Nuevamente Gustavo Petro ha alertado sobre un “golpe blando” contra su gobierno. Ya había hecho una denuncia similar el año pasado, cuando también llamó a movilizaciones de solidaridad con su gobierno. Esta vez la publicó hasta en árabe y atribuyó la conspiración a todas las fuerzas políticas que fueron derrotadas en las elecciones presidenciales.
¿Qué tan cierto es? ¿Quiénes podrían estar detrás de esta conspiración que mereció que el gobierno llamara a la “máxima movilización popular”? ¿Quiénes están involucrados en el publicitado “golpe blando” contra Petro?
El gobierno de Estados Unidos no está conspirando contra Gustavo Petro. Si algo ha caracterizado a Petro, ha sido su insistencia en mantener una buena relación con Estados Unidos. Lo muestran las por lo menos cinco visitas a Colombia de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, para reafirmar la alianza de Colombia con la superpotencia. Las declaraciones de Petro en sus visitas a Estados Unidos, corroboran esto, tanto en la visita de Estado a Washington en abril de 2023, como durante el encuentro de la Alianza para la Prosperidad de las Américas en noviembre, a la cual asistieron, además de México, los países más afines a las políticas de Washington como son Canadá Perú, Costa Rica Ecuador, Barbados, Panamá, Ecuador, Chile y República Dominicana.
El encuentro de la Alianza, según Petro, giró en torno a la descarbonización y Estados Unidos se comprometió a llevar al FMI la idea del canje de deuda por acción climática, cosa que Biden, desde luego, no ha hecho.
La insistencia de Petro en dar prioridad en su agenda a los temas que son aceptables por Estados Unidos, entre ellos las migraciones, han cimentado una buena relación, en la cual los temas más polémicos, como son las relaciones económicas entre los dos países, entre ellos las del Tratado de Libre Comercio, han sido dejados de lado por completo.
La administración Petro ha dejado en claro que no va a renegociar el TLC, sino tan solo buscar algunos ajustes para delimitar algunas interpretaciones, especialmente en materia de inversiones, de tal manera que se pueda proteger el medio ambiente y la diversidad, como por ejemplo evitar que la nación sufra demandas por impedir la minería en los páramos. Estos temas ya están incluidos en el TLC, con lo cual las modificaciones propuestas por el gobierno de Colombia se reducirían en el mejor de los casos a acuerdos de buena voluntad sobre la interpretación de algunos aspectos menores.
La buena relación de Petro con Biden en vísperas de las elecciones en Estados Unidos ha tenido como eje el cambio climático, tema en el cual Biden le sigue la cuerda sin que haya consecuencias concretas, salvo la promesa de Biden de solicitar al Congreso la suma US $45 millones para programas ambientales en 2024.
En su alocución ante los gobernadores del país en Cartagena, el 9 de febrero, Petro continuó alineándose con la política de Biden y afirmó: “Yo soy lo contrario de Trump”. El presidente con ello anticipó que seguiría alineándose con el partido demócrata en la próxima campaña electoral estadounidense.
Prueba del apoyo de Washington es que el gobierno de Biden considera a Colombia un intermediario válido para mediar ante el gobierno de Maduro en busca de garantías a la oposición
Otra prueba del apoyo de Washington es que el gobierno de Biden considera a Colombia un intermediario válido para mediar ante el gobierno de Maduro en busca de garantías a la oposición en las próximas elecciones. Para completar, Petro ha comenzado la construcción de instalaciones militares al servicio de Estados Unidos en la isla Gorgona sin hacer ningún caso a la protesta de los ambientalistas ni tampoco al rechazo unánime que se escucha en las comunidades del Litoral Pacífico.
No parece entonces que entre los grandes poderes que según Petro están conspirando para darle un “golpe blando” se encuentre la administración Biden. Incluso Luis Almagro, reconocido vocero de las políticas de Washington en la OEA y cómplice de los cambios “blandos” de gobierno en Perú y Bolivia, se pronunció condenando “las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro”.
El nuevo canciller Luis Gilberto Murillo, tiene dentro de las prioridades fortalecer aún más las relaciones con Estados Unidos, dar solución al tema de los pasaportes, enfrentar la papa caliente del nombramiento de Armando Benedetti en la embajada de la FAO y abordar los problemas diplomáticos con Israel, Argentina, Salvador y Perú. Los asuntos relativos al TLC con Estados Unidos no figuran en su agenda, salvo el de buscar mayores oportunidades para los exportadores colombianos.
Previsiblemente, la relación con Estados Unidos se mantendrá dentro de los carriles por los cuales se ha venido transitando, no solo en los últimos dos años, sino desde el Respice Polum.
Si la supuesta conspiración contra Petro no proviene de Estados Unidos, ¿de dónde entonces? ¿De los cacaos? Tampoco parece que los cacaos colombianos estuvieran en esa tónica, pues hicieron en noviembre una cumbre con el gobernante y en enero del presente año los Gillinski y el Grupo Empresarial Antioqueño se reunieron con él. Entre todos ellos están las más grandes empresas y los más importantes medios de comunicación.
Después de descalificar a toda la oposición y al conjunto de la Rama judicial, la andanada de Petro se ha concentrado en la condena a las actuaciones del fiscal Barbosa y de la Procuradora, que, según él y no sin cierta razón, intentan mantener la impunidad, aplicar una justicia politizada e intervenir abiertamente en política.
Pero, por otra parte, siguen en curso en juzgados y tribunales las investigaciones sobre las anomalías de su gobierno y de su campaña. Entre los numerosos cuestionamientos que salpican la campaña electoral del hoy primer mandatario se cuentan la relación de su hijo con prominentes personajes del narcotráfico, la posible violación de los topes financieros, los escándalos de Armando Benedetti, las sospechosas visitas de su hermano a las cárceles de máxima seguridad para buscar apoyo de narcotraficantes y, en fin, sus alianzas electorales con reconocidos miembros corruptos de la clase política. Hoy, las sanciones a su Canciller por irregularidades en el trámite de la licitación de pasaportes y los gastos fastuosos de su esposa Verónica Alcocer.
Las crecientes dificultades de Petro tienen que ver también con las fracturas en su coalición gubernamental, las divisiones en el Pacto Histórico, los frecuentes cambios en su gabinete y la ineptitud en la ejecución del gasto público.
El llamado de Petro a hacer movilizaciones enérgicas utilizando las instituciones estatales para promoverlas, con el aparente propósito de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que nombre rápidamente Fiscal, parece ser una huida hacia adelante por las dificultades de su gobierno. Las concentraciones desembocaron en los incidentes del 8 de febrero. Y aunque no tuvieron mayor alcance, sí se convirtieron en una especie de admonición a la Corte sobre los posibles alcances de la presión gubernamental, que viola un principio del Estado de derecho, el de la separación de los poderes públicos.
