En un país como el nuestro, donde las élites dominantes patrimonializaron el Estado desde hace tanto tiempo y utilizan las rentas públicas para reproducirse como clase social, la corrupción se hace estructural y solo la puede afectar una reforma profunda del régimen político.
Los puntos de la consulta anticorrupción que votamos los colombianos este domingo 26 de agosto estaban lejos de ser esa reforma profunda que pusiera fin al saqueo sistemático de las rentas y patrimonios públicos por la clase política. Eran un notable retroceso programático respecto al proyecto de la Colombia Humana que recientemente defendimos, que planteaba la lucha contra el modelo de desarrollo rentista-extractivista —que es la base socioeconómica de la corrupción—, y reclamaba la independencia de la justicia y sus magistraturas respecto a los poderes políticos anidados en las otras dos ramas del poder público, que la mantienen maniatada.
A pesar de la cándida tibieza de dicha consulta, cuyos puntos ya habían sido rechazados por el Congreso cuando se le propusieron, su trámite extralegislativo la politizó hasta el punto que el expresidente Uribe y miembros de su círculo más íntimo salieron a expresar su voto negativo. Un llamado público a rechazar la corrupción no podía hacerse sin que quedaran en evidencia los exmandatarios del país y quienes los han sostenido en su mediocridad y en sus impunidades. De esta manera, llegado el día de la votación, salir a las urnas era ni más ni menos salir a castigar la clase política. Porque contrario a lo que dijo el presidente Duque en su alocución luego de conocer el resultado de la consulta, “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político”, en Colombia sí que lo tiene. Así lo entendieron Uribe y las dirigencias de los partidos del establecimiento, que confiaron su suerte a la dificultad que la consulta tenía de alcanzar el umbral que hiciera vinculantes sus resultados. La carta que se jugaron estaba marcada: poner en “off” todas sus maquinarias, no instalar un solo pasacalle, no imprimir un solo volante ni gastar un solo peso para que ese domingo fuera un domingo normal, con transmisiones de fútbol, eventos y paseos de fin de semana. El susto entonces, debió haber sido mayúsculo con los 11.675.000 votos, o sea menos de medio millón de los necesarios.
Con el triunfo de la consulta o sin él pocas cosas iban a cambiar en materia de corrupción propiamente. La fiebre no está en las sábanas de los sueldos altos, o las reelecciones indefinidas en cuerpos colegiados, o los pliegos de contratación amañados, o las casas por cárcel para los delincuentes, mucho menos cuando esos asuntos, como en este caso, pasan inevitablemente por el Congreso de la República. Donde sí están cambiando las cosas, así lo demuestran estos resultados, es en el empoderamiento de un sector joven de la sociedad colombiana que se está decidiendo a participar en política y se ha vuelto “hueso duro de roer” para el establecimiento y la clase política corrupta. Se está dibujando un proceso que va desde las movilizaciones por rescatar los acuerdos de paz después del plebiscito, pasa por las luchas electorales del primer semestre de este año, y ahora por esta campaña anticorrupción cuyo único recurso fue la voluntad y la generosidad de muchos ciudadanos que por primera vez se asoman a la política.
Esta consulta es un episodio importantísimo en la emergencia de lo que llamamos las Ciudadanías Libres. Lo que evidencian las cifras es que más de ocho millones que en junio votaron por Petro a la presidencia, son ahora más de once millones dispuestos a hacerse oír en las calles y en las plazas. Colombia no podía seguir postrada a los designios de un caballista que logró filar a toda la clase política y ahora quiere manejar el país desde su hacienda. Ya la Corte Suprema lo llamó a indagatoria y se acerca el día en que no cabalgará más sobre la justicia.
No es que los resultados de una consulta se puedan comparar mecánicamente con los de una elección presidencial, pero en los términos de la política colombiana hoy, donde predominan los electorados cautivos y la abstención, la irrupción de grupos ciudadanos que solo se atienen a sus propias experiencias y percepciones de la sociedad, constituyen un potencial de cambio que termina amenazando el orden establecido de injusticia y corrupción. A propósito del caballista nadie ha aprendido mejor que la clase dominante colombiana a cabalgar sobre la ignorancia popular. Igual que en el plebiscito por la paz de octubre de 2016, siempre logran “que la gente salga a votar verraca” como ellos quieren, o que se quede en casa como este domingo porque no había transporte gratuito ni feria de tamales o camisetas. Las ciudadanías libres son esas de la consulta, las que no se mueven detrás de empleos, contratos ni prebendas de nadie. Salen a participar en política porque se sienten ciudadanos o ciudadanas; es cuestión de política pero también de ética.
El presidente Duque queda notificado. Aunque sorteó con habilidad el trámite de la consulta de tal forma que quedó a salvo ante su hundimiento, debe entender que más allá de una oposición parlamentaria, confinada al recinto del capitolio, lo que puede ocurrir en la calles tiene otro precio. En el Congreso habrá, es apenas normal, una bancada de parlamentarios apegada al tibio estatuto de la oposición recientemente aprobado, pero más de once millones de ciudadanos, que son suficientes hoy para poner presidente y sobran, estarán dispuestos a actuar en una amplia geografía para hacer respetar sus derechos. El futuro del gobierno que apenas da sus primeros pasos, tendrá que jugarse prioritariamente en la negociación con la sociedad, pero representada esta vez por un amplio movimiento en proceso de cualificación política, que viene reclamando paz, democracia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El pacto nacional que anunció el presidente Duque cuando se posesionó, tiene ahora un dato inesperado en el crecimiento de las ciudadanías libres. Él tampoco se la creyó, pero hoy tiene un sector activo de la sociedad que le reprueba el tutelaje del expresidente Uribe, y que podría además movilizarse contra su paquete económico, abiertamente regresivo y antipopular.
Aún sin alcanzar el umbral que la hubiera validado jurídicamente como mandato popular, la consulta anticorrupción tendrá un impacto fuerte en la vida política próxima. Es el empoderamiento de unas fuerzas sociales heterogéneas, pero que pueden alcanzar cohesión reactiva frente a las imposiciones que concertadamente adelantan el uribismo “purasangre” y la aristocracia neoliberal del ministro Carrasquilla. El presidente no sabe para dónde coger y luce confundido, como confundidos deben estar tantos jóvenes bien informados que estudian sobre otros países, y no se explican por qué aquí tenemos que votar unas veces por la paz y otras contra la corrupción.
