En la mayoría de los casos, ese extremo (el que ostenta el poder) desestima demandas tan naturales y tan obvias como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda (para nombrar solo tres), y vinculan esas exigencias con la otra vertiente política, como si esas solicitudes o peticiones no formaran parte fundamental de los derechos de todos los ciudadanos.
Para que un Estado no sea fallido y se hable de una democracia sana, el gobierno, la nación, el Estado, los entes gubernamentales, los actores políticos deben garantizar que se cumplan unos derechos y se resuelvan unas necesidades más que básicas en sus conciudadanos. Y es aquí donde ocurre lo curioso, lo contradictorio o lo paradójico (usted decide cómo llamarlo). Cuando usted, como colombiano, como colombiana que es, apela a su propia constitución (sin citarla), inmediatamente le dicen que es un mamerto o un resentido social. Porque sí, en Colombia todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y necesidades fundamentales se le adjudican, hoy por hoy, a los mamertos, a los resentidos sociales o a los vándalos.
Es casi un lugar común que la protesta sea deslegitimada a través de los discursos, los eufemismos, los medios de comunicación (que representan al poder) o las alocuciones presidenciales. Reclamar el cumplimiento constitucional se ve con malos ojos; se rotula de izquierdozo o guerrillero a todo hombre o a toda mujer que levante la voz. Porque a los gobernantes les molesta las voces desafiantes, discordantes, chillonas. Todos los gobiernos quieren áulicos y amanuenses, les incomoda la voz que se sale del coro y rompe la armonía parsimoniosa del rebaño.
Veamos. Si usted reclama salud, vivienda, empleo o educación, lo hace apoyándose en la constitución de su país (1991). Y voy a transcribir solo tres artículos para que recuerde de lo que estamos hablando y lo que usted debió aprender en la escuela (de allí la importancia de la educación):
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura... La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.
¿Cuántos de esos artículos (citamos solo tres) se cumplen a cabalidad? ¿Tiene usted casa propia? ¿Es digna su vivienda? ¿Han accedido sus hijos a una educación pública, gratuita y de calidad? ¿Su servicio de salud se corresponde con lo que paga usted de manera mensual? ¿Si no usa su EPS, sino cada uno o dos años, por qué tienen que cobrarle la cita y además de eso los medicamentos? ¿Lo trata su EPS con dignidad y respeto? ¿Tiene usted un trabajo digno, respetuoso y bien remunerado? ¿Cumple su empresa o su jefe con las obligaciones como empleador tal y como lo exige la constitución de Colombia?
Si usted deslegitima el derecho a la protesta y desestima las exigencias de los colombianos es posible que esto se deba a una de estas dos razones: 1. No conoce ni ha leído la constitución política de su país. 2. Usted ha perdido la capacidad de empatía frente a esas personas que no gozan de los mismos privilegios que usted posee.
Si usted se ubica en la segunda, haga todo el esfuerzo para que se convoque a una nueva asamblea constituyente y supriman de la nueva constitución (2023) todos esos deberes que tiene el Estado con sus habitantes. Porque es contradictorio que una nación tenga una constitución que es pura letra muerta y es absolutamente inadmisible que un alto porcentaje de colombianos se opongan a que esos derechos se cumplan.
O falla el Estado o fallan los ciudadanos. Pero la constitución no puede (no tiene el derecho de) fallar.
