Interpretando las cifras oficiales del Dane, presenciando las noticias de los medios de comunicación y observando los hechos cotidianos, se concluye que Colombia necesita cambios de fondo en las estructuras económica, social y política, lo cual se corrobora con la explosión social que desde hace dos meses ha ocupado la preocupación general. Es innegable que la situación que afronta el país, ha llegado a una crisis que no permite esperar el regreso a la normalidad, esa normalidad que desembocó en la triste realidad de miseria generalizada y conflicto sociopolítico que hoy vivimos.
Revisando la historia se aprecia que, por lo general, esos cambios estructurales en los sistemas económico, social y político, cuando son bruscos, van acompañados con fenómenos de violencia, que ya en nuestro medio, no son deseables por la saturación que la comunidad tiene frente al conflicto y al agotamiento de la capacidad de aguante que tiene a la sociedad en su conjunto, exasperada por tanta violencia ocurrida en la historia nacional. Hoy es necesario reflexionar sobre otras alternativas para introducir los cambios estructurales minimizando al máximo los factores de violencia, los cuales no se pueden eludir en su totalidad, porque la historia universal nos enseña que cuando se proponen cambios de esta magnitud, surgen fuerzas de oposición que reaccionan a los cambios porque, en la situación presente, hay grupos de individuos que se están beneficiando, los que tienen privilegios, y que por supuesto, no los quieren perder por lo cual entran en choque contra las nuevas propuestas.
Hoy, ya no tiene sentido hablar del cambio en el sistema económico como en el siglo pasado, sino de la necesidad de modificar la forma como se maneja el Estado, que actualmente está al servicio de algunas élites económicas, sociales y políticas, quienes usufructúan las mieles del poder y explotan el organismo solo para su propio beneficio, dejando a las mayorías excluidas del bienestar público que debe propiciar el Estado, y con ello alejándose del principio universal de que esta institución debe dar respuesta pertinente y consecuente a los requerimientos y expectativas que los asociados tienen frente al Estado, que tiene el deber, al menos, de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la totalidad de los súbditos, sin exclusión ni privilegiados.
La respuesta que el Estado brinda a la sociedad la realiza mediante el mecanismo de la administración, razón por la cual la calidad de los servicios que el organismo brinda depende de las características de la administración pública que, además están condicionadas al régimen político existente.
En Colombia la administración pública está en crisis. A pesar de que existen bases conceptuales que soportan métodos apropiados para administrar el Estado con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad, en los procesos inherentes a la administración imperan la ignorancia, el subjetivismo, los vicios y desvíos frente al bienestar general y el bien común, por lo cual es a partir de los cambios en la forma de administrar el Estado, utilizando modelos adecuados al cumplimiento de los supuestos fines que están en el papel, pero que no se cumplen, como se puede avanzar en la superación de los problemas actuales, introduciendo los cambios estructurales, inicialmente en la administración del Estado, para luego sí y desde este organismo, introducir los cambios de fondo en las estructuras económica y social.
Para el efecto, se requieren actos legislativos que hagan ajustes constitucionales y leyes que sustenten políticas públicas, por lo cual surge la necesidad, urgente, de transformar el Congreso de la República, comenzando con la elección en ese órgano, de otras personas diferentes a las que hoy ocupan las curules; y para ello, la necesidad de que la ciudadanía no venda su voto electoral, sino que tome conciencia de votar por los agentes del cambio, que permitan facilitar el cumplimiento de la misión de la administración pública.
