Sin duda está haciendo efecto en la sociedad colombiana y en las instituciones la falta de formación ciudadana. Pareciera ser una política estar lejos de lo público y entregados a lo privado. La Constitución Política del 91 quedó solo para los estudiantes de las facultades de derecho y para los abogados y jueces, es, actualmente, una constitución para hacer ejercicios académicos.
El Estado de derecho, que se funda en el imperio de la ley, es hoy desconocido de forma ramplona por una parte importante de sus autoridades en Colombia. Así que el presidente afirme que desconoce los protocolos que suscribieron las partes contratantes en un proceso de paz con el apoyo de países garantes como Cuba, Venezuela, Chile, Brasil, Ecuador y Noruega y no se ponga colorado un solo instante es una señal de que estamos involucionando. Vamos de para atrás, de un Estado de derecho precario estamos pasando a un régimen de hecho.
Sí, estamos en presencia no solo de otro gobierno sino también de un nuevo ordenamiento político y jurídico. Tenemos una Constitución no escrita que acoge el actual presidente y una parte de los congresistas, a pesar de haber jurado respetar los cánones constitucionales del 91.
Esa Constitución que se ha instalado desde el 7 de agosto de 2018 no tiene como mandato que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tampoco reconoce la dignidad humana ni la equidad.
Esta Constitución que empuja el gobierno de Duque, por el contrario, parte de la guerra como principio constitucional, reconoce la desigualdad social, y es una Constitución de privilegios para unos y no de derechos para todos. En la cúspide de esta Constitución está la voluntad del caudillo. Nadie por encima de él. Además, se reconoce como un estado confesional, y considera que el poder emana de Dios, por eso todo acto oficial empieza con invocación divina.
Pero no es que hayamos regresado a la Constitución Nacional de 1886, no, caímos más hondo; es que con la Carta de 1886 había posibilidad de pensar distinto, hoy no, o piensas como el establecimiento o te “pelan”. Es una Constitución de un estado feudal, en donde el despojo queda garantizado y los propietarios de la tierra tutelados.
En esta Constitución oscurantista la corrupción es de los de abajo, jamás de los de arriba. Odebrecht es una corrupción blanca, lícita, por ser una corrupción de los expresidentes y del Grupo Aval, de los dueños del país. Esta carta política autoriza la pena de muerte siempre y cuando se camufle a las víctimas o se les califique de terroristas.
En esta Constitución las instituciones no son plurales, independientes e imparciales, son instituciones del partido de gobierno y administran para el partido. El mejor ejemplo, es el Consejo Nacional Electoral, donde ellos se autodenominan magistrados y toman decisiones, no en derecho, sino conforme al “estado de los hombres”, acorde con lo que piensa el caudillo, para ellos no rige el principio de independencia de la función pública.
Bajo esta Constitución un ministro como el de Agricultura hace caso omiso a la jurisprudencia de las altas cortes y contrata directamente con Fedegán la administración de fondos públicos que antes le fue quitado por malos manejos. En esta Constitución el fiscal trabaja para defender los bienes del poder financiero y para perseguir a los opositores políticos. En esta Constitución la pena de muerte está instituida para los líderes sociales. Bajo esta Constitución se condena a un ciudadano escuchando a una sola de las partes. Con esta carta los altos funcionarios, todos, gozan de impunidad.
Estamos en presencia de un Estado de facto, lejos del imperio de la ley, en manos de alguien que incluso controla el poder civil y religioso, un Estado fundado en una sola voluntad, casi un califato: un urifacto.
