“Reficar es, de lejos, el caso de corrupción más grave en los 200 años de historia de Colombia” —Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación.
Después de leer el artículo del columnista Ariel Ávila, publicado en la revista Semana, titulado ¿Venezuelización o guajirización?, nuevamente reivindico la siguiente frase: los guajiros no somos la escoria de este país y no nos consideramos unos parias. Inicialmente es necesario destacar que no son Cambio Radical ni el Centro Democrático los inspiradores del discurso de que Colombia pueda convertirse en una Venezuela, no tienen la incidencia de masas y menos aún la credibilidad suficiente para lograr este propósito. Lo que existe es una campaña internacional, consistente en desprestigiar el proceso político que se desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela y aclaro que también son víctimas de esta política imperial los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Cuba.
En esta tramoya participan activamente los países que han defendido a ultranza el modelo neoliberal amparados por el gobierno de los EE.UU. El cerco mediático o campaña mediática que se ha tendido en Colombia sobre amplios sectores de la sociedad ha permitido posicionar la idea del castrochavismo como algo demoníaco y ligado al concepto de expropiación y erradicación de la propiedad privada.
Ahora bien, otra parte del artículo del señor Ávila tiene que ver con el departamento de La Guajira y la corrupción. Nadie niega el impacto negativo que ha tenido la corrupción en este departamento, es una realidad inocultable tanto es así que hay siete gobernadores tras las rejas. Hay un alcalde y una secretaria de Educación. La Contraloría General ha prendido las alarmas con relación a los $746.000 millones provenientes de las regalías que se encuentran perdidos. Está también lo relacionado con el préstamo que se suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de US$ 90 millones, cuyos recursos estaban destinados al Plan Departamental de Aguas, recursos que no han sido utilizado de manera oportuna o de manera eficiente. El pueblo espera aun la culminación de esas obras. El proyecto Estratégico Multipropósito Río Ranchería una obra vital para el desarrollo del departamento de La Guajira, hoy es catalogada como un gran elefante blanco después de haberse invertido 650.000 millones. Entre 2002 y 20015, Cerrejón pagó $12 billones entre impuestos y regalías al país y al departamento y no se ven por ningún lado. Cada una de las situaciones aquí planteadas tiene impacto directo sobre el diario vivir de los habitantes del departamento de La Guajira. Ningún guajiro baila en un solo pie porque la corrupción haya impactado de manera tan dramática a este departamento.
De otro lado, la caracterización mafiosa de la clase política en La Guajira que se hace en el artículo, la de contrabandista, la de sicario implacable la de corrupto incorregible, tendríamos que trasladarla a todo el país. La Guajira es una radiografía a pequeña escala de lo que es Colombia. Tanto es así que el procurador General de la Nación enfatizaba sobre una hecatombe ética en Colombia y a raíz de tantos hechos de corrupción el fiscal Humberto Martínez la califica de algo sistémico y el contralor denunciaba que en Colombia se roban $50 billones y no hay ninguna entidad que se salve y no cometa estos actos.
Los guajiros no fueron los creadores del narcotráfico, fuimos víctimas de ese flagelo. No fueron los guajiros los autores intelectuales del Acuerdo de Ralito, fueron otros. Tenemos el problema del contrabando de la gasolina, pero no fueron los guajiros, los que sustrajeron combustibles del Batallón de Transporte Nº 1” Batallón de Tarapacá” en Bogotá evaluado en 664 millones de pesos. Fue en Bogotá y otras regiones de Colombia donde se tejieron escándalos que fueron iconos de la corrupción: el Guavio $15.000 millones (1993), Foncolpuertos $2,5 billones (1995), Dirección Nacional de Estupefacientes $30.000 millones (2011), Interbolsa $300.000 millones (2011), Carrusel de la contratación en Bogotá $2,2 billones (2010), Saludcoop $1,4 billones (2011), Fifagate $1500 millones (2015), Fidupetrol $500 millones (2015).
Para cerrar, “el problema de La Guajira no es abandono estatal como se ha hecho creer, sino de corrupción”, es la otra apreciación equivocada de Ariel Ávila. El abandono estatal que ha sido crónico ha facilitado que en La Guajira prospere la ilegalidad con suma facilidad y el otro es la cantidad de promesas estatales incumplidas. El gobierno central en épocas de afugias viene a La Guajira con un costal de mentiras, pero para aprovecharse de nuestras riquezas no andan en vueltas.
