A propósito de la polémica por los bajos resultados en la erradicación de hoja de coca durante este año, la cual incluso provocó declaraciones desafiantes de Donald Trump acerca de “desertificar a Colombia”, vale la pena desempolvar un debate realizado en agosto en el Congreso de la República.
Durante la plenaria en la que se discutía el balance de los cultivos ilícitos en Colombia, la senadora Claudia López manifestó que “la coca y el café son los únicos cultivos que tienen garantías de producción en Colombia, con la mera diferencia que los grupos ilegales patrocinan a la primera, mientras el Estado vela por las estabilidad de la segunda.
La senadora también mencionó que mientras las cifras más optimistas mencionan 96 mil hectáreas de coca cultivadas en el 2016, la DEA dice haber detectado 188 mil distribuidas entre parques nacionales naturales, consejos comunitarios de comunidades afro, resguardos indígenas del sur del país y otros territorios con altos índices de violencia, tales como Tumaco, Puerto Asís o El Tambo. Como si fuera poco, el 92% de la cocaína incautada en Estados Unidos es de procedencia colombiana y el precio por kilogramo de hoja de coca se ha ido cotizando mejor en departamentos como el Meta y Guaviare.
De esta manera Colombia está alcanzando los niveles más altos de cultivo y producción de cocaína en la historia, siendo uno de los problemas más engorrosos del gobierno. Tanto que en la Habana se propuso la instauración del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como una estrategia para dar solución al narcotráfico y así cumplir con el cuarto punto de los acuerdos de paz. La idea, a nivel general, era integrar las zonas más afectas por el conflicto a la economía nacional, impulsar el desarrollo rural y evitar las alianzas comerciales con los grupos ilícitos, mediante beneficios económicos brindados a los campesinos a cambio de sustitución de cultivos. No obstante, los rumores acerca de dichos beneficios terminaron motivando a aumentar las hectáreas cultivadas para así tener un mayor potencial de ingresos por realizar la sustitución.
Otro punto que llama la atención es que el Estado colombiano ha invertido en los últimos años un importante porcentaje del presupuesto para fortalecer sus tropas militares y los grupos móviles de erradicación, con el argumento de velar por la defensa y seguridad del territorio nacional. Sin embargo los resultados no se ven. El senador Alexander López resaltó, por ejemplo, que los mismos municipios que estaban a la vanguardia de la producción de coca hace 10 años, hoy siguen liderando el mercado; del mismo modo, aunque el compromiso para el 2017 era erradicar al menos 50 mil hectáreas de hoja de coca, estando en agosto se cuantificaron como erradicadas apenas 27 mil. Estos datos generan muchas inquietudes sobre los avances efectivos del gobierno para contrarrestar el narcotráfico, a lo cual también se cuestiona por qué hubo un aumento el presupuesto en inversión militar, y en cambio se redujo en tecnología, investigación y deporte, áreas que se podrían presentar como alternativas en la Colombia del pos-conflicto.
Claudia López lo define así: los campesinos buscan tener siembra, compradores y precio asegurados, condiciones que el Estado no ha sido capaz de ofrecer pero si los narcotraficantes. Por su parte, históricamente lo único que ha funcionado en el campo colombiano es el café gracias a que los caficultores —por lo general— poseen tierras con títulos de propiedad en ley, asistencia técnica, comercialización, precio de compra y comprador garantizados, convirtiéndose junto con la coca, en los únicos productos agrícolas del país con el respaldo comercial necesario para mantener una industria sustentable en el mediano y largo plazo.
En otras palabras, si el gobierno quiere tener éxito en la implementación de su plan de sustitución de cultivos ilícitos debe presentar a los campesinos una alternativa con iguales o mejores garantías que aquellas que han ofrecido los grupos armados ilegales pues solo de esta forma se podrá sacar adelante un proyecto sólido de desarrollo rural integral, la reivindicación del Estado en las regiones y el establecimiento de una paz duradera.
