Vivimos en una época llena de complejidades, la crisis llega por todo los lados y si fuera poco no paran de sonar los problemas del diario vivir de la realidad política en Colombia. La lucha por la tierra y la defensa por el territorio se han convertido en una de las grandes consignas que demandas las organizaciones, movimientos, colectivos y grupos sociales al interior de sus comunidades.
En los últimos meses, se ha venido generando una polémica sobre el carácter, impacto y legalidad de la consulta popular. Además, de su significado para la democracia, el sentido del voto, la participación y la decisión política que asumen los pueblos entorno a sus territorios. Por supuesto, el choque argumentativo entre el Estado y la autonomía de las entidades territoriales demuestra una vez más otra contradicción del centro frente a la periferia. Es parte de la caja de resonancia que vivimos en la tierra de Macondo en medio de un proceso de paz que va lento, cojeando y con muchos vaivenes por parte de sectores ajenos a la paz, la defensa de los territorios y la autodeterminación de las comunidades.
Una clara muestra de este panorama tan volátil entre la autonomía del Estado y el poder organizado de las comunidades ha sucedido con el pueblo de Ortega (Tolima). La tierra donde Quintín Lame constituyó la lucha por el gran resguardo de Ortega – Chaparral, la necesidad de ir incursionado por un tipo de educación para las comunidades, y el gran referente de la causa indígena en defensa del territorio, la vida, el agua y la tierra todo enfocado bajo el sentido de la unidad de las comunidades.
Ahora los diferentes colectivos, organizaciones y grupos indígenas, mestizos, mujeres, comerciantes entre otros, tiene el reto de llevar a las urnas la iniciativa de la Consulta Popular en Ortega. Los datos son interesantes comenta uno de los voceros y organizadores de la propuesta, James Ducuara: “Ya salió el resultado de las firmas, los ortegunos estamos de fiesta, cinco mil, cuatrocientas treinta y siete 5437 firmas válidas... La ley nos exigía el 10% del censo electoral, unas 2.400. En Ortega recolectamos más del 20%. ¡Qué viva la consulta popular!”
En efecto, el proceso ha tomado una serie de aristas y controversias. Por un lado, la multinacional (petrolera) HOCOL ha radicado ante la Registraduría municipal una acción en contra del estudio técnico de las firmas, lo que implica deslegitimar y negar por completo la naturaleza de la consulta. A su vez, el silencio que ha asumido el alcalde municipal ante los medios de comunicación, voceros y opinión pública demuestra la falta de respaldo político a esta decisión colegiada que asumido las comunidades y organizaciones en Ortega (Tolima).
El asunto va más allá de la disputa local por el poder, ahora radica en la persecución y difamación política contra los líderes sociales y miembros de las comunidades, una forma de fortalecer la lógica gamonal[1] que se viene intensificando en esta zona en medio del proceso de paz. Algo muy común en las recetas que usan las élites y los sectores políticos contra los procesos sociales que emergen en el seno de las regiones. Sin embargo, históricamente en el municipio de Ortega se ha visto una serie de fallas estructurales frente con la distribución de los recursos públicos, lo mismo de siempre obras en blanco (elefantes), vías en pésimo estado, programas de educación a media y la vulneración de la autonomía de las comunidades indígenas frene al uso, costumbres y acciones en sus territorios.
En últimas, presenciamos un escenario lleno de tensiones con respecto a dos lógicas: la primera, que es la autodeterminación, autonomía y facultad que tienen las organizaciones sociales para asumir decisiones sobre las entidades frente a sus territorios. La segunda, el interés de las empresas multinacionales de la mano de la acción política del Estado, que pareciera ver con grandes recelos la fuerza que adquiere en lo local, el contenido y el ejercicio soberano que implica la consulta popular y la resistencia de las comunidades por un buen vivir donde el agua, la tierra, la naturaleza sea la base para las futuras generaciones.
Post-scriptum: la confrontación territorial entre chocoanos y antioqueños por el municipio de Belén de Bajirá, es el rotundo reflejo de la despolitización que tiene la tierra en Colombia. Aunque se intente avanzar en el proceso de paz, si no existe respeto por la autonomía de la zonas víctimas del conflicto difícilmente podemos pensar en construir un tipo de paz – territorial. Véase.
[1] El gamonalismo es una práctica entre grupos políticos tradicionales de una región. En particular, ganaderos, hacendados y finqueros dueños de grandes extensiones de tierras contra comunidades y colectivos que se encuentra en confrontación por la autonomía de sus territorios.
