Ecuador vive momentos de tensión política, luego de que el presidente Guillermo Lasso invocara el recurso de la Constitución conocido como ‘muerte cruzada’ para disolver un Parlamento que estaba a punto de votar en un juicio político en su contra.
En las últimas horas, la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció el domingo 20 de agosto como la fecha tentativa para la celebración de comicios generales anticipados, como dicta la aplicación del mecanismo constitucional al que optó Lasso un día antes.
No obstante, la posible fecha para acudir a las urnas aún debe ser ratificada por el pleno del órgano electoral.
Para el CNE "es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley", subrayó Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en noventa días para la primera vuelta.
Corte Constitucional rechaza posible "inconstitucionalidad" de la medida
La jornada de este 18 de mayo también estuvo marcada por la determinación de la Corte Constitucional del país. El organismo rechazó seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto.
Según un comunicado emitido por la corte, la determinación se dio de manera unánime. Así, la 'muerte cruzada' seguirá en pie, lo que llevaría a las urnas a Ecuador de forma anticipada.
"Como consecuencia de la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado", añadía el documento.
Y precisó: "Así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país".
Para aplicar el decreto, Lasso apeló a una "grave crisis política y conmoción interna", que la oposición ha dicho que no existe y que fue la base de las demandas.
El recurso de 'muerte cruzada', establecido mediante el decreto 741 firmado por el mandatario, disolvió la Asamblea Nacional y determina que el Tribunal Electoral tiene un plazo de siete días para llamar a elecciones generales, que se deben celebrar en un plazo máximo de 90 días.
La 'muerte cruzada' divide a Ecuador
Pero la decisión del mandatario ha dividido el país entre quienes piensan que Lasso actuó constitucionalmente y quienes consideran que no lo hizo. Sectores como el Ejército y la Policía se han mostrado a favor del presidente.
Nelson Proaño, comandante de las Fuerzas Armadas, aseguró que la decisión estaba consagrada en la Constitución y que ambas instituciones "mantendrán su respeto absoluto" a la Carta Magna.
Otro sector que también afirmó que el mandatario actuó dentro de la legalidad fue el empresarial, cercano a Lasso, quien antes de gobernar el país fue banquero y empresario. El Comité Empresarial de Ecuador, del que forman parte la mayoría de las asociaciones industriales nacionales, sostuvo que la disolución del Legislativo es viable según las normas del país y llamó a la calma.
Sin embargo, son múltiples los sectores que se oponen a la medida, como la CONAIE, la organización indígena más poderosa a nivel nacional. Su presidente, Leonidas Iza, aseguró que la vía que tomó Lasso fue "dictatorial".
Iza encabezó el año pasado una serie de protestas que sacudió a Ecuador e hizo tambalear la gestión del jefe de Estado. Por el momento, la organización indígena no ha vuelto a convocar a sus simpatizantes a las calles, pero, según informó Iza, la CONAIE llamó a sus miembros a reunirse para estudiar cómo afecta a este movimiento la ‘muerte cruzada’ decretada
