El asunto está sobredimensionado, pero si lo es, es porque existe una mala lectura sobre el fenómeno. La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, es la acción y el efecto de corromper; es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, perversión y desmoralización. Aplicando tales acepciones al campo social o político y para efectos didácticos, decimos que corrupción es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal imperante para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros.
El 11 de enero, oyendo por la W Radio al presidente del partido de la U, queda el oyente honesto petrificado con las respuestas a los cuestionamientos sobre los avales políticos dados a los aspirantes y los que se van a reelegir a los próximos comicios parlamentarios y que son cuotas, hermanos, primos y amigos de los congresistas presos por diversos actos de corrupción. Dice Iragorri que no existe una norma para inhabilitar a los mismos porque hasta el momento no han sido juzgados y condenados y, nos referimos a los Musa Besaile, Tous, Elías. Hace recordar las palabras de un ex cuando pedía a los suyos, afectos al poder, “votar antes de que fueran presos”
James Madison, precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó "el fin de toda constitución política, debería ser, conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial".
La corrupción posterga la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos ya que implica un costo económico sumamente alto generando pobreza y miseria. Y eso es lo que está pasando en Córdoba y otras latitudes del territorio nacional. La realidad muestra la abismal diferencia entre lo que está consagrado en la ley y la actividad política.
Ahora bien, la relación entre la ética y la política, que ha sido siempre un tema inevitable por una razón fundamental: ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien. “El bien es el fin de todas las acciones del hombre”, dice Aristóteles.
La situación anterior no ocurre el departamento cuestionado. La desigualdad en ese territorio desde hace rato presenta niveles malsanos y perversos y ¿qué han hecho los políticos para enfrentar esa problemática? Las mismas castas familiares han pasado de agache. Las condiciones sociales de la población están en el rango 1 de ingreso, la infraestructura y niveles en educación raya con la amoralidad burocrática. El déficit de vivienda es monumental y, las posibilidades de trabajo escasas o nulas.
En mis 60 años de vida jamás he visto adelantos en los ítems citados anteriormente. Como antropólogo y estudioso de la realidad social, mis coterráneos no han podido superar sus niveles para dignificar sus vidas. Cinturones de miseria los encontramos desde la capital, Montería, hasta en cada uno de los municipios de la jurisdicción. Viajemos a Tuchín, Chimá, San Andrés de Sotavento, Purísima, con una gran influencia de comunidades indígenas zenúes. Su dirigencia cabildante vive en palacios construidos como las casas del barrio El Recreo (Montería, estrato 20) y la mayoría de los asentamientos no tienen ni han tenido proyectos de vivienda, ni acueducto. Reto a la parlamentaria Yamina Pestana, hermana del prófugo dirigente indígena Pedro Pestana, a que me muestre alguna directriz de política pública para trabajar en proyectos que reivindiquen las aspiraciones sociales de los hacedores del sombrero vueltiao.
En fin, solo esto es Córdoba, pero la reiteración del asunto público en materia de corrupción, se da en lo ancho y largo del país. Decía Larrea Santos "Si no se diseña una doctrina constitucional vinculada a los auténticos intereses populares, se seguirán produciendo legislaciones constitucionales, ya sea por la vía de una asamblea constituyente o de las consultas populares, pero no se habrá cambiado el sistema con base en a una doctrina clara que privilegie a los indiscutibles valores de la justicia, la libertad, la dignidad y la paz".
Y también lo decía la CEPAL en 1997 "No es suficiente para evitar o erradicar la corrupción con la voluntad política de un gobernante austero en su gestión, que rechaza la frivolidad, el abuso del poder, y que sufre con la indiferencia ante las aflicciones que afectan a los pobres. Es necesario que todos sean honestos, en todos los actos de su vida pública o privada. El testimonio personal de honradez, sacrificio, sencillez y solidaridad es el mejor antídoto contra la corrupción. Como se ha escrito, no puede prosperar un gobierno honesto en una sociedad corrupta".
Si no denunciamos problemas graves frente al fenómeno de la corrupción, la impunidad intacta, la politización extrema, la tolerancia y la amoralidad ciudadana, el atraso legislativo, la burocracia y también putrefacción en los organismos de control y juzgamiento, la desconfianza ciudadana en las instituciones del país, refleja un cuadro dramático y demuestra lo complejo de la situación. Necesitamos un compromiso, una firme obligación pública y privada, política y civil, de adultos y jóvenes, de todas y todos para forjar la nueva tierra que anhelamos. Lo anteriormente citado es decididamente correcto, si la democracia es la forma de vida que necesitamos para vivir honestamente para erradicar la corrupción del sistema, no hay regímenes de gobierno inmunes a la corrupción lo que existen son hombres honestos, funcionarios probos que moviendo los engranajes teóricos y formales que el sistema procura para gobernar un país, pueden erradicar la inmoralidad pública. Votemos por ello, en Córdoba y Colombia existen académicos, políticos, dirigentes sociales que cumplen estas expectativas.
