Desde que el neoliberalismo nos impuso el concepto de que “ya no vivimos en el planeta tierra, sino en una esfera de capital natural”, la naturaleza, el medio ambiente, la tierra, el aire, el subsuelo, la atmósfera, todo se convirtió en mercancía.
A partir de ese concepto, acogido por la ONU en 1992, se estableció un nuevo paradigma.
La humanidad viene perdiendo millones de hectáreas de bosque y selvas tropicales en medio de una crisis ambiental de carácter mundial profundizada por actividades económicas excluyentes que no contemplan el derecho a un ambiente sano.
Desafortunadamente, Colombia es uno de los países que más número de hectáreas pone para la destrucción ecosistémica: se registran alrededor de 280.000 hectáreas arrasadas en el año 2018.
Gran parte de la destrucción se vive en la Amazonía, pulmón del mundo y región estratégica para la vida del Planeta. Sobre esta realidad el actual gobierno carece de propuestas de soluciones realistas, efectivas, respecto a la conservación y protección de nuestro medio ambiente.
La problemática ambiental no es prioridad para este gobierno. Así lo demuestra la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que en materia ambiental, a lo que va a conducir, es a profundizar la crisis existente, al no ponerla en el centro de su agenda política. Afirmo esto porque el PND carece de mecanismos reales para que el Estado logre actuar de manera integral en su defensa, ya que no inyecta recursos suficientes para que haya una relación armónica entre economía y medio ambiente.
Por el contrario, con la hoja de ruta propuesta por el gobierno, se profundiza la devastación ambiental y con ello, todas las nefastas consecuencias que eso conlleva para los seres vivos.
El PND (Plan Nacional de Desarrollo), aprobado a pupitrazo limpio en el Congreso, incluye por lo menos 4 aspectos nocivos para la naturaleza: primero, el fracking y la continuidad de la locomotora minera convencional. Diversos estudios señalan que la minería “no convencional”, contamina el agua, así mismo la desvía de su ciclo natural generando escasez. También se ha establecido una estrecha relación entre movimientos telúricos y esta actividad. En la misma vía, la minería convencional seguirá haciendo carrera hacia la deforestación, acentuando y agudizando conflictos socioambiental en los territorios.
Segundo, la reforestación que se establece el artículo 321 no contempla cuanto será el número de hectáreas que serán resarcidas, dejando sin piso evaluativo este articulado y siendo esto, no una solución, sino un canto a la bandera. Por otra parte, la creación del Consejo de Lucha Contra la Deforestación (artículo 10) es un instrumento de militarización del territorio, una iniciativa coercitiva que no cuenta ni consulta, además, con la voz de las comunidades que padecen la destrucción ambiental en la Colombia rural.
Tercero, tan solo destina el 1.2% del presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones, como establece el artículo 4, destinado a lo que este PND llama Pacto por la Sostenibilidad, lo cual es sinónimo de debilidad en las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente y de capacidad de acción. Sin una inyección presupuestal mucho más robusta, no hay posibilidad real de poder materializar acciones en pro de la defensa del ambiente.
Y cuarto, la gota que rebosa el vaso: la no inclusión de un capítulo especial de paz, donde se pueda asegurar el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos socioambientales, como por ejemplo: la zonificación ambiental acordada en el punto 1 –Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.
Así pues, ni la defensa del ambiente, ni de la paz son prioridades de este gobierno.
La imposición de estas prácticas económicas respaldadas por un paquete legislativo, no respetan el derecho constitucional a un ambiente sano y nos conduce por el camino que solo vislumbra el precipicio. Estamos pues ante una ley que desdibuja el orden de derecho de la Constitución y, por lo tanto, se está ante un abismo inconstitucional.
Es urgente atacar la raíz del problema de la deforestación en nuestro país: La ganadería extensiva -muy estudiada por investigadores del medio ambiente- que está ampliando la frontera agrícola y usando mucha más tierra apta para esta labor; la minería, que arrasa con el suelo y con el agua, dejando solo tierras yertas, un desierto estéril donde se realiza esta actividad y; la acumulación de tierras, que explica parte de los procesos de deforestación en nuestro país producto de alianzas entre políticos , mafias y terratenientes tal como lo denuncio un artículo investigativo publicado por El Espectador, recientemente. Estos son los puntos clave que se debieran resolver.
Por todas estas razones es que resulta imperante poner en la agenda pública la urgente necesidad de implementar el punto 1 y 4 del acuerdo de paz, e y así contribuir al desescalamiento del calentamiento global, a la vez que ayudar a contener la deforestación con acciones claras, medibles y cuantificables en cada región del país: delimitar la frontera agrícola, utilizar la tierra atendiendo su vocación, dar solución a las demandas del campesinado mediante la sustitución financiada de los cultivos de uso ilícito, redistribuir un porcentaje de la tierra para que se fortalezca el agro colombiano y proteger las zonas de especial importancia ambiental. No son caprichos. Estos son algunos de los mecanismos contenidos en el acuerdo de paz, que permiten la defensa del medio ambiente. Todo esto es de una urgencia vital.
