Buscando elegir los mejores profesionales para ejercer el control de los recursos públicos dada su preparación académica, experiencia y trayectoria en control fiscal, fue como acertadamente se modificó en 2019 el proceso de elección de los contralores municipales, distritales y departamentales en el país.
El proceso meritocrático diseñado es sencillo: quienes cumplan los requisitos se presentan a un examen de conocimientos en temas relacionados con administración pública y control fiscal cuyo valor es de 60 %.
Luego, quienes pasen el examen se les valora su experiencia, producción y preparación académica, docencia y publicaciones que suma un 40 % más para, de esta forma, preseleccionar una terna con los mejores calificados que será presentada al Concejo o la Asamblea de donde se elegirá al contralor (a) del respectivo municipio, distrito o departamento.
Se aseguraba, de esta forma, que a la terna llegaran los mejores a pesar del margen político que se le endilga al concejo o asamblea con la elección. Así las cosas, muchos profesionales que han trabajado en estos temas y excelentes servidores públicos se vieron motivados a postularse ya que las reglas de juego ahora privilegian “en la teoría” la preparación (meritocracia) sobre las prebendas políticas.
Sin embargo, el proceso se vició. Los mandatarios locales y las corporaciones públicas no querían perder la influencia que habían ganado durante años en las contralorías. Los ratones que cuidan el queso (recursos públicos) deberían seguir guardando silencio frente a la corrupción de las administraciones territoriales y, para ello, era necesario ungir a personas cercanas a los mandatarios.
Dado que los concejos y las asambleas deben contratar universidades para que elaboren y apliquen el examen, se han generado relaciones perversas con apariencia de legalidad con estas instituciones para influir en los resultados de los exámenes que se aplican.
El resultado es que “milagrosamente” personas con poca o nula trayectoria en control fiscal y conocida cercanía con la administración territorial terminan obteniendo los mejores puntajes. De esta forma, queda el camino fácil para que luego sean elegidos por el concejo o la asamblea.
Así lo denunció Carlos Fernando Pérez, presidente de la junta directiva del Consejo Nacional de Contralores en 2021 al referir varios casos puntuales que resulta necesario revisar. La falta de transparencia ha convertido a las universidades que se contratan para estos procesos en cómplices y coautoras de un proceso corrupto que infla resultados a los candidatos que tienen cercanía con la administración, en lugar de brindar garantías en la parte meritocrática que les corresponde apoyar. (Véase el artículo: Denuncian irregularidades en elección de contralores, Nuevo Siglo, octubre 27, 2021)
Santander, Cundinamarca y Boyacá son ejemplos de departamentos donde el contralor elegido fue el ungido de la administración. Sus puntajes coincidieron con ser los más altos en los exámenes y lo propio acaba de ocurrir en Bogotá donde se está desentrañando un acuerdo burocrático que involucra a altos dignatarios de la Contraloría General con varios concejales de la ciudad que tienen familiares cercanos ocupando cargos en esa entidad como antesala a elegir el ungido para la Contraloría de Bogotá.
Semejante situación evidencia que concejales y diputados no les basta elegir contralor(a) de una terna honesta a la puedan llegar los mejores (meritocracia) si las universidades hicieran bien la tarea, sino que deben imponer sus candidatos a toda costa en la terna gracias a la complacencia de las universidades que adelantan estos procesos y cuya reputación está por el suelo con su falta de ética y transparencia.
En un país donde la avaricia es insaciable, los entes de control no podían quedar incólumes y por ello se manosean para evitar que desempeñen con altura su función constitucional.
Transcurridos varios procesos cuestionados de elección de contralores territoriales, en especial en los últimos meses, es correcto afirmar que no existe confianza ni control en este mecanismo recientemente reformado.
Se carece de imparcialidad, objetividad y mérito ya que las universidades se convirtieron en agentes serviles de las mañas que les proponen las corporaciones y administraciones públicas debido a su temor a que las vigilen como debe ser.
Ante las reclamaciones de los candidatos que participan honestamente por los altos puntajes que obtienen los amigos de la administración territorial la respuesta es la misma: el examen se aplicó de la forma debida sin ningún sesgo, algo que se sabe no es cierto. Si se presentan tutelas, los jueces al final terminan diciendo que el proceso es correcto y no encuentran méritos para tumbar el examen ya que cabalgan sobre la reputación que las mismas universidades dicen tener.
Veamos el caso de Bogotá con mayor atención. La Universidad San Buenaventura (sede Medellín), que fue prácticamente la única universidad que se postuló para efectuar el proceso de elección de contralor, publica unos resultados donde 3 funcionarios de la Contraloría General de la República obtienen los mejores puntajes, casi perfectos (96, 93 y 89) y alejados de la media de los demás participantes en una prueba compleja para expertos que la presentaron por el nivel de detalle y variedad de temas involucrados.
Luego se descubre que los integrantes de la mesa directiva y otros concejales de Bogotá tenían familiares trabajando en la Contraloría General, de modo que el paso a seguir ya estaba cantado: devolver el favor con el voto para contralor de Bogotá a uno de estos funcionarios de modo que todo quedara entre amigos.
El evidente conflicto de interés que enloda a los concejales y al que obtuvo el mayor puntaje en la prueba está opacando los resultados cuestionables de la misma prueba de conocimientos que han generado sendos cuestionamientos en los demás participantes, muchos de ellos con demostrada experticia en estos temas y posiciones destacadas en la academia quienes no salen del asombro con la “perfección” que lograron los primeros puntajes.
¿Qué pasará? Uno de dos escenarios. Los participantes honestos recurrirán a los medios legales que les sea posible para demostrar el evidente fraude y pacto perverso del proceso de elección que ya estaba cocinado, o los jueces argumentarán que no hay “evidencia” de alguna falla (conflicto de interés, concierto para delinquir, fraude por aparente falta de pruebas) permitiendo que se geste el acuerdo y, peor aún, permitiendo que a la Contraloría de Bogotá llegue un representante cuya legitimidad afectará la propia imagen de la entidad en su función.
La conclusión es sencilla: mientras se siga permitiendo que funcionarios públicos se elijan entre ellos, a pesar de existir un mecanismo meritocrático que a todas luces es vulnerable, no tendremos calidad y objetividad en los órganos de control responsables de cuidar el recurso público. Algo similar ocurre con las personerías donde los concejales utilizan la entrevista como instrumento para manipular el resultado. ¿Hasta dónde llegará la sed de poder y dinero de nuestros políticos?
