El 14 de enero en Cartagena en un operativo de la policía se encontró un kilo de cocaína en el vehículo en el que se transportaba la concejala jefa del Concejo de Cartagena.
El escándalo fue mayúsculo y profundizó la imagen de desprestigio que esta corporación guarda tanto en Cartagena como en el país.
Pero ya el 21 de enero se agotaba esta noticia que no pasó de incrementar la indignación de los cartageneros y colombianos en general con su clase política y recordar los vínculos de un buen sector de esta con el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, el debate no fue más allá.
Hace más de quince días hablando con un amigo de Barrancabermeja, me decía que estaban dando alrededor de 2000 millones de pesos (alrededor de 505.000 dólares americanos) a todas las personas que tuvieran cómo invertirlos para devolverlos sin intereses en dos años.
Me lo decía quien me informaba de esto como una gran oportunidad, su hermana que estaba presente en la conversación preguntaba con cierta ingenuidad que por qué hacían eso. El amigo se rió y le dijo con un tono comprensivo y pedagógico:
¿De dónde crees que sale gente con tanto restaurante, establecimientos de comida, tienda de ropas y negocios de todo tipo? Es lavando mana, lavando. Esa platica usted la pone a producir en dos años y luego de lo que gana se la devuelve a quien se la prestó limpiecita, como producto de sus negocios y no de la droga, y usted queda con sus negocios.
En la conversación ambos se imaginaban que podían hacer con 2000 millones de pesos colombianos y llegaron a pensar que por qué no hacerle, pero en un momento surgió la voz de la conciencia punitiva (la de la hermana), y les dijo: “eso es meterse en problema, qué tal que lo cojan a uno”.
Pero seguramente en muchos espíritus en esta Colombia azotada por la precariedad, la desigualdad y la incertidumbre sobre la seguridad económica de la mayoría de la población, la voz de la necesidad sea más fuerte que la voz de la conciencia punitiva.
Lo que estos dos ejemplos demuestran es que el narcotráfico no es simplemente un fenómeno que vincula a la élite económica y política de este país, sino también al colombiano de a pie, a esa clase media raquítica que a duras penas se logra mantener y que literalmente salta matones para hacerlo, y a los sectores más populares de la población que ven en esta actividad una opción de trabajo y sustento, además de brindar la esperanza de coronarla para un mejor futuro.
Según cita Aurelio Suárez Montoya en su libro Saqueo. Estudio de la economía colombiana 1990-2010. Soluciones alternativas, de cada cien dólares de cocaína en el mundo se distribuyen de la siguiente manera, 9 para el que siembra la coca, 5 para la pasta básica, 15 para el que transforma la pasta básica en cocaína (clorhidrato de cocaína), 71 para el tráfico.
No obstante, habría que agregar que sin mercados financieros no hay tráfico de cocaína, pues estos son los que apalancan toda la operación comercial y posibilita el lavado de activos.
Pero en esta cadena somos la parte primaria del negocio, sólo se logran ganancias por la producción de la materia prima y en la transformación agroindustrial que lleva al producto comercializable en forma de clorhidrato de cocaína.
De cada 100 gramos de cocaína que se consume en el mundo, ochenta gramos provienen de Colombia.
El país es el indisputado primer productor mundial. Sin embargo, en la participación en el tráfico Colombia perdió el lugar que tenía en los ochenta y fue desplazada progresivamente desde los noventa por el narco mexicano que controla el paso de la cocaína por Centro América y que ya tiene influencia sobre la misma producción en Colombia.
La participación en la producción de la cocaína de Colombia, aunque renuncia a buena parte de la ganancia con el tráfico, tiene un impacto significativo sobre la economía movilizando a amplios sectores que de otra manera tendrían una situación aún más marginal y pauperizada en la economía legal o institucionalizada.
En entrevista concedida por el connotado economista colombiano Santiago Montenegro al semanario mexicano Revista Proceso hace unos días y publicada el 29 de enero de este año (2022), señala que en el 2021 Colombia cerró el año con un 2,0 % de participación de la cocaína en el PIB nacional, un porcentaje que se triplicó en los últimos 7 años en los cuales la cocaína ha adquirido una creciente importancia en la economía nacional.
Según un estudio de 2019 del mismo Santiago Montenegro junto con las economistas Diana Ibañez y Jorge Llano, se calculaba que en 2018 el aporte de la cocaína al PIB total nacional era de 1,88%, lo que equivale a más del doble de lo que aportaba un producto tan identificado antaño con la economía colombiana como lo era el café.
En el 2011 en cambio la participación de la cocaína en el PIB nacional era del 0,6%, los años siguientes empezó a crecer, pero sobre todo después de 2014, hasta ubicarse en el importante lugar que ocupa hoy en la economía nacional ocupando el segundo lugar como generador de divisas después del petróleo en Colombia, y el primer lugar como producto agroindustrial de exportación.
En un trabajo de la autoría de Andrés Felipe Arias, realizado mientras purga su pena de 14 años en la Escuela de Caballería de Bogotá por su vinculación con el caso de desfalco de Agroingreso Seguro, llega a señalar que entre los años 2015 y 2018 la cocaína actuó como un estabilizador de la macroeconomía colombiana en un momento de crisis de los precios del petróleo a nivel internacional y en el que las divisas por petróleo en Colombia cayeron de US$ 27.581 millones entre 2010 y 2014 a US$ 13.878, lo que significó una reducción del 49.7 % de los ingresos derivados del petróleo para la economía nacional.
De este modo, gracias a la cocaína y a la bonanza del narcotráfico entre 2015 y 2018 se le restituyó a la economía la perdida multimillonaria que significó la crisis de los precios del petróleo y se le ahorró a Colombia una recesión económica de consecuencias desastrosas tal vez peores que la sufrida por Venezuela.
Según el cálculo de Arias, los ingresos por la cocaína amortiguaron en promedio un 85% las pérdidas ocasionadas por la crisis de los precios del petróleo, con una media entre un rango de 65% y 105% con lo que compensó la exportación de clorhidrato de cocaína el volumen de divisas e ingresos transables que perdió la economía colombiana entre 2015 y 2018 después de la caída de los precios del petróleo de 2014 (34-35).
Es decir, el narcotráfico ha jugado un papel fundamental en la economía colombiana como amortiguador de una producción industrial y agrícola poco productivas y de una economía en la que prima el sector especulativo financiero y la dependencia al extractivismo petrolero-minero vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales.
Pero esta bonanza de la exportación de clorhidrato de cocaína no terminó en el 2018 como podría concluirse del trabajo del exministro uribista, durante el gobierno de Duque se acrecentó aún más.
Tal como muestra Santiago Montenegro el valor de las exportaciones de cocaína colombiana en dólares a precios constantes de 2010 fue de 1.909 millones de dólares en 2013, 9.533 millones de dólares en 2018 y 10.732 millones de dólares en 2021.
Ya en 1996 Roberto Steiner Sampedro hacía la estimación que entre 1934 y 1935 los ingresos a la economía colombiana por drogas ilícitas (cocaína en primer lugar, heroína y marihuana) representaban el 3,5% del PIB de ese entonces.
Es decir, el peso de la cocaína en la economía colombiana viene consolidándose desde hace décadas y la bonanza vivida actualmente hace parte de un continuo de subidas y bajadas, pero con una tendencia franca de participación importante en el PIB y en la vida económica nacional.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en un estudio sobre “Reducción del efectivo y tamaño de la economía subterránea en Colombia” el narcotráfico y los negocios asociados llegaban a representar del 3 al 4% del PIB nacional en 2017.
Lo que sería un cálculo que involucra algo más que la exportación de la cocaína y su producción y se acerca a su consideración como una economía que mueve otros rubros.
La misma necesidad de los ingresos del narcotráfico de legalizarse a través del lavado de activos lleva a movilizar recursos financieros asimilados a través de los bancos, pero también mediante estrategias de microlavado que involucran a amplios sectores de la población con impacto en la vida cotidiana de la gente en muchas zonas del país. Lo de Barrancabermeja es apenas un ejemplo.
Por su parte, el carácter de negocio ilícito y perseguido, como lo es el narcotráfico, abre la puerta a sectores excluidos para que puedan acceder a recursos financieros a cambio de estar dispuestos a asumir el riesgo.
Son sectores que de otra manera no tienen posibilidades a través del sistema bancario institucionalizado de obtener créditos y que sus condiciones sociales y económicas no le permiten contar con ciertos niveles de consumo, reconocimiento o prestigio.
Esto se cumple a distintos niveles con el raspachín que recolecta el cultivo, el pequeño campesino que cultiva coca y tiene una pequeña cocina para producir la pasta base de cocaína, hasta el que accede a dinero producto del narcotráfico y actúa como testaferro o es beneficiado con créditos de agentes del narco.
El narcotráfico no sólo ha sido en Colombia un estabilizador macroeconómico que amortigua las crisis de una economía dependiente, especulativa y poco productiva, sino que ha actuado como mitigador de las consecuencias sociales de un sistema económico profundamente desigual y que excluye a la mayoría de la población de una retribución digna de su trabajo y de posibilidades de acceso a servicios, bienes y a recursos financieros.
El narcotráfico en Colombia creció en un terreno abonado por la desigualdad, la concentración de la tierra, el abandono estatal de sus territorios rurales y el preferir una economía especulativa, financiarizada y extractivista en beneficio de unos pocos a una economía fundada en la producción y en el desarrollo pleno de la economía nacional.
Acabar con el narcotráfico implica una reforma económica que transforme lo fundamental, que propenda por terminar con la desigualdad, redistribuya la riqueza, amplíe el crédito a través de una democratización del acceso al sector financiero de la gente de a pie, incentive al sector productivo por sobre el especulativo, y de manera prioritaria incremente la productividad en el campo desde el pequeño campesino.
Esto último requiere una reforma agraria integral que no solo redistribuya la tierra, sino que formalice su tenencia, permita acceso a créditos agropecuarios y se invierta en infraestructura de comunicación.
Una economía que se centre en el desarrollo de un mercado interno y en el bienestar de la población. Se requiere entonces un viraje radical hacia una economía productiva y que le de a la gente las condiciones para trabajar y producir.
Un cambio a corto plazo debe ser, además, tal como lo plantea Aurelio Suárez en el libro ya citado, la legalización del cultivo de coca y aprovechar el camino acumulado que lleva su agroindustrialización para redirigirlo a una producción de bienes transformados de tipo alimentario y médico cuya base sea la hoja de coca.
De esta manera, se ataca desde la raíz el sustento de la elaboración de la cocaína. Es decir, se requiere hacer una diferenciación entre una economía de la coca dirigida a la vida y una economía de la cocaína, la cual debe buscarse eliminar.
De esta manera, se aleja al campesinado de su instrumentalización por el negocio del narcotráfico y se le da un golpe de mano a la economía y a la cultura de la ilegalidad.
