Solo eso explica la decisión de la Corte Constitucional al declararse inhibida para pronunciarse anticipadamente
Se definió la consulta hecha por el presidente de la Cámara de Representantes a la Corte Constitucional, en torno a si esa corporación podía o no emprender el estudio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.
Mucho se especuló en torno a que la Corte iba a pronunciarse de manera negativa al respecto, fallando sobre la inconstitucionalidad de las objeciones y ordenando al presidente la sanción del proyecto de la ley estatutaria. El debate que se armó fue para alquilar balcón e incluía un asunto delicado de por medio, la comisión de un prevaricato, bien por obra del Presidente al objetar, o bien de la Corte al pronunciarse sobre la inviabilidad de las objeciones.
El senador Uribe, a quien muchos consideran el auténtico presidente tras Iván Duque, ya se había ido lanza en ristre contra la Corte, sin que esta se hubiera pronunciado. El procurador general de la Nación ya había expuesto a su vez su criterio, el que muchos entendieron como un respaldo anticipado a la anunciada decisión de la Corte. Lo que encendía todas las alarmas era el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial, el riesgo para la institucionalidad.
¿Qué habría pasado si la Corte se pronuncia en el sentido de que el Congreso no debía estudiar las objeciones porque eran inconstitucionales? ¿Hubiera Duque acatado tal resolución y procedido a sancionar la ley estatutaria de la JEP? Parecía claro que el Centro Democrático se aprestaba a cerrar filas en torno a la desobediencia de tal decisión. Que habría denuncias penales, que seguramente la Corte Suprema de Justicia sería finalmente la encargada de solucionar el asunto.
Con el grave peligro de que nuevamente el partido de gobierno asumiera la rebeldía contra una decisión judicial en contra. Si se oponía frontalmente a la Corte Constitucional, nada tendría de extraño que lo hiciera también ante la Corte Suprema de Justicia.
Es lo que muchos temieron. Que apelando a supuestas razones jurídicas, Uribe y sus legiones intentaran un golpe institucional, una maniobra semejante a la empleada en varios países del vecindario, para establecer un régimen a su medida. Para nadie es un secreto que Uribe detesta las Cortes, que sus tesis del Estado de opinión siguen inspirándolo.
A ocho meses del gobierno de Duque las cosas comienzan a verse claras. Como lo dijeron varios observadores, el asunto en cuestión no eran solamente las objeciones. Ellas serían la tronera por el que un gobierno envalentonado, se empeñaría en arremeter contra el conjunto de los Acuerdos de La Habana. Uribe lo había dicho públicamente, aunque luego intentara bajar el tono al asunto, a la JEP no había que modificarla, lo que había era que acabarla.
La existencia de tal jurisdicción asusta a muchos en el partido de gobierno.
Sobre todo desde que personajes vinculados a los peores crímenes
del paramilitarismo anunciaron su intención de acogerse a ella
Es que la existencia de tal jurisdicción asusta a muchos en el partido de gobierno. Sobre todo desde que personajes vinculados a los peores crímenes del paramilitarismo anunciaron su intención de acogerse a ella. A cambio de suministrar verdad sobre los responsables últimos de sus delitos, podrían obtener los beneficios de las penas alternativas. Hasta el general Rito Alejo del Río, compareciente también ante la JEP, anunció en público su ruptura con Uribe.
Malhaya la hora en que se aprobó tal sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en La Habana. Es conocida la obsesión del uribismo por echarlo a pique. Y esta parece ser su última opción. Así sea con las más absurdas calumnias, como sucedió con el Plebiscito de 2016. Con el escándalo sobre delitos sexuales contra menores han querido avalar la justicia de las objeciones de Duque, aunque saben bien que ese asunto no hace parte de ellas.
Lo que importa es que la gente lo crea, repetirlo cien mil veces para hacer de ello una verdad, aunque se trate de la más descarada de las mentiras. Tal método les ha servido en el pasado, así que vale emplearlo cuantas veces sea necesario. Ahí está Uribe de cuerpo entero. El tema de tierras también los tiene horrorizados.
Por eso no pueden subestimarse sus maniobras. Estaba listo el plan para echársele encima a las Cortes y propiciar un golpe institucional. Alguien debió advertirlo y recomendar la más elemental prudencia. Solo eso explica la decisión de la Corte Constitucional al declararse inhibida para pronunciarse anticipadamente. Que las objeciones vayan al Congreso, que se libre la pelea allá, en el escenario político. Superada esta etapa vendrá la inevitable decisión.
Momento en que será muy difícil para el uribismo alegar torceduras de la Constitución. Todo se habrá desarrollado sin cataclismos. Habrá que esperar las cosas. El tema irá de nuevo a la Corte Constitucional, haya pronunciamiento o no del Congreso, incluso si se vence el plazo sin que este se produzca. Me parece sabia la decisión de la Corte, con ella frustró los planes golpistas. Por ahora, como dijo Chávez.
El tema irá de nuevo a la Corte Constitucional, haya pronunciamiento o no del Congreso, incluso si se vence el plazo sin que este se produzca.