El jueves 3 de agosto de 2023 entró en vigencia una nueva normatividad en Cuba que busca, según el Gobierno, fomentar el uso de las transacciones electrónicas como parte de un plan para bancarizar a la población. Aunque de fondo, surge como respuesta a la falta de efectivo en algunos cajeros automáticos.
La norma fija un límite máximo de 5.000 pesos cubanos (unos 41,6 dólares al cambio comercial oficial) por operación para los cobros y pagos en efectivo, que se deriven de una relación contractual entre empresas, trabajadores privados y cooperativas, entre otros.
El vicepresidente del Banco Central, Alberto Quiñones, detalló que las operaciones que superen ese monto se realizarán mediante instrumentos de pagos y títulos de crédito distintos al efectivo, preferiblemente a través de canales electrónicos.
En la red de cajeros automáticos solo podrán utilizarse las tarjetas asociadas a pensiones, cuentas de ahorros, salarios y bonificaciones, explicó el banco emisor cubano, qua agregó que la implementación de la norma será gradual.
El objetivo es que “los cobros y pagos entre actores económicos no sean en efectivo… sino que se realicen electrónicamente”.
Otra de las razones esgrimidas por la autoridad monetaria tiene que ver con que se busca frenar una inflación que en junio de este año iba en casi 45% interanual.
Sin embargo, el reglamento podría responder a la falta de confianza en el sistema bancario estatal que ha provocado escasez de efectivo. Medios independientes locales y organizaciones no gubernamentales aseguran que, en las últimas semanas, retirarlo se ha tornado en una suerte de “misión imposible”.
