Las mayorías nacionales, regionales y locales, de diversas formas y desde hace años, están manifestando descontento por los resultados del ejercicio del poder público.
Las manifestaciones públicas masivas de los últimos días notifican al gobierno de turno que se llenó la copa y formulan exigencias específicas sobre la aberrante inequidad socioeconómica, la corrupción rampante que tolera el régimen, la impunidad y el clientelismo.
Resolver esas demandas genera condiciones de desarrollo socioeconómico equitativo. He ahí la dificultad. Aunque deben ser acuerdos de soluciones por consenso, dicho consenso no debe ser entre gremios económicos. Ahí están los eslabones peligrosos y no confiables del actual gobierno y su partido, si así puede llamarse.
Desde la selección de su gabinete y fronda burocrática marcó el sesgo del oportunismo, la mezquindad, la irresponsabilidad política, todo con la impronta del diabólico uribismo. Es el talón de Aquiles del actual gobierno, que le garantiza fracaso administrativo y desastre socioeconómico para las mayorías nacionales.
El manejo de las finanzas y el patrimonio público lo hace el gobierno a través de burócratas secuaces, afines a los objetivos del sector económico-social que representa y que recibe exorbitantes beneficios del Estado.
Los responsables del desastroso ejercicio del poder son burócratas secuaces, incondicionales, maleables y sumisos a órdenes, ciegos dogmáticos del modelo económico, con lo que garantizan el monopolio del poder económico y político. Es estrictamente lo que ocurre en Colombia.
Ese panorama siniestro del poder en Colombia es un hecho. Explica por qué las naciones no progresan. Explica por qué el 1% de la población del mundo y de Colombia es dueña del 99% de las riquezas respectivamente, consecuencia de la arribista posición de gobernantes ante el siniestro poder económico político-económico, nacional y transnacional.
En disertaciones posteriores al lanzamiento del libro El capital en el siglo XXI (U.NAL), Thomas Piketty precisó: en Colombia el 1% es propietario del 99% de la riqueza de la nación y el 99% de ciudadanos colombianos es propietario del 1% de la riqueza nacional. Similar a EE. UU. y a la mayoría de países desarrollados. La tendencia es a concentrarse más la riqueza, como ha ocurrido en los últimos años, especialmente a partir de la vigencia del consenso de Washington.
Todo ocurre dentro del marco jurídico-legal impuesto por el régimen gobernante a las mayorías nacionales. Y es lo que genuinamente representa y defiende el presidente Duque con derroche de cinismo y contumacia.
Resolver la encrucijada socioeconómica-política colombiana exige un gran acuerdo nacional que responda positivamente al malestar socioeconómico y político ciudadano expresado en las manifestaciones públicas. Este debe fundamentarse en rectificación y restructuración del modelo económico-político vigente, de tal manera que garantice equidad socioeconómica mediante eliminación de la corrupción, la impunidad, la laxitud jurídica y la anarquía y complicidad institucional.
Las mayorías nacionales para resolver el cúmulo de problemas socioeconómicos, políticos y fiscales son la única herramienta de la que dispone es la protesta social.
La crisis, socioeconómica y fiscal es inocultable e insostenible en el inmediato y mediano futuro. El gobierno anuncia reforma tributaria integral y otras reformas, bajo el sofisma de ley de financiamiento y ahora de crecimiento. Pero el objetivo es reducir la tributación empresarial en $9.0 billones anuales, exonerarlos de pago de aranceles por importaciones de bienes de capital, con lo que deja de recaudar más de $6.0 billones, más lo que se prevé dejará de recaudar con el embeleco de la economía naranja, entre otras. Son reformas para reducir tributación a los grandes contribuyentes bajo el engañoso sofisma de generar empleo y fortalecer el desarrollo industrial.
Es la golosina con que pretende justificarla. No desmonta exenciones y deducciones, ni seguridad jurídica perversa a los grandes inversionistas.
