Cerca de la Alcaldía de Puerto Asís, en medio de un cruce de avenidas, hay una escultura un colono, un soldado, un cura y un indígena. Es un intento de representar a los grupos de personas que habitaban esta región apartada y selvática. Si hoy volvieran a hacer la escultura habría que agregarle un guerrillero, un desplazado, un trabajador petrolero y, sobre todo, un paramilitar.
Puerto Asís es un pueblo comercial, un lugar de aprovisionamiento. Su ubicación estratégica sobre el río Putumayo lo hace el lugar ideal para vender lo extraído y conseguir provisiones. Es un puerto en donde se mezclan etnias, creencias, colores y acentos. La gente llega de todas partes en busca de tierra, oro, petróleo, madera, coca o coltán. El paisa de la tienda, la líder comunitaria con acento del pacífico, el campesino que habla español trabado, el minero que trabaja en una draga, el soldado, el petrolero gringo, todos se juntan en esta pequeña y húmeda ciudad para vender lo que le arrancan a la selva y aprovisionarse para ir por más. Lo que les sobra se lo gastan en comprar todo lo que la ciudad ofrece.
Tiendas de ropa, electrodomésticos, zapatos, botas, blusas, pantalonetas, motos, motobombas, camionetas, billares, bares, chicas… Se consigue de todo en este pueblo que no tiene más de 60 mil habitantes. Puerto Asís ofrece todo lo necesario para alimentar la colonización de la frontera. Un proceso que se conoce en Colombia como “abrir monte”. Se abre monte para ganarle un potrero a la selva, para montar un pozo petrolero, para pasar una carretera o un oleoducto, para sembrar coca. Se despresa la selva para sacarle sus riquezas.
Aunque la colonización de la frontera es un proceso que no se ha detenido en décadas, aun a pesar del conflicto y de los más diversos contextos políticos, la política de consolidación del gobierno Santos, que se aplica al pie de la letra en Putumayo, la ha disparado. La política de consolidación consiste en enviar al ejército a “asegurar” la zona para después “consolidar” la presencia del Estado: construir colegios, titular las tierras, arreglar las vías y armar proyectos productivos. “Fortalecer las instituciones”, le dicen a eso. Lo que no se anuncia de la política de consolidación es que, para que funcione, primero hay que enviar a los paramilitares.
Los paras llegaron a Putumayo pisando duro. Ocurrió el 9 de enero de 1999 en el corregimiento de El Tigre, municipio de Orito. Ese día cerca de 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo mataron a 28 personas y quemaron todo. Desde ese momento hasta 2006 (o eso dice la versión oficial) el Bloque Central Bolívar ejerció control territorial efectivo en varios municipios del departamento.
A primera vista parece que hoy las cosas han cambiado. Se ven los soldados montados en sus tanques Cascabel vigilando los lugares en los que el oleoducto es vulnerable. Son la bandera, la cara visible de la política de consolidación del gobierno. Se supone que el ejército representa la seguridad que precede al progreso, pero la gente en las veredas no lo ve tan claro. Para ellos el ejército no trajo sino problemas: desde que llegaron los batallones ya no pueden ni dejar la ropa secando afuera porque, como me dijo un señor de una vereda, “se nos roban hasta los calzoncillos”. Además, cada vez que la tropa acampa cerca de sus casas está el miedo de que ocurra un enfrentamiento. Peor si se quedan muchos días porque la guerrilla empieza a pensar que los que viven cerca son colaboradores.
La gente dice que en Puerto Asís no pasa nada porque el que roba no dura ni tres días, que no hay indigentes porque “no los dejan”. Pero cuando uno pregunta quién se encarga de la seguridad, quién es el que no los deja, nadie responde. Solo dicen que la policía no sirve para nada y que el ejército solo opera en el monte. ¿Pero entonces quién agarra a los ladrones? Silencio… La mano oscura del paramilitarismo todavía está presente. Se rumora que nunca se fueron sino que se cambiaron los nombres y que ahora están en el pueblo de bajo perfil.
Los paras siguen por ahí gozándose el botín y amenazado al ladrón, al vago, al marihuanero, al líder de víctimas, al reclamante de tierras, al veedor. Andan silenciando a todo el que no se conforma con vivir en el orden que ellos impusieron. Los crímenes y las arbitrariedades de las compañías y de los grupos mafiosos no se denuncian. Los habitantes se confortan con pensar que “por algo lo matarían, seguro algo había hecho”. Como me dijo una señora, “en el Putumayo toca ver, oír y…”. No terminó la frase, se llevó un dedo a la boca en señal de silencio. Los paras han impuesto a la fuerza la ley del silencio entre la gente.
Los pocos campesinos que todavía se dedican a la agricultura tienen que hacerlo entre ríos envenenados por residuos petroleros y por el mercurio que los mineros legales e ilegales vierten a los cauces. Las condiciones económicas en las que viven son alarmantes. El gobierno entrega ayudas y subsidios para proyectos productivos, eso no hay que negarlo, pero la arroba de plátano la compran los intermediarios en Puerto Asís a 4 mil pesos. “Eso no cubre ni el pasaje” me comentó un campesino. Mientras tanto el kilo de hoja de coca lo pagan a 34 mil y pasan a recogerlo en las casas. Con esas condiciones lo único que puede esperarse es que la gente tarde o temprano vuelva a la coca. No los culpo.
Se supone que la política de consolidación es la clave para que las zonas de frontera sean viables en el posconflicto. Sin embargo, parece necesario que se hagan varios ajustes para que la gente que habita en estas regiones pueda efectivamente gozar de sus derechos. Por ahora, pareciera que lo único que se está consolidando en el Putumayo es el orden social y económico impuesto por los paramilitares.
