La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia del 27 al 30 de noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación de personas defensoras de derechos humanos. La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e integrada por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Jefa del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.
.@CIDH visitó Colombia en nov/2018 para observar en terreno alarmante situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras DDHH. 2019 arrancó con 6 nuevos asesinatos. Vea video y lea comunicado con recomendaciones al Estado en https://t.co/WOYLALAYo0 pic.twitter.com/LSQvDdELAd
— CIDH (@CIDH) 15 de enero de 2019
Estas son las reomendaciones que le hizo la CIDH al gobierno del presidente Duque, quien deberá implementar nuevas medidas para frenar el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, situación que viene creciendo en los últimos años y el expresidente Santos no pudo controlar.
Recomendaciones
La CIDH reitera el rol esencial que defensores y defensoras de derechos humanos tienen en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia. Es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.
A la luz de las anteriores observaciones, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia:
1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades;
2. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente;
3. Crear un registro completo de todas las agresiones -en sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente construidos;
4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección;
5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes;
6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y Universal;
7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas;
8. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad;
9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales;
10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos;
11. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos.
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