La contratación electrónica para combatir la corrupción

La contratación electrónica para combatir la corrupción

'Los nuevos desarrollos tecnológicos harán más transparentes los procesos y reglas sobre las transacciones comerciales y contractuales de bienes, obras y servicios'

Por: Douglas Velásquez
agosto 27, 2015
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La contratación electrónica para combatir la corrupción
Foto: tomada de rendiciondecuentas.org.mx

En la contratación pública la corrupción ha alcanzado niveles imprevistos. La justicia está llena de denuncias, algunas por intereses políticos, y las cárceles se atiborran de funcionarios y empresarios contratistas delincuentes o sospechosos. También se usa como herramienta de desprestigio para afectar al contrincante político, especialmente en la transparencia de la contratación a nivel regional donde el asunto es más grave. Los recursos de la sociedad se van a los bolsillos de los corruptos, y por la mecánica implicada, nadie puede hacer nada, un verdadero atentado contra al Estado social de Derecho que llena incertidumbres y desconfianza la democracia.

¿Ha fracasado el Estado colombiano en la consolidación de políticas y normas legales de gestión que atajen este fenómeno cultural de enriquecimiento fácil con los dineros públicos? Nosotros creemos que la corrupción en la contratación pública se puede controlar y erradicar con voluntad, educación y responsabilidad política y social, utilizando los nuevos avances tecnológicos que garantizan absoluta transparencia e implican dejar atrás el concepto del Estado Gendarme, para pasar al Estado tecnológico y el ciudadano interventor. Hablo de aprovechar las TIC que mejoran los medios de comunicación e información de la sociedad en sus niveles políticos, técnicos y económicos, interrelacionando  en una aplicación al Gobierno, los proveedores, oferentes y la sociedad en la contratación de bienes, obras y servicios y frenando en seco el famoso principio que hecha la ley, hecha la trampa. Sin duda, los nuevos desarrollos tecnológicos harán más transparentes los procesos y reglas sobre las transacciones comerciales y contractuales de bienes, obras y servicios, permitiendo que los oferentes, proveedores nacionales y extranjeros puedan participar en igualdad de condiciones, limpios de coimas.

El Gobierno Electrónico, Gobierno en Línea, e-goverment, e-procuremen, infogobierno, cybergobierno, Gobierno Digital, etc., son instrumentos básicos utilizables para la Contratación e Interventoría ciudadana electrónica. Estos ofrecen nuevas formas de soportar el mejoramiento del gobierno, conectando al ciudadano, construyendo interacciones con la sociedad civil. Se trata de recurrir a la nueva era de la tecnotrónica, sociedad postindustrial, sociedad de la información y del conocimiento. Una oferta de servicios en línea, entendida como la manera de facilitar la disponibilidad de la información, tramites, procedimientos, etc., que supone un sistema organizado en etapas de desarrollo, procesos internos de la función pública y en las relaciones de ésta con la sociedad y el comercio.

Con la participación de la Veeduría Ciudadana en Gobierno Electrónico y la contratación pública se genera una nueva cultura gubernamental y expresión de nuevas formas de gestión pública. En la medida que las administraciones soporten sus procedimientos en ellas, superan el burocracia y la intervención de mediadores y lobistas, aumentando legitimidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en procura de mayor legitimidad a los procesos de contratación donde el Estado como mayor proveedor, comprador de bienes y servicios queda a disposición de la ciudadanía de manera más fácil y rápida. Las regulaciones, normas, datos económicos, indicadores de desempeño, políticas públicas, informes de gestión, reportes estadísticos, oportunidades de negocio, decisiones administrativas y, en general, todo tipo de información que hace parte del día a día de la función de la administración pública se pone ciertamente a disposición de cualquier ciudadano sin consideraciones de modo, tiempo y lugar.

El autor es Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Público e investigador en TIC de la Universidad Santo Tomás, Bogotá D.C.

 

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