Luego de pasar como primer gran acto de gobierno, y sin fricciones, una reforma tributaria con el mismo espíritu, e igual de retrógrada y dura con las mayorías, que la de Duque, contra la que nos manifestamos cientos de miles en el Paro nacional del 2021, Petro, el que más cosechó en el desencanto social, va por más. Lo llama “proceso constituyente”, así con adornos, como le es costumbre. Una constituyente, con todos sus peligros, al final.
Poco se habla de esto, pero la Constituyente del 91 abrió la puerta a las privatizaciones, la desindustrialización y la extranjerización del trabajo nacional, resultado de “recomendaciones” de los organismos económicos internacionales, casualmente muy provechosas para los del norte. A la larga, dejó sin cimientos los derechos que, acertadamente, proclamó.
Tristemente, el papel de constituyentes y otros artilugios llamados “populares”, como “asambleas populares”, “consultas populares” y demás, ha sido el de legitimar, como un fraude, la imposición sobre la mayoría de la voluntad de los poderosos mundiales del momento. Nada bueno ha salido de intentar cambiar el ordenamiento jurídico de la nación mediante los acuerdos políticos, ni ahora ni justo antes del Frente Nacional.
Treinta y cuatro años más tarde, so pretexto de que sus reformas están siendo saboteadas, Petro no solo quiere saltarse lo ya pactado en el 91, sino que el contenido de dichas reformas es más de lo mismo: proyectos neoliberales, contrarios a la soberanía y a la “democracia” colombiana.
Banderas como las del cambio climático resultan supeditadas al negocio y conveniencia de los grandes monopolios internacionales, en detrimento de la soberanía. Ejemplo de esto es que se mantienen las políticas del Comando Sur del ejército norteamericano en la Amazonía, se instalan bases militares de la armada estadounidense en Gorgona, y se pasa por encima de la Guajira, sus aves y comunidades, para producirle energía “verde” a otros.
Una reforma pensional que endurece requisitos para pensionarse, aumenta edades de pensión, reduce mesadas y, naturalmente, no aumenta la cantidad de gente que se va a pensionar, mientras les garantiza la tajada del negocio a los fondos privados.
Una reforma a la salud que incumple la promesa de acabar con las EPS y el lucro privado. Las como gestoras y las IPS, nicho especial de atracción al capital extranjero, con inversiones protegidas por los TLC, lucrándose.
Una reforma laboral con escasos puntos positivos, a los que les aplica que lo que hace con la mano lo borra con el codo, se desvanecerán con la competencia vil entre trabajadores por sobrevivir en el salvaje libre comercio de los TLC. La discusión no es solo sobre derechos, como ya lo demostró la última constitución. Es sobre el impacto económico de las reformas.
En su libro Saqueo, Aurelio Suárez muestra cómo la proporción de los ingresos laborales, sobre el total de la economía, cayó en picada desde 1994 del 52 % a cerca del 40 %.
¿Puede revertir esa triste tendencia la reforma? Suena poco factible. No cubre al conjunto de los trabajadores ni a todas las ramas. La capacidad de consumo deteriorada por los nuevos impuestos indirectos “verdes” o “saludables” a combustibles, energía y la canasta familiar. La industria y el agro cada vez más deteriorados por una competencia injusta y desleal de los TLC, que contrario a la promesa, no se renegociarán.
Hay contenido retardatario en las reformas, defendido por “progresistas contra el progreso” (ver columna de Wasserman) guiados por la identidad y no la ideología. Hasta lo demás que suena a progreso, reivindicación o lucha por derechos perdidos, vale la pena recordar que en economía política, el orden de los factores sí afecta el resultado.
Esta gran estafa de reformismo liberal contra los intereses del pueblo al que tanto invoca Petro, con forma de proceso constituyente y en nombre del “cambio”, puede implementarse con malabares engañosos y altisonantes, o paliativos a la miseria cada vez más dura, y ser oportunidad perfecta para que retrógrados metan mano.
