Emilio Tapia fue capturado en 2011 por ser uno de los protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá en la administración de Samuel Moreno, le fue impuesta una condena de 17 años. Sin embargo, el sucreño supo moverse a tiempo, y terminó gestionando un acuerdo con la Fiscalía que lo convirtió en el testigo estrella contra las figuras clave en el entramado de corrupción como lo fueron los hermanos Iván y Samuel Moreno y Miguel y Guido Nule. A Tapia se le otorgó un principio de oportunidad por el delito de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Con este trato, tuvo que aceptar un solo cargo: concierto para delinquir.
En 2014 la Fiscalía capturó, una vez más, por lavado de activos. Presuntamente habría disfrazado el dinero del Carrusel de la Contratación mientras jugaba a ser el testigo estrella de la Fiscalía. En esta ocasión, Tapia no se salvó y lo enviaron a la cárcel de Cómbita, Boyacá a la espera de un juicio. A pesar de que fue recluido en La Picota y en el Batallón del ejército en Malambo, cerca a Barranquilla, en el 2016, Tapia logró redimir su principio de oportunidad cuando delató a contratistas y funcionarios del Carrusel. Su condena inicial de 17 años terminó siendo de 7 años. Tapia solo pagaría 3 años en la cárcel y tendría que lidiar con una multa de 374 salarios mínimos legales vigentes que corresponden $240.986.900 millones.
Hace un año, a Tapia se le concedió el beneficio de la casa por cárcel. Se instaló inicialmente en un apartamento pero luego se trasladó a una amplia casa en el barrio El Poblado sobre la calle 94 al norte de Barranquilla. Se movía con fluidez social por toda la ciudad en compañía de su esquema de seguridad en unas ostentosas camionetas. A medida que Tapia disfrutaba de su libertad condicional, merodeaba de nuevo en la contratación pública.
En agosto de 2021, una investigación de la periodista Paola Herrera de W Radio, aportó documentación clave sobre la vinculación de familiares de Tapia en la empresa ICM Ingenieros, una de las cuatro empresas de la Unión Temporal de Centros Poblados, que hizo contratación con el Ministerio de las TIC para dotar de internet a niños y jóvenes de los municipios más recónditos del país. A través de terceros Tapia habría comprado la empresa.
Actualmente, ICM Ingenieros tiene el 50% del consorcio Vías para el Chocó, que desde 2017 tiene adjudicado el contrato para el mejoramiento de la vía Quibdó-Medellín por $ 117.631 millones y un avance del 60%, según el INVIAS.
En otro contrato tiene una participación del 30% con el consorcio Corredores Viales para construir los 37 kilómetros del tramo Vado Hondo-Labranza Grande-Yopal por valor de $137.479 millones. El contrato, que lleva un 0% de avance, fue adjudicado el pasado 31 de marzo al consorcio en el que también tienen participación la Sociedad Ingeniería de Vías y Explanan SAS.
El tercer contrato es el adjudicado el 23 de diciembre de 2020 por el INVIAS al consorcio Vías Cauca para la construcción de la vía Altamira-Florencia, por $45.000 millones. A esta unión temporal pertenecen la firma Profesionales Asociados Ltda., con un 45%; ICM Ingenieros, con un 45% y la sociedad Trabajos Civiles Viales SAS, con un 10%. El consorcio ya recibió un anticipo de $1.187 millones y tiene un avance del 2%.
Finalmente, ICM Ingenieros también tiene participación en el consorcio San Sebastián 064, que en abril de este año se ganó un contrato por $300.149 millones para la pavimentación total de la vía Popayán-San José de Isnos. Además de la firma vinculada a Emilio Tapia, que actualmente tiene casa por cárcel de acuerdo a un principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía, también participan las firmas Alta Ingeniería SAS, Ingeniería Transporte Y Maquinaria SAS y Horacio Vega Cárdenas.
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El adelanto de $70.000 millones que el ministerio hizo a Centros Poblados se perdió. De ese dinero, $58.000 millones fueron depositados en una cuenta de Citibank en Miami por lo que el caso también pasó a manos del FBI.
El fiscal Francisco Barbosa se involucró en el caso y acordó con las autoridades norteamericanas dar inicio al proceso de extradición de los responsables que usaron recursos públicos para llevarlos a Estados Unidos, configurando así el delito de lavado de activos.
Tapia fue capturado en horas de la mañana este lunes, 20 de septiembre en el Hospital de la Misericordía en Barranquilla, sus posibles nexos con el escándalo de Centro Poblados compromete su principio de oportunidad el cual es revisado anualmente por la Fiscalía teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones impuestas por el ente acusador.
Pero lo que podría pearle más a Emilio Tapia es su enredo en Estados Undiso. El dinero que pasó por el Citibank de Miami involucra directamente a la justicia norteamericana, que se ha caracterizado por su mano dura cuando se trata de temas financieros y lavado de activos. De comprobarse la participación de Tapia, incluso la extradición entraría en el abanico de posibilidades sobre el futuro del excontratista.La codi
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