A la población colombiana que vive en Venezuela le están siendo violados flagrantemente sus derechos ciudadanos, porque con embajada y consulados cerrados en la práctica no le será posible votar para las elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en mayo, aun cuando la Registraduría Nacional ha anunciado que se habilitarán para ello mesas en las ciudades fronterizas de Maicao, Villa del Rosario, Cúcuta, Arauca y Puerto Inírida.
La medida transgrede el derecho a las garantías políticas, consignado en la Constitución de 1991, para el caso de las más de 8.000 personas refugiadas en Venezuela que, protegidas por este Estado, en razón de una situación de amenaza en Colombia, no pueden retornar sin perder el estatus de refugio, según normativa de Acnur, por lo que se encuentran impedidas para sufragar en las ciudades mencionadas.
Por otro lado, en los días previos a los comicios se cierran las fronteras, lo que implica que quien se desplace a los puntos habilitados, así se encuentre cerca, debe cubrir además de costos de transporte, costos de estadía y alimentación; nada fácil en el contexto de la injerencia extranjera en Venezuela.
Hay quienes tampoco votarán porque no alcanzaron a retirar sus cédulas o las perdieron sin poder tramitarlas nuevamente, o no se inscribieron para ello porque no hubo manera.
Y es que desde febrero del año 2019 fueron desactivados los 15 consulados colombianos que atendían a la población migrante más numerosa en el país bolivariano.
Son tres años ya sin protección ni asistencia para renovar pasaportes, sacar cédulas, certificaciones, constancias, antecedentes judiciales, registrar a hijos e hijas, otorgar poderes, recibir atención en penales, etc., vulnerándose los derechos a la identidad, la información, asesoría legal, entre otros.
Alexander Vega, registrador nacional, argumenta que se encuentran imposibilitados para abrir puestos de votación en las oficinas consulares, por parte de la Cancillería en territorio venezolano, dada la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que es una indolente mentira, porque hay alternativas señaladas en la Convención de Viena de 1963 sobre las relaciones consulares para cumplir no solo con las garantías políticas.
El artículo 27 de la Convención plantea que en caso de ruptura de las relaciones entre dos países, “el Estado que envía podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado, que sea aceptable para el Estado receptor”.
Por su parte, La Asamblea Nacional (AN) conformó una Comisión Mixta para las Relaciones con el Congreso de Colombia, con el objeto de normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales, es decir, hay buena disposición.
Así que no hay, pues, razones serias para que el gobierno de Duque ande eludiendo y transgrediendo la Constitución, que por cierto contiene el recurso de la Acción de Tutela, un mecanismo que permite a todo ciudadano o ciudadana, esté donde esté, reclamar ante un juez la protección de sus derechos fundamentales.
Puede ser la ruta para evitar no solo que el uribismo le siga mamando gallo a sus nacionales, sino quién sabe qué marramuncias propias de su tradición electorera.
