiempo atrás e incluso el segundo ha propuesto una asamblea constituyente sindical con la mediación de la iglesia católica para buscar soluciones a esta crisis, pero ha sido en vano, hay muchos intereses políticos y clientelistas en juego. Ha sido una voz en el desierto de cavernarios dirigentes sin ningún eco.
El debate está abierto para que una nueva generación y sectores demócratas tomen las banderas de este movimiento en el marco de la constitución y la ética pública; generen acciones para reencontrar y reconstruir el camino perdido; y aporten en la producción de la normatividad del derecho laboral, que unilateralmente este gobierno y el Congreso de las últimas décadas ha impuesto a la mayoría de la clase trabajadora, y ha omitido dolosamente reglamentar el artículo 53 de la Constitución. Solo ha atendido las voces de los empresarios e ignorado las de los más débiles, la clase trabajadora.
