Cuando se recorren las zonas del conflicto, a las geografías del temor y el dolor por los signos de muerte y violencia, se suman las narrativas del hambre que dan cuenta de las emergencias más inmediatas. Al respecto Amelia, una mujer del Norte del Cauca, migrante en el Oriente de Cali, expresaba el pasado fin de semana un testimonio fuerte:
“Nosotras somos cinco familias, nos vinimos hace once meses porque se cerraron varias fincas que quedaron vacías, sembradas pero de muerte… Vea, los huertos de las casas se habían apocado, en las tiendas del caserío había poco alimento y muy caro; ¡vea que no había que comer allá!, la escuela pa` los muchachos funcionaba dos días de la semana no más y uno no se podía mover a buscar la papa con tanta angustia y miedo; entonces nos aburrimos de vivir allá, la tierra dejó de ser propia…”.
Ya sabemos que esta situación alimentaria es de todo el país y se agrava por el impacto global de la guerra en Ucrania en los precios y en la disponibilidad de alimentos, asunto que además implica un gran control a la especulación; sin embargo, en las zonas donde hay enfrentamientos armados, la situación es más delicada y como dice doña Amelia en su testimonio, es angustiante. ¿Quién controla los alimentos y los precios de la comida en medio de la violencia y las armas?
En las zonas de conflicto armado hay hambre, carestía, falta de acceso a alimentos, pérdida del pancoger y fractura de la vocación agraria; penurias que también suceden en las ciudades donde se han refugiado históricamente las víctimas del conflicto. En lugares de la costa pacífica, el fenómeno se da por los carteles de la gasolina que generan encarecimiento del combustible y por ahí derecho de todo lo que se distribuye para la canasta familiar; en los valles interandinos y en las serranías de cordillera es por el copamiento de zonas cultivables para la extracción de oro y para la siembra de cultivos ilícitos; pero en todos estos territorios el acceso y el costo de los alimentos se ha constituido en factor de control, desplazamiento y despojo de las poblaciones, por parte de los agentes de violencia que se multiplican y mutan su control territorial a gran velocidad.
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El acceso y el costo de los alimentos se ha constituido en factor de control, desplazamiento y despojo de las poblaciones, por parte de los agentes de violencia
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Mientras se avanza y se aclaran las múltiples mesas de negociación esperadas y los procesos parlamentarios en curso para estructurar jurídicamente la paz total, necesitamos impulsar desde ya respuestas con cierta urgencia, que paren la guerra y que nos conecten con un sentido de paz que movilice las poblaciones más victimizadas, que haga el llamado a los victimarios para que rectifiquen sus prácticas, que nos sensibilice como ciudadanía frente al reto de superar la larga noche que por siglos nos ha arropado.
Ya hoy la Comisión de la Verdad siembra su informe en diversos espacios del país, describiendo los horrores del conflicto y generando aprendizajes sobre la importancia de salir de la guerra, para situar los anhelos de cambio social y político en el escenario del debate y del manejo del conflicto con mediaciones democráticas. Sin embargo, no basta la disposición gubernamental para ir a las mesas de negociación y el guion pedagógico de la reconciliación que en buena hora nos entrega la Comisión liderada por el padre Francisco de Roux. Se necesita que la sociedad, en conversación con la institucionalidad estatal y con la comunidad internacional, se movilicen con gestos concretos, más allá de declaraciones, comunicados y marchas.
Estamos necesitando acompañar las acciones del cuidado de la vida y las negociaciones de paz con estrategias para producir y compartir alimentos, movilizando ya el camino de resembrar el país, para recuperar el campo y las ciudades en la tarea de la seguridad alimentaria y el cuidado de los ecosistemas. En Santiago de Cali, por ejemplo, si algo dejaron tanto la experiencia de la pandemia del Covid19, como las protestas recientes, fue un valioso movimiento de huertas y ollas comunitarias, que se ha sostenido de diversas formas, a veces con apoyo institucional y a veces con la solidaridad comunitaria y social. ¿Tendremos la capacidad de hacer de esas experiencias sociales, signos de paz y reconciliación?
Me atrevo a sugerir al respecto que comencemos por ahí, como prioridad: cerremos el año 2022 con una campaña que abrace la paz, pero que se haga con gestos y acciones concretas, que vayan más allá de la disputa retórica y la definición de normas, que seguro se necesitan, pero que nos pueden estar metiendo en la tradición santanderista de las leyes generales y en el mismo sinfín de debates inacabados; vamos a hacer la paz, desde la sociedad y con la institucionalidad en su conjunto, sembrando alimentos en campos y ciudades, vamos a reproducir las ollas y las hornillas vecinales en aquellos lugares donde se necesita, vamos a compartir la comida, a hacerla menos cara, más asequible, más celebrable. Ese tipo de agenda de paz con comida podría generarnos más esperanza y realizaciones concretas en relación con el propósito de hacernos potencia mundial de la vida.
