Cuando hablamos de corrupción de acuerdo a Transparencia por Colombia nos referimos al “abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.
Colombia a través de los años ha venido siendo sacudida por grandes casos de corrupción, donde el patrimonio público se ha visto socavado, las finanzas públicas han sufrido un gran detrimento, se han dejado múltiples obras inconclusas, se han apropiado gran cantidad de recursos, se han perdido o deteriorado bienes, sin que en muchos casos nadie responda ante la justicia por la conducta antijuridica desplegada.
En la actualidad se ha desatado una gran tormenta por los indicios de actos de corrupción adelantados por Juan Fernando y Nicolas Petro, hermano e hijo del primer mandatario de los colombianos, quien solicito a la fiscalía general de la nación investigar el actuar de sus seres queridos y determinar sus posibles responsabilidad, dejando claro que "Quien quiera interferir en el propósito de lograr la paz, o sacar provecho personal de esto, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia".
Desde todo punto de vista es reprochable, condenable y repudiable si se establece que los familiares del presidente actuaron de manera indebida y antijuridica, puesto cubrirían con un gran manto de duda las gestiones adelantadas por el actual gobierno con el propósito de alcanzar una “Paz Total”, y por ende debe recaerles todo el peso de la ley, para demostrar la premisa que “La Ley entra por casa” y que para la justicia no existen intocables o existen corruptos de cuello blanco.
Lo ilógico e inentendible, es que los que hoy critican las posibles conductas del hermano y del hijo del presidente, en otra época mantuvieron un silencio cómplice ante actuaciones dudosas, descaradas y poco transparentes de familiares y altos funcionarios de anteriores gobiernos.
Pareciera que en Colombia la corrupción o el delito se debe penalizar, condenar o combatir de acuerdo a la ideología política, hemos polarizado la sociedad hasta el punto que si la vicepresidenta utiliza para desplazarse por seguridad un helicóptero, la satanizamos, pero en otra hora afirmamos que no hubo ninguna clase de infracción a las normas vigentes cuando la primera dama, sus hijos y 7 invitados utilizaran un avión de la fuerza aérea para visitar el parque temático Panaca en Quimbaya Quindío.
Debemos condenar un gobierno por la supuesta denuncias por financiación irregular de su campaña, aunque por el momento se base en la manifestación de una exesposa, pero desechemos los audios y grabaciones que existen en la financiación ilegal de otros mandatarios, o que las actuaciones reveladas de los hijos de un expresidente con las famosas zonas francas y de la anterior primera madre de la nación ante la Sociedad de Activos Especiales “SAE” tengan menos implicaciones jurídicas, ante la critica y la opinión publica que las actuaciones desleales y corruptas del hermano e hijo del actual presidente.
Es hora que la justicia colombiana actúe de manera ejemplar, independiente y sobre la base, que el trasgresor de la norma jurídica debe ser castigado, sin importar su ideología, color político, estatus o posición social. Solo así podremos experimentar un verdadero cambio, donde la guerra contra la corrupción se haga sin distingo, estamos a tiempo, la condena a la corrupción debe ser general, radical e implacable, sin importar si viene de izquierda o de derecha, de familiares del presidente o del vendedor ambulante.
