Presionado por la movilización social el gobierno Duque lanzó “La Gran Conversación Nacional”. Se trata en realidad de tres escenarios de encuentros con los ciudadanos, con sectores sociales y regionales en los que se busca recoger propuestas para resolver las múltiples demandas e inconformidades expresadas por la sociedad colombiana, agrupadas en seis ejes de discusión: transparencia, y lucha contra la corrupción, educación, paz con legalidad, medio ambiente, fortalecimiento de las instituciones y crecimiento con equidad. De acuerdo al cronograma del gobierno nacional esta conversación se extenderá hasta el 20 de marzo de 2020, sin embargo, desde su lanzamiento oficial arrancó con pie izquierdo.
Hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo en los temas de educación, paz, medio ambiente y transparencia y se abrió la fase regional en Cali con el tema de crecimiento y equidad. No obstante, no se advierte certeza sobre la ruta de trabajo, la dinámica de la discusión ni los resultados que se esperan en el mes de marzo, tampoco existe una agenda previa para facilitar la participación de los sectores interesados. La descoordinación es tal que se inició la segunda fase de la conversación y no se encuentran las memorias ni los acuerdos o propuestas establecidas en las primeras discusiones realizadas. En estricto sentido, las mesas temáticas son muy parecidas a los talleres Construyendo País, pero esta vez sectorializados. A pesar de que el presidente Duque se había comprometido a escuchar sin condiciones, se constata que la primera parte de la discusión es un monólogo de los ministros defendiendo las apuestas del gobierno, estableciendo inamovibles en cada uno de los temas, argumentando la legitimidad de la gestión y la existencia de un plan de desarrollo que es la ruta de navegación del país, el cual no puede ser modificado, y, por último, es una conversación sin posibilidad de réplica.
La conversación tampoco es para todos. El gobierno no ha accedido a crear una mesa paralela con las organizaciones promotoras del paro nacional, desconociendo a miles de ciudadanos que apoyan la movilización. Su estrategia ha estado encauzada a poner en escena espacios paralelos de conversación que no cumplen con las reglas mínimas del diálogo abierto, transparente y que apunten a la negociación. De acuerdo con los datos de la Presidencia de la República hasta el 9 de diciembre cerca de 600 personas han participado en las mesas temáticas instaladas. La convocatoria, agenda y tiempos determinados se encuentra a cargo de las entidades públicas; la moderación y las metodologías utilizadas en las mesas han sido definidas por el equipo del gobierno sin contar con la participación de otros sectores. Al respecto, en la mesa de paz se planteó el descontento sobre la convocatoria debido a que no se contaba con representación de las Farc, de las redes que vienen apoyando la implementación de los acuerdos, ni tampoco los negociadores del gobierno Santos.
La pregunta insistente es: ¿para qué la conversación nacional? Cada vez es más evidente que se trata de una estrategia para contrarrestar los altos índices de impopularidad del gobierno, ahogar la movilización social y pasar de agache las polémicas reformas que se discuten en el Congreso. A la par del funcionamiento de la conversación nacional y de las protestas ciudadanas se votó, en primer debate, la ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional y se creó el holding del Estado denominado Grupo Bicentenario. Adicionalmente, poco a poco se va descubriendo que el gobierno y las bancadas más cercanas estaban preparando una reforma laboral y pensional, algo que se había negado permanentemente. Sumado a ello, el presidente ha afirmado en varios espacios públicos que no está dispuesto a negociar su plan de programa de gobierno ni discutir el desmonte del Esmad o examinar los trece puntos del pliego presentado por el comité coordinador del paro nacional. Además, es cuestionable el papel que cumplen los partidos políticos como el Liberal que de día salen a apoyar el paro nacional y en la noche aprueban estas reformas.
Otro asunto que le quita legitimidad a la conversación tiene que ver con la estrategia de Duque de culpar a los demás de sus propias desdichas y el incumplimiento de las promesas hechas en campaña. Las intervenciones del presidente han sido desafortunadas, de manera especial, al señalar que la movilización se creó con noticias falsas y reduciéndola a un sector liderado por el senador Gustavo Petro y el Foro de Sao Paulo, de quien dice lo quiere tumbar. A ello, hay que añadir los mensajes de la ministra del Interior descalificando la protesta pacífica como mecanismo de participación ciudadana. Si bien, hay un sector cada vez más minoritario que copia estos mensajes, para la mayoría de la población se trata de un gobierno sin autocrítica, corporativo, lejano a la realidad nacional, y que desestima las demandas ciudadanas.
Aunque el presidente ha movido sus fichas para integrar a Cambio Radical en el gobierno y limar asperezas con el liberalismo liderado por César Gaviria, en la perspectiva de ampliar sus apoyos políticos, el camino que tiene hacia adelante es bastante difícil para quitarle el impulso a la expresión ciudadana articulada en múltiples organizaciones, la clase media, las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas, sindicales y los ambientalistas, entre otros. Es un hecho que las movilizaciones ciudadanas está expresando una serie de demandas de cambio en relación con la corrupción, la desigualdad, la violencia, el incumplimiento de los derechos y del acuerdo de paz y con la actuación de la élite política. Esta ciudadanía representada en el paro nacional no está dispuesta a dejar pasar más tiempo en conversaciones sin transformaciones reales; el amplio descontento se evidencia y lo constata el cúmulo de iniciativas y propuestas que se han presentado. Es clara la exigencia de cambios en diversos ámbitos que implican necesariamente el diálogo, la negociación y los acuerdos entre diversos. Esta ciudadanía se caracteriza por estar informada, por utilizar todos los canales disponibles para difundir su mensaje, por abrir escenarios de diálogo y por llegar a acuerdos y cambios que reflejen una Colombia más democrática, equitativa, en paz y con derechos.
Si bien es claro que Duque lleva poco más de quince meses y que los problemas mencionados tienen un largo historial, el contexto actual le exige un cambio en su programa de gobierno más inclinado hasta el momento hacia el empresariado y el partido de gobierno. Paradójicamente, en este escenario tampoco cuenta con las mejores condiciones de apoyo y de respaldo. Los mensajes del exministro Londoño pidiéndole que se apartara del cargo en medio del paro nacional, las críticas que ha recibido luego de la debacle electoral territorial creciente y las quejas del sector radical del Centro Democrático que lo considera como un líder débil, desgastado y sin mano dura, son una advertencia de que no le dejarán pasar ninguna concesión a la protesta pacífica ni a los sectores sociales que buscan transformaciones en la agenda política impuesta por el uribismo. De todas formas, el autoritarismo, el cerramiento al diálogo y a la negociación, la desestimación de los problemas y el discurso de que todo está bien no es el camino para mitigar el descontento y demandas ciudadanas.
