Consecuente con los frustrados intentos por retomar una comunicación directa y oportuna con el director general de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, Yesid González Duque, o en su defecto con la asesora de dirección, área de comunicaciones, Nathaly Martínez Ariza, me veo en la obligación de escribir esta manifestación pública, haciéndoles caer en cuenta del tremendo error que están cometiendo al pretender insistir en imponerle censura a este medio de comunicación.
Primero, por las pataletas que les dio cuando en completa libertad publiqué un artículo-editorial, que ellos creyeron, tal vez pensando en que teníamos una pauta contratada el año pasado, que deberíamos someter nuestro oficio y pensamiento a su revisión para aprobación, lo cual considero un absurdo ; segundo, porque después de un año de cumplimiento de aquel contrato, cuando leyeron el editorial, curiosamente descubrieron que no se podía liquidar ni pagar porque en un exceso de tardía rectitud encontraron un supuesto error de forma (correo del 25 de febrero de 2016, 18:24) que, ante la apelación nuestra, desapareció tal como había aparecido (correo del 29 de febrero de 2016, 11:42); y tercero, porque en otro berrinche que les dio procedieron a bloquearnos de sus contactos y correos para evitar la comunicación y las solicitudes de informaciones que les deben a las comunidades caucanas a través de los medios de comunicación.
En estas circunstancias tenemos que informarles a González Duque y a Martínez Ariza, que no permitiremos que utilicen la entidad como un negocio privado porque la Corporación es una entidad pública y que como director y asesora, son simplemente servidores públicos y no otra cosa, y lo que en su interior ocurra debe ser absolutamente visible todo el tiempo para todos los ciudadanos; recordarles que no pueden utilizar los recursos de la entidad para sus asuntos personales, por ejemplo, los correos desde los cuales fuimos bloqueados tienen la extensión @crc.gov.co ([email protected], [email protected], [email protected]) lo cual indica que es la institución que representan, no las personas naturales, la que nos niega cualquier comunicación, lo cual amerita, desde ya, una investigación por parte de la Procuraduría competente. Advertirles que no nos interesa su amistad personal si no quieren brindarla, pero no pueden intentar negar la información porque es otra violación a normas legales sobre transparencia, a la libertad de información, que puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas, y además, es un derecho humano fundamental reconocido por el derecho internacional.
No es con pataletas como se le cierra el acceso a la información a la ciudadanía; la legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.
La democracia exige que los ciudadanos sean capaces de participar efectivamente en la adopción de decisiones y de evaluar el desempeño de su gobierno. Esa participación depende del acceso a las diversas informaciones en manos de las entidades públicas, y ayuda a que aumente a un tiempo la eficiencia y capacidad de respuesta y la confianza cívica. Lo contrario lo pone a uno a dudar, por tanta corrupción que se denuncia en este país, y que se sustenta en la poca información que tienen los ciudadanos sobre el uso que los administradores hacen de los recursos públicos.
No puede una institución como la CRC tratar de limitar el dinamismo de la sociedad civil, incluido el activismo de los medios de comunicación que abogan por la transparencia en la vida pública; por eso es necesario promover un cambio de mentalidad en el sector público y sacar provecho de la electrónica y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para llevar a la práctica la libertad de información y desarrollar medios para alentar la participación ciudadana y promover una mayor transparencia.
Y para ratificarnos en lo dicho en el citado editorial sobre el inminente cambio climático, que no fue debatido como debería haber sido, sino vindicado, es necesario que cambiemos los paradigmas que nos han conducido a lo que hoy son nuestros campos y ciudades y convoquemos la participación ciudadana para conocer iniciativas cívicas de sostenibilidad urbana y rural; es decir, que nos apropiemos de nuestros territorios, que des-burocraticemos el medio ambiente para exigir a los alcaldes, dirigentes, empresarios y corporaciones autónomas regionales una verdadera gestión armónica con la naturaleza. Un ambiente sano es calidad de vida, pero para lograrlo debemos crear modelos de pensamiento solidario para construir una sociedad en mejores condiciones de convivencia y prosperidad para todos.
Es más, los ciudadanos son los únicos que pueden, y deben, recuperar el ambiente, las cuencas del bosque que rodeaba los cursos de agua, recuperar la vegetación nativa en los páramos y proteger los humedales, reforestar cerros sobrexplotados por la minería legal o ilegal, por los cultivos agroindustriales, etc., asuntos que nunca se lograrán desde los escritorios de pedantes funcionarios que permiten lo contrario, sin compensación ambiental, y que pasan fácilmente de ser servidores públicos a creerse amos o dueños de las instituciones que debieran seguir siendo públicas.
