Seis hallazgos fiscales por más de 1.999 millones de pesos determinó la Contraloría General de la República en una auditoría al servicio de alimentación a la población privada de la libertad a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Según expuso el contralor delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya, en un conversatorio sobre los resultados del control fiscal en el tema carcelario, en el período 2018-2022, los resultados de esta auditoría son bastantes preocupantes y han llevado al organismo de control a prender las alarmas.
“Han habido una serie de pagos que no son acordes al contrato estipulado, estamos hablando de unos sobrecostos solamente en 3 centros carcelarios superiores a 1.500 millones de pesos”, reveló Sebastián Montoya, contralor delegado para sector justicia.
Agregó que incluso a veces los mismos guardianes del INPEC determinan que hay comida que no está en un correcto estado para el consumo humano.
Además de estas irregularidades, la Contraloría encontró incumplimiento de normas y órdenes sanitarias, así como de minutas alimenticias.
