Los últimos escándalos del presidente Juan Manuel Santos pidiéndole aclaraciones telefónicas a su exgerente de campaña Roberto Prieto, no establece ninguna novedad de cómo en el país se financian las campañas de los políticos que ganan o pierden las contiendas y tampoco es nuevo que a pesar de salir a la luz pública acervo probatorio suficiente de financiamiento ilegal no pase nada y presidentes, expresidentes y excandidatos sigan por ahí como si nada y continúen haciendo política y/o negocios. Todo termina con exgerentes, senadores y funcionarios de campañas detenidos por un máximo de 5 años y el escándalo finaliza con nuestra amnesia que embalsama el cadáver de la democracia para que después en cuatro años votemos por los mismos o por los que digan estos.
El circulo vicioso de la corrupción en las campañas electorales locales y nacionales demuestra que las bases de la institucionalidad colombiana están oxidadas y que por más que cada cuatro años se demuestren coacciones militares como el de aquel congreso elegido por presiones paramilitares o financiamientos ilegales, como los del 94 y las de Odebrecht, nada pasa porque muchos |jueces, magistrados y fiscales hacen parte de un entramado corrupto que a pesar de conocer todos estos actos nunca demuestra voluntad ni administrativa ni investigativa para sancionar penalmente a los culpables y esto lo demuestran las dilaciones de los procesos que hacen las cortes y la organización electoral –CNE- pues ni con los procesos de aportes de campaña de Zuluaga ni Santos ha pasado ni pasará nada.
La debilidad institucional para sancionar los casos de financiamientos de campaña es una falta grave para la democracia y protección de los recursos públicos, ya que como ha quedado demostrado en el caso Odebrecht y otras empresas, el financiamiento de estas es una manera de contrato de reciprocidad que firma un candidato presidencial y que al quedar elegido en contraprestación le otorga millonarios contratos de infraestructura u otros, afectando la posibilidad de que las licitaciones de proyectos para la ciudadanía queden en buenas manos, por el contrario lo que siempre pasa en el país es que se les otorga a empresas corruptas que así como financian campañas electorales socavan los recursos del Estado con obras mal hechas o supeditadas a gastos mayores, todo esto de nuestro bolsillo.
Ojalá la consulta anticorrupción tenga buenos resultados
porque ayuda a este flagelo,
sin embargo no será suficiente a la luz de los 7 puntos que esta tiene planteada
Ojalá la consulta anticorrupción tenga buenos resultados porque ayuda a este flagelo, sin embargo no será suficiente a la luz de los 7 puntos que esta tiene planteada y así las cosas es necesario robustecer la norma electoral para dotarla de instrumentos administrativos e investigativos que sancione penalmente a candidatos que reciban apoyos de empresas privadas en contraprestación de contratos. Se deben establecer mayores controles, que más allá de detectar violación de los topes financieros de las campañas logren establecer de donde provienen los recursos porque no es posible que al cumplirse el tope los candidatos no registren el resto de gastos tal y como lo confirma Roberto Prieto.
El país debe desde ya reglamentar el financiamiento de privados y particulares a las campañas, ejerciendo mayor control, así mismo exigirle a todos los candidatos rendición de cuentas y transparencia en el manejo financiero de sus campañas y de los partidos políticos, pero sobre todo las sanciones se deben hacer extensivas a las empresas y particulares que financien de manera ilegal las campañas. Sin embargo, estas medidas no serán suficientes si la ciudadanía no se ejerce con veedurías y exigencias a las instituciones y gobernantes porque la corrupción nos cuesta a todos y de nada vale nuestro derecho al voto. Por estas razones, además de votar el próximo 26 de agosto la consulta anticorrupción, despertemos y derrotemos a los corruptos realizando control de nuestros recursos y exigencias de rendición de cuentas a todos los políticos. Recuerden que lo que se roban deja de invertirse en salud, educación, buenas vías, deporte, cultura, etc.
