Los miembros de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes parecen estar muy equivocados. No se han dado cuenta de que hay realidades nuevas que les impedirán seguir incumpliendo con la obligación constitucional de abrir las investigaciones contra Gustavo Petro.
Contra el presidente existen varias denuncias en espera de ser atendidas. Hay dos que ya están ubicadas en la retina de la opinión pública y que la gente no va a olvidarlas por el simple hecho de que los Honorables Representantes las engaveten en sus escritorios. La primera es la de la violación de los topes de gastos en la campaña presidencial, que la presentó el abogado José Manuel Abuchaibe desde el dos de mayo, y la que presentó el exsenador Jorge Enrique Robledo por los daños ocasionados contra la seguridad y el patrimonio energético de los colombianos.
La denuncia que yo presento contra Gustavo Petro comienza por los hechos ocurridos en Los Pozos, Caquetá, el jueves 2 de marzo de 2023, hechos en los que fue degollado el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, después de hallarse rendido y sujetado absolutamente por las Guardias Campesinas milicianas de las Farc que lo secuestraron, junto a siete civiles de la empresa Emerald Energie y a 78 de sus compañeros de la policía antidisturbios.
Quienes no caímos en el engaño del cuento del “cerco humanitario” de que habló el gobierno y, por el contrario, sí entendimos la gravedad de los crímenes cometidos allí, sabemos que el degollamiento del subintendente Monroy, el secuestro de los civiles y los tratos degradantes y crueles a que fueron sometidos los policías durante el secuestro, son crímenes de lesa humanidad.
En mi denuncia también presento otros temas referidos a la violaciones a la Constitución y las leyes que se han cometido en la estrategia de milicianización, con los ceses del fuego ilegales que han pactado con organizaciones criminales y que no han servido para nada distinto que la parálisis y destrucción de las fuerzas armadas, el crecimiento del control territorial de las organizaciones criminales y la pérdida de derechos de las comunidades que padecen las tiranías en sus territorios dominados.
No obstante, en la denuncia les señalo, insistentemente, a los miembros de la Comisión de Acusaciones, el carácter de lesa humanidad de los crímenes que denuncio.
Por los convenios internacionales suscritos por Colombia en Derechos Humanos y por razón de nuestra Constitución, en los casos adonde hay crímenes de lesa humanidad, la justicia tiene la obligación de actuar de manera prioritaria
Esto, por la razón importantísima e indiscutible de que, frente a los delitos de lesa humanidad, no existe ningún argumento, ninguna disculpa, ningún recurso, ningún discurso político, que justifiquen en algo para omitir, obstaculizar, impedir o dilatar la acción de la justicia.
Por razón de los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia de Derechos Humanos y por razón de nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra jurisprudencia, en los casos adonde hay crímenes de lesa humanidad, la justicia tiene la obligación de actuar de manera prioritaria, demostrable, ante las víctimas, ante la sociedad y ante el mundo.
Yo les sugiero a los Honorables Representantes de la Comisión de Acusaciones, con el debido respeto que merecen, que consulten a sus abogados y asesores jurídicos. Es importante que comprendan los límites de la inviolabilidad en los votos y las opiniones que quedó planteada en la sentencia histórica de Carlos Gaviria. De ninguna manera pueden ampararse en la inviolabilidad de los congresistas en los votos y opiniones para impedir que haya justicia y menos para que haya justicia frente a crímenes de lesa humanidad.
Sobre los hechos de Los Pozos, Caquetá, sobre la responsabilidad de Gustavo Petro en ellos, sobre los argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, están las pruebas en la denuncia. Allí también está claro el planteamiento del carácter de lesa humanidad de los crímenes cometidos.
En esta reflexión, hay un tema muy importante de recordar: el juez penal del presiente de la República no es el Congreso sino la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que para que el expediente de un presidente llegue a las manos de la Corte, es preciso que el Senado decida retirarlo del cargo, después de las respectivas investigación y acusación adelantadas por la Cámara de Representantes. En eso consiste el juicio del Congreso, en darle paso, en decidir hacer procedente el juicio penal que le corresponde adelantar a la Corte Suprema de Justicia; en retirar del cargo al presidente para que pueda ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
Muy importante para Colombia, para la democracia, la paz y el derecho a la justicia de los colombianos, que los Honorables Representantes de la Comisión de Acusaciones comiencen a entender que se presentan circunstancias distintas de la historia y de la justicia que comienzan a marcar nuevas realidades y nuevos rumbos.
La sociedad colombiana se movilizará para exigir justicia y los Honorables Representantes de la Comisión de Acusaciones tendrán que responder.
2024: Año del Juicio Político a Gustavo Petro
