Resulta perfectamente comprensible que muchos investigadores colombianos hayan encendido alarmas ante el anuncio de Colciencias de empezar a evaluar su producción científica con los criterios de ISI y Scopus.
Esto implica —entre muchas otras cosas— que su producción intelectual será juzgada de acuerdo con criterios internacionales que permitan determinar su calidad. Quienes respondan a ciertos niveles exigidos, podrán gozar de incentivos tales como recursos para investigación, becas doctorales, ascensos de carrera, etcétera. Si una universidad, grupo de investigación o investigador, responden a los estándares internacionales propuestos, le premian, lo que en teoría debería derivar en un circuito de mejoramiento de todo el sector científico y académico del país.
En teoría, porque la realidad es otra.
El esquema propuesto por Colciencias ya tiene otros antecedentes en ejercicio que permiten determinar bien lo que ocurre en nuestro país.
El primer problema que presenta este modelo radica en la naturaleza misma de los criterios que se usan para evaluar. Los investigadores, con razón, preguntan en qué medida unos criterios importados de otras realidades académicas, fundados en la lógica de la investigación en ciencias básicas, relacionados con otros modelos de financiación de la academia o armonizados con ciertos tipos de intercambio comercial del conocimiento, pueden ser utilizados para regular la investigación en todos los distintos campos del saber en Colombia.
Y aún más en el fondo, el problema radica en que estos criterios guían los incentivos estatales y privados con los que se regula la actividad misma de la investigación y la profesión docente. Desde hace mucho tiempo, Colciencias y las universidades se han mezclado en una espiral perversa en la que la prenda de garantía de los grupos de investigación, orbita alrededor de unos criterios cuantitativos y cualitativos de los cuales depende la existencia misma de los grupos, su sostenibilidad financiera e incluso el sistema de bonificaciones económicas y ascensos de los investigadores-docentes.
En teoría, esto debería motivar a todo el sistema a mejorar, pero en la realidad, y bajo el amparo de la ineficiencia y la mediocridad técnica, ello se presta para la corrupción y el declive de la calidad. En Colombia, hay que decirlo, la academia está presa de muchas prácticas deshonestas que los encumbrados científicos y profesores prefieren disimular. Tristemente, en el país pululan los falsos positivos académicos.
Así ocurre con aquellas universidades que no encuentran ningún problema en pedirle recursos al Estado, a través de Colciencias, con grupos de investigación cuya existencia real no está validada más allá de los sistemas de información. Con investigadores, tiempos de dedicación, publicaciones, procesos de socialización e investigaciones “fantasmas”, los grupos aseguran los puntajes necesarios para ganar incentivos estatales y, cuando se les pregunta por qué proveen datos de manera irregular, simplemente dicen que olvidaron eliminarlos de las bases de datos, que están desactualizados o que no cuentan con todos los soportes de validación.
Pasa entonces que no siempre los grupos de investigación le juegan limpio a Colciencias y ello les permite acceder a recursos públicos para financiarse. Es decir, un robo descarado de recursos del Estado. Pero pasa también, que los sistemas de información y verificación de Colciencias son tan precarios, que los errores técnicos se convierten en la mejor excusa para taparse entre todos con la misma cobija de la mediocridad.
Cuando se trata de repartir los limitados e insuficientes recursos públicos para la investigación, está muy bien que Colciencias exija calidad ¡Esa es su razón ser! Pero si la calidad no está atada a un conjunto de procedimientos de medición, sistematización, validación y fomento realmente pertinentes y acordes con las variadas realidades de la investigación, pues hay problemas. La calidad investigativa no solo se exige, sino se construye y se forma con el sector.
Sin embargo, también es cierto que los investigadores han sido menos proactivos de lo que deberían ser con relación a esta discusión. Se quejan de los criterios con los que los miden, pero tampoco han hecho propuestas creativas, objetivas, responsables y serias de cómo podrían ser medidos, particularmente en el campo de las ciencias sociales y las artes. Se quejan cuando les aplican el tamiz, pero tampoco han ayudado a construir uno mejor.
Pero además, las universidades, públicas y privadas, han sido francamente hipócritas en todo el proceso. Cuando les ha servido la ineficiencia y el caos del sistema estatal, se han amparado en él para captar hábilmente los recursos públicos. Pero ahora que les resulta incómodo para su propio “prestigio” y sostenibilidad, ponen el grito en el cielo.
En esta “polémica” pasa como siempre en este país: los rectores, docentes e investigadores se sienten muy cómodos exigiendo “calidad” y quejándose porque el sistema es mediocre, pero cuando les exigen “hacer y construir” la calidad que pregonan, bajan la mirada, se quedan callados y prefieren la vulgar inercia que tiene a la educación superior en los niveles que todos conocemos.
Los investigadores dicen que no le creen a Colciencias, pero también hay muchas cosas que nos hacen sospechar de las prácticas de investigación en Colombia. La exigencia de calidad no debe ser negociable, pero si se deberían construir colectiva y proactivamente los criterios de calidad.
