En una semana, a esta hora, sabremos cómo votó el país. Tanto con el Sí como con el No victorioso, el acuerdo de justicia tendrá que ser revisado. Con sesgos, esguinces y desvíos, los poderes ejecutivo y legislativo conservan la supremacía dentro de los acuerdos de paz suscritos.
El acuerdo de justicia —obra de los abogados defensores de las Farc, Álvaro Leyva Durán y Enrique Santiago—, además de pasar por debajo y desconocer los parámetros internacionales de justicia y dar utilización acomodaticia al artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949 para reformar la Constitución, decapita nuestra Corte Suprema de Justicia. La amortaja sin pena ni gloria en procesos de instancia única violatorios del debido proceso y los derechos humanos de millones de personas concernidas.
El acuerdo de justicia de La Habana
amortaja sin pena ni gloria
la Corte Suprema
Suena a repetir verdad consabida que la Corte Suprema es la más alta instancia judicial en Colombia. No obstante, es necesario hacerlo en esta coyuntura crítica cuando los pivotes mismos de los órganos del poder judicial están en movimiento, sin que legítimas potestades constituyentes hayan actuado para provocarlo. La máxima corte —necesario citar aquí más verdades de Perogrullo— camina sobre principios jurisprudenciales refinados a lo largo de casi 200 años que cubren miríadas de situaciones y hechos en lo civil, lo penal y lo laboral.
No son simples y rápidas referencias a códigos en vigor sino aproximaciones decantadas —en el ámbito penal— a fenómenos criminales que incluyen esta parte de nuestro Código Penal —las Convenciones de Ginebra de 1949— cuyo ingreso ocurrió durante la administración de Andrés Pastrana Arango como logro tangible de la gestión de este conservador.
Así, la Corte Suprema de Justicia tiene derecho constitucional a invocar presencia dentro del sistema advenedizo, plagado de riesgos, que construyeron Leyva y Santiago con la viveza entendible de quienes defienden juiciosamente a sus clientes, antes que hacer Patria. Tiene también derecho histórico a mantenerse dentro de procesos penales complejos, colmados de ramificaciones.
El país no ha entendido que la criatura creada no es réplica de la justicia penal internacional que ha operado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ni de los tribunales permanentes ni de los tribunales ad hoc ni de la Corte Penal Internacional. Tampoco de las cortes que han suministrado justicia dentro del amplio decálogo de crímenes de guerra y contra la humanidad y delito de genocidio. Por esta razón, puede decirse, es un cuerpo institucional producto de retazos e ideas —pero muy en especial de pensamientos abarrotados de fantasías y deseos— que no podría dejarse caminar solo a tientas, como la creación de Mary Shelley en su inmortal Frankenstein.
Es inaudito y no tiene explicación racional jurídica e histórica que la Corte Suprema haya sido descabezada en su papel de soporte último de cualquier esquema de justicia transicional. Con precipitación se proclamó hace algunas semanas que la Corte Penal Internacional brindaba su aval al acuerdo de justicia. Jamás, empero, se extendieron cheques en blanco. Se dio en efecto apoyo a la paz en Colombia y, acto seguido, en claro quedó que se haría seguimiento detallado a los pasos posteriores en materia penal.
La ausencia de la Corte Suprema coloca un ingrediente de escepticismo y desconfianza dentro de la tarea de observación delicada que se ha iniciado en La Haya.
La canciller Holguín y el comisionado Jaramillo Caro —nuestros nuevos juristas empíricos señeros— han dicho que “el problema” con la CPI está resuelto porque ellos ya finiquitaron unos procesos de “socialización” con sus estamentos de dirección. Por esta vía alegre, la criatura, aún en camilla, podría salir a caminar tumbando lo que no le agrade y agarrando a quien no se pliegue a sus exigencias y a quien no acepte sus condiciones gravosas y humillantes de autoculpabilidad.
Pero —reitero— en el edificio blanco ubicado en la Oude Waalsdorperweg de La Haya- están analizando con esmero y meticulosidad. No podría ser de otra manera así los aromáticos cafés de las “socializaciones” hayan sido bien gustosos. La desaparición deliberada que hicieron Leyva y Santiago —con el silencio incomprensible de dos exmagistrados [competentes por cierto en estas materias] Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda— le rebana legitimidad a las instancias judiciales ideadas.
Con el No deberá procederse dentro de reformas múltiples que exige la opinión nacional. Con el Sí debe precaverse el gobierno de que la comunidad internacional que firmó se congratula de la paz pero no de la impunidad. Y si la Corte Penal Internacional, máximo órgano jurídico-penal de la comunidad de naciones, evidencia que el primer descabezado es la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia, el comienzo será tan negro como el laboratorio donde el doctor Victor Frankestein dio vida a su invención.
La presencia de la Corte Suprema de Justicia es la vía única e insustituible para dar alguna credibilidad al acuerdo de justicia de La Habana.
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Nadie que en el pasado haya llamado “guerreristas” a los partidarios del No o “entreguistas” a los del Sí puede ser el nuevo procuradora o procurador. Por esta razón la nueva procuradora debe ser María Mercedes López Mora, jurista estricta y rigurosa, cuyo respeto absoluto por todas las partes está evidenciado.
