Quienes seguimos con interés el proceso de paz colombiano tenemos en el foco de nuestra atención las complejas dificultades políticas y jurídicas de la negociación de los acuerdos entre el gobierno y las guerrillas. Esto se debe, en buena medida, a que esas esferas políticas y jurídicas también captan principalmente el foco de atención de los medios de comunicación; y con mucha razón, pues el marco de justicia transicional que eventualmente logre adoptarse para enmarcar el proceso del posconflicto es el eje fundamental de la negociación política.
Sin embargo, no debemos perder de vista que —además de tales dimensiones jurídicas y políticas de la negociación de la paz y el diseño del posconflicto— existe otra esfera, de complejidad inmensamente mayor, que determinará el éxito del proceso de construcción de paz en Colombia: la esfera social.
El conflicto —o, más precisamente, los conflictos en sus diversas manifestaciones regionales— arrasó con las prácticas culturales y los órdenes sociales que habían emergido lenta e históricamente en las comunidades como formas propias de regulación de la convivencia y de la interacción humana en sus territorios.
Los señores de la guerra no solo consolidaron sus dominios territoriales mediante la lógica del uso calculado e indiscriminado de la violencia y la lógica de sus alianzas políticas y de sus mecanismos de reclutamiento, sino además mediante la imposición de nuevos órdenes sociales autoritarios que ahogaron de arbitrariedad y desesperanza la vida cotidiana, tanto como transformaron la cultura de poblaciones enteras.
Las fuerzas que rompieron los lazos tradicionales de confianza, solidaridad y convivencia de las comunidades no fueron solo los fusiles. Con ellos o tras ellos, también irrumpieron en el territorio nuevas estructuras productivas impuestas por los monocultivos, la agroindustria y la minería de mediana y gran escala, con fuertes impactos socioambientales, así como formas extractivas de economía de mercado, que desplazaron las prácticas de intercambio, trabajo mancomunado y asociación vinculadas a las economías campesinas tradicionales.
Pero la memoria histórica de estos procesos no solo revela la violencia de este rompimiento del tejido social; también revela el poder creativo y esperanzador de las variadas y valientes resistencias personales, comunitarias y culturales ejercidas por los habitantes de las poblaciones y los territorios amenazados.
Aun así, la situación actual no es de equilibrio, ni mucho menos. Las comunidades campesinas y las organizaciones sociales denuncian diariamente los continuos embates de los despojadores de las tierras y de las fuerzas que buscan privatizar los bienes públicos, como los distritos de riego y las fuentes de agua, esenciales para su supervivencia.
Al mismo tiempo, el Estado avanza muy lentamente en la restitución de tierras y la reparación de derechos, y las autoridades locales parecen intencionalmente sordas e incompetentes frente a su obligación de brindar seguridad y servicios con equidad. El panorama de este año electoral —en el cual serán elegidas las autoridades departamentales y locales que tendrán la responsabilidad de implementar los acuerdos de paz a nivel territorial, si las negociaciones de La Habana fructifican— es nefasto: fluyen las alianzas de siempre entre corruptas maquinarias clientelistas y estructuras de poder locales y regionales asociadas con viejos actores armados y nuevas formas de dominio territorial y criminalidad.
Por todas estas razones se hace crucial que comencemos a pensar más activamente y con mayor profundidad sobre la esfera social de la construcción de la paz en los territorios.
Hay que fomentar y poner en marcha procesos de aprendizaje colectivo orientados hacia la formación, la renovación y el fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales, rememorar y revitalizar las resistencias, así como propulsar nuevas subculturas, que hagan posible transformar las estructuras y los modelos mentales que han sido impuestos por el conflicto y las economías extractivas tanto en los territorios como en la conciencia nacional.
Para ello, será necesario recordar, revitalizar, transformar y reinventar las prácticas culturales que sostuvieron tradicionalmente, y que permitirán sostener en el futuro, los lazos de confianza, solidaridad y reciprocidad de las comunidades. Hay que reparar los lazos que fueron rotos por el conflicto.
En este sentido, se requiere diseñar, desde las ciencias sociales aplicadas, un verdadero proceso de reconciliación estructural, de reconciliación social y comunitaria, que vaya más allá del concepto —también necesario, pero quizás todavía muy frágil y elusivo— de la reconciliación individual basada en (la casi que exigencia burocrática de) un perdón sincero por parte de las víctimas y un arrepentimiento palpable por parte de los victimarios.
Es necesario pensar, sobre todo, en cómo propiciar procesos de aprendizaje colectivo que permitan construir y compartir nuevos modelos mentales que promuevan la cooperación, revitalicen la solidaridad y reconstituyan la confianza de la gente, desde la misma gente, en el territorio, y desde el mismo territorio.
