El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante un comunicado, instruyó para “manifestarse públicamente y con movilizaciones masivas” ante “La deficitaria y alarmante situación presupuestal que se incrementa para las universidades estatales del país, por recientes decisiones del Gobierno Nacional”. Me he tomado el trabajo —desde luego, que nadie me pidió— de “analizar la situación” —esto expresamente lo instruye el rector y, en su majestad, el Consejo Académico en el “comunicado [que] fue aprobado por unanimidad en sesión presencial (sic.) del 13 de septiembre de 2017”—. Poco importa que en la envalentonada en que ahora se encuentra la comunidad universitaria de la UPN este escrito quede ahogado por el ruido. No obstante, espero que al menos quede como una constancia de un intento de reflexión sobre nuestro presente viviente; intento del que me retractaré si la “movilización” llega a tener éxito, pero que permite comprender, a posteriori, por qué su probabilidad de éxito, a la hora de escribir este texto, según mi análisis, tiende a cero.
Al parecer la supervivencia de las instituciones en el mundo contemporáneo está asociada a que sean “organizaciones que aprenden”. Miro a la Universidad de Antioquia, en especial, en las declaraciones de su rector sobre el mismo problema del que me ocupo en este escrito y me pregunto: ¿por qué la movilización que estatuyó la UPN (Cf. Universidad Pedagógica Nacional, Comunicado 005 del segundo semestre, 13 de septiembre de 2017) no está en despliegue en el conjunto de las universidades públicas en Colombia —excepciones hay, una de ellas el comunicado del rector de la UTP (acaso “pequeña”, como la UPN), a su vez presidente del SUE—? Una primera respuesta es que sólo “universidades pequeñas” como la Pedagógica han llegado al entendimiento radical del problema y que, en cambio, la Nacional, la UIS, la de Antioquia, y las demás públicas, que se consideran “grandes”, que no han entrado en movilización, no tienen suficiente inteligencia de lo que está en juego.
Me niego, no a aceptar lo iluminado que es el rector Adolfo L. Atehortúa —faro de las universidades “pequeñas”—, sino a que los demás rectores y gobiernos universitarios de las “universidades públicas grandes” sean tan lerdos como para no entender las luces de esta inteligencia prodigiosa que ha llevado a la UPN por los senderos de una administración neoliberalmente impecable. Doy pruebas de mi afirmación:
En continuidad con la rectoría de Juan Carlos Orozco, no obstante denostar de ella, usó el actual gobierno universitario los recursos CREE para proseguir la política de Acreditación Institucional. Para ello, quizás fue necesario “mermelar” a los sectores más beligerantes del estudiantado y del profesorado. Desde luego, no a los filósofos, que, como bien lo muestra Byung-Chul Han (Psicopolítica. Barcelona, Herder, 2014; pp. 119-126), sólo aportamos pensamiento cuando somos del todo idiotas. Lo cierto es que la protesta social y política en el seno de la institución llegó a su mínima expresión. Entonces, con cinco en conducta (o muy cerca de este guarismo, 4.8 o más) —como cualquier universidad privada— recibimos en total orden y disciplina las comisiones de pares para ser evaluados. Y lo logramos. Estuvimos lo más cerca posible de las conversaciones de La Habana, de hecho tuvimos “embajadores” —rector y profesores— para acompañar y aupar el proceso, con la esperanza incierta de ser la universidad del postconflicto o, al menos, una de ellas; y parecía que llegaríamos a serlo en la época, de infausta recordación, de la ministra Parody. A ella el rector la acompañó en la preparación del más nefando proyecto de resolución que quería borrar de un plumazo licenciaturas a diestra y siniestra.
Entre tanto, como ha pasado en la UPN desde el final de la administración de Gustavo Téllez Iregui —esto es, pasando por la administración de Óscar Ibarra y de Juan Carlos Orozco—, este gobierno universitario, a un año de culminar, con el sol en las espaldas, mantuvo la progresión de la autofinanciación de nuestra alma mater. No había mucho que hacer. El rector y su equipo lo saben bien. Entiendo que son connotados historiadores y científicos sociales: la obra cimera de Guy Sorman (La solution libérale. Paris, Fayard, 1984) y la presidencia de R. Reagan, desde el mismo año, basada en la economía de la oferta (“supply-side economics”) cambiaron el panorama de la economía mundial. El también conservador Alvaro Gómez Hurtado había indicado, por ese entonces, que en política y economía, Colombia nunca ha estado a la última, sino a la penúltima moda. Eso pasó. Se requirió que llegara el gobierno de César Gaviria Trujillo (pereirano, economista uniandino y antiguo representante de los intereses de
Colombia en el Pacto Mundial Cafetero —roto, durante su gestión, con consecuencias inimaginables en la economía nacional) para que bajo su mandato no sólo se llevara a cabo la apertura económica, sino para que la privatización luciera como el modelo macroeconómico a la base de la Constitución Política de Colombia de 1991.
¿Qué logró el neoliberalismo? ¿Cómo entronizó su ideología? El abogado y otrora ministro de educación, también antioqueño, Octavio Arizmendi Posada, explicaba como pocos el principio de subsidiariedad. En último término, el mito neoliberal: Que no haga el Estado lo que pueden hacer bien los particulares. El mito neoliberal creció, llegó incluso a postular que, por definición, no es posible que haya una empresa estatal eficiente. Las pruebas las tuvieron a la mano: Telecom, Acerías Paz del Río, los Ferrocarriles Nacionales, la banca público-estatal. Con pruebas convenientemente elegidas —por supuesto, no podían poner en la lista las Empresas Públicas de Medellín; en su momento, la ETB o Ecopetrol, entre otras— se enseñoreó la privitización.
¿Qué mérito en el concierto neoliberal tiene la UPN? A contrapelo, con doble moral, en algunos casos actuando como plañidera: la UPN demuestra que es una empresa rentable y eficiente. A troncas y mochas, prácticamente, ha llegado a 50% de la autofinanciación. Pero, importante no olvidar este punto: la UPN es una empresa público-estatal. Para hacerlo muy gráfico: suponga Ud. que tiene $50 en un bolsillo y $50 en el otro. Uno se los dio su familia, otro los ganó Ud. trabajando —o, si es muy afortunado, en una rifa—. Ud. es el titular, dueño y señor de esos $100.
La UPN, obsecuente al Estado —no tiene posibilidad de actuar distinto— y al gobierno —tiene posibilidad de actuar distinto, pero en la actual administración, más que en todas las precedentes: obsecuente, en especial, a la ministra de turno— logró llegar según nos ha mostrado con cifras el rector, al pleno equilibrio financiero. Al menos así nos lo ha hecho saber en las “misas de sanación” o “consejos comunitarios” de cada comienzo de año y, ahora, de cada semestre.
¿Qué indica ese equilibrio en la balanza? Un grado de autonomía financiera que le demanda el modelo de Estado, desde el punto de vista económico, de los años ochenta a nuestros días. La doble moral hoy en día pide rogativas para ir por las calles, puede ser al Ministerio de Educación o al de Hacienda o al Parlamento. Según mi leal saber y entender, esa movilización tendrá la misma eficacia si, en cambio, se va a rezar al Señor Caído de Monserrate o al Niño Jesús del Veinte de Julio.
Por regla general, los filósofos —idiotas, como dije atrás, siguiendo a Han— no creemos en los milagros. Sobre todo, qué pena, nos los quitó de la cabeza el escepticismo empirista de David Hume. Entiendo que los historiadores ya saben que pasó la Modernidad. Quizá ahora, postmodernamente, creen en los milagros y creen que una cadena de oración: primero, oculta la incompetencia por la cual no quedamos con presupuesto como las “universidades grandes” en el IVA Social que obsecuentemente apoyó la universidad pública, universalmente, a cambio de algo de mermelada; segundo, quiere invisibilizar que la salud financiera que se ha vivido durante esta administración es la herencia de las dos administraciones precedentes; tercero, se hace la ciega frente al hecho de que los negocios por asesoría, extensión y, en general, prestación de servicios sólo ha tenido crecimiento vegetativo.
La incompetencia gerencial de esta administración no la solventa un Estado que dejó el modelo paternalista atrás, señores historiadores, hace ya cuarenta y cinco años. Sin doble moral, respondo a la pregunta ¿por qué las “universidades públicas grandes” no están en estas rogativas, al mono de la pila? Porque saben que hay que luchar, a rabiar, por mantener e incrementar las trasferencias de la administración central a las universidades públicas; porque hicieron a tiempo la gestión de ser reconocidas como “grandes” —en una suerte de “discriminación positiva”—, porque —mientras se cambia el orden económico mundial— hacen buenos negocios y buena gestión para lograr que la universidad como empresa público-estatal alcance su pleno sostenimiento, incluso con recursos propios.
Colofón. Dudo, por encima de todo, que una suerte de “pánico económico o financiero”, que mina la credibilidad en la balanza, base de cualquier salud institucional, sea un buen argumento para hacer de la UPN una “universidad pública grande”. Mantengo irrestricta mi defensa de la UPN como universidad público-estatal; lo he hecho desde mi posición de profesor, como —en su momento— promotor del Doctorado Interinstitucional en Educación, como impulsor de la Licenciatura en Filosofía, como investigador y líder del grupo Filosofía y enseñanza de la filosofía. Me niego a las rogativas y a la doctrina de los milagros —basada en la doctrina populista del enemigo exterior que obliga a crear “estados de excepción” — y abogo por una discusión racional de los mismos datos que ofrece el actual gobierno universitario.
